Una democracia se considera en proceso de volverse imperfecta cuando su deterioro ocurre de manera gradual y creciente. Inicialmente, esta erosión puede resultar difícil de identificar o incluso imperceptible, pero con el tiempo se manifiesta en el creciente descontento popular, lo que puede derivar en protestas, huelgas y cierres. En el caso de Panamá, tras la caída de la dictadura militar, el país se estableció como una democracia robusta y estable.
Ese sistema político permitía elecciones periódicas en las que tanto pequeños como grandes partidos podían participar de forma pacífica. Sin embargo, con el paso de los años, hemos enfrentado nuevos problemas y desafíos: el modelo democrático ha experimentado una erosión gradual que ha afectado su calidad. Actualmente, se habla de una democracia imperfecta, caracterizada por el estancamiento y la falta de reformas necesarias para el progreso social.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro Cómo mueren las democracias, afirman que, en las democracias modernas, sólidas y consolidadas, el peligro ya no proviene de golpes de Estado ejecutados por militares, sino que el verdadero riesgo emana de líderes electos democráticamente que, de forma paulatina, erosionan las instituciones cuando no hay tolerancia ni moderación institucional, especialmente en la toma de decisiones.
La democracia entra en crisis cuando los principios y valores fundamentales —como el Estado de derecho, la separación de poderes, la participación ciudadana, la certeza del castigo, la rendición de cuentas y la transparencia— se ven amenazados o debilitados. Dichas amenazas se manifiestan de diversas formas, entre ellas la polarización social, la censura, el incremento de la corrupción y la intervención de factores externos que buscan vulnerar la soberanía nacional.
La situación actual refleja una crisis en la representación política. Se evidencia la falta de un debate público acerca de las reformas necesarias para adaptar el modelo vigente a una sociedad en constante transformación. La clase política tradicional no ha respondido adecuadamente a los cambios sociales, lo que ha generado una desconexión entre las demandas ciudadanas y la respuesta institucional. Esto ha resultado en un aumento del descontento social, así como en una creciente insatisfacción y desconfianza hacia las instituciones.
La democracia, por su propia naturaleza, necesita transformarse para enfrentar los cambios sociales, económicos y políticos que surgen. En Panamá, ello se evidencia en la evolución de las políticas públicas, especialmente en lo referente a la participación y el debate ciudadano. Con frecuencia, la población es considerada meramente como un requisito formal para la participación, mientras que sus opiniones no siempre son escuchadas ni tenidas en cuenta. Al final, las decisiones tienden a ser influenciadas más por el poder político que por la voluntad del pueblo. Esta desconexión entre el pueblo y las autoridades genera la percepción de que las instituciones no pueden responder eficazmente ante crisis políticas, económicas o sanitarias, lo que conlleva a una pérdida de confianza en ellas. Situaciones como la corrupción, la inseguridad, la falta de rendición de cuentas y transparencia, así como la impunidad, contribuyen al debilitamiento de la legitimidad del sistema político.
La erosión de las instituciones se produce cuando los poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) pierden su independencia o se ven comprometidos por intereses económicos o políticos, lo que resulta en un evidente debilitamiento de la separación de poderes. Además, la corrupción se torna sistémica, involucrando no solo a una élite política o empresarial, sino también generalizándose y derivando en impunidad. Esto genera desconfianza en el sistema y deslegitima a las instituciones. La situación provoca una profunda división en la sociedad, haciendo que los ciudadanos pierdan la confianza en sus autoridades. En algunos casos, ello conlleva restricciones a libertades fundamentales, tales como la de expresión, de prensa o de protesta, bajo el pretexto de mantener el orden social, la seguridad y la estabilidad.
Problemas como la desigualdad, el desempleo y la inflación alimentan el descontento, pudiendo dar lugar a movimientos populistas o autoritarios. Finalmente, se produce un debilitamiento en los procesos electorales, en los cuales se manipula al electorado y la falta de transparencia en las campañas y en los resultados impide reflejar la verdadera voluntad popular.
Urgen cambios institucionales y sociales. No solo es preciso fortalecer los mecanismos de representación, sino también modernizar las instituciones públicas. La búsqueda de soluciones debe ir acompañada de una educación cívica que informe a la población y la mantenga vigilante respecto al uso de los recursos públicos. Panamá es un país extremadamente desigual, y esa desigualdad sigue en aumento.
Norberto Bobbio, en su obra El futuro de la democracia, destacaba el problema del rendimiento del sistema democrático cuando el gobierno no puede satisfacer las demandas de la sociedad por su cantidad, costo o dificultad. Además, señalaba que todo gobierno democrático se basa en libertades fundamentales, como la de prensa, de reunión y de asociación. Estas libertades permiten a los ciudadanos dirigirse a sus gobernantes, pero la multitud de demandas sobrecarga el sistema político, obligándolo a tomar decisiones que excluyen otras soluciones y generan descontento. Sumado a esto, la lentitud de la clase política para tomar decisiones agrava la situación. Como decía Bobbio: “La demanda es fácil y la respuesta difícil”.
Es fundamental reconocer que la clave para abordar los problemas que afectan a la ciudadanía reside en contar con ciudadanos activos que participen en la democracia. Cuando se requieren soluciones para dichos problemas, es necesario un sistema que facilite la participación sin recurrir a la violencia, promoviendo el debate de ideas. Si fallamos en la forma de llevar a cabo estos debates, fracasaremos en todo lo demás. Según Bobbio, la democracia debe ser dinámica para enfrentar las promesas incumplidas y las crisis derivadas de la desigualdad, la burocratización y la globalización. Puede fortalecerse mediante reformas institucionales, participación ciudadana y educación cívica. En Panamá, la corrupción, la polarización y el clientelismo demandan hoy más que nunca una nueva constitución.
Desde hace décadas se ha confirmado la necesidad de una nueva Constitución. Aunque no solucionará todos los problemas, esa nueva carta magna podría superar las limitaciones de la vigente y responder de manera más adecuada a los desafíos actuales. Fortalecerá las instituciones, consagrará los derechos humanos, protegerá el medio ambiente y fomentará la participación ciudadana. Si se redacta con transparencia y mediante un proceso participativo, se convertirá en la herramienta principal para recuperar la confianza ciudadana y evitar fracturas sociales. Asimismo, permitirá enfrentar de forma directa la corrupción y el clientelismo que actualmente prevalecen.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
