Se ha interpretado que mis opiniones son de oposición. Conviene decirlo: no lo son. Toda opinión —a favor o crítica— es necesaria para fortalecer la gestión pública. Cuando opino, lo hago desde la experiencia de quien ha trabajado dentro del sistema de contratación pública y conoce sus efectos reales.
En términos generales, apruebo la gestión del presidente José Raúl Mulino. Su estilo, directo y sin ataduras a la continuidad política, ha conectado con realidades ignoradas. En lo internacional, ha mantenido a Panamá al margen de conflictos con firmeza y prudencia, demostrando que esa “madera dura chiricana” sabe cuándo resistir y cuándo ceder. Es un mérito.
La firmeza, en lo público, necesita técnica y legalidad. En ingeniería, la madera demasiado dura no es universal: carece de flexibilidad, transmite impactos y, sin buen diseño, su uso se convierte en punto de falla. La analogía institucional es evidente.
Hoy se observan decisiones en materia de contratación pública que no se alinean con la Ley 22 de 2006 y sus reformas ni con los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica que deben regir toda actuación administrativa, ni mucho menos con los de un Estado que predica ser respetuoso de la ley.
No se trata de un debate ideológico, sino de la aplicación práctica. Cuando no se liquidan formalmente concesiones extinguidas o con cuestionamientos jurídicos, o cuando existe la intención de sustituir operadores mediante decisiones discrecionales —sin agotar los procedimientos previstos por la ley—, sencillamente se desconoce la forma en que el ordenamiento jurídico panameño establece el inicio y la terminación de los contratos públicos.
Esto no solo genera incertidumbre, sino contingencias legales, exposición arbitral, riesgos financieros y el deterioro de la confianza en el sistema. Basta escuchar a las afianzadoras, a los financiadores de proyectos y a los propios actores del mercado de obras públicas, que ahora piensan mucho más que antes involucrarse en obras estatales.
Y la prueba es que algunos, confiando en el Estado de derecho, pudieron vestir sus proyectos con contratos ley hechos a la medida, con el favor y compañía de pésimos sastres panameños. Hoy, esos vestidos están rotos porque, cuando el traje institucional se corta sin técnica ni rigor, no solo queda mal ajustado: termina rompiéndose y afectando al inversionista, a los puestos de trabajo y a la economía del país, que hoy más que nunca necesita ser tan fuerte como la madera chiricana.
El problema no es la firmeza del liderazgo; es la ausencia de acompañamiento técnico adecuado en la toma de decisiones, porque en contratación pública cada acto administrativo tiene consecuencias jurídicas directas: sobre el patrimonio del Estado, la seguridad de los contratistas y, sobre todo, la credibilidad institucional. Y cuando esas decisiones se adoptan al margen de los procedimientos, el sistema deja de ser predecible, y cuando eso ocurre, el país deja de ser confiable.
Lo bueno es que estamos a tiempo de corregir: el marco normativo existe, la institucionalidad está diseñada y los precedentes administrativos y jurisprudenciales están documentados y son muy amplios. Lo que se requiere es algo más sencillo: alinear la voluntad política con la técnica jurídica y el procedimiento legal. El país solo necesita mejor acompañamiento, pero, sobre todo, estricto cumplimiento de la ley, y esa —a diferencia de la metáfora— sí debe ser más dura que cualquier madera. Pero es ahí, precisamente, donde estamos fallando.
Es conocido que hay contratistas ejecutando servicios públicos sin el obligado refrendo de la Contraloría; concesionarios jurídicamente expulsados que continúan funcionando como si fuera una simple amonestación administrativa y, peor aún, que dicha expulsión sea negociable. Vemos cómo la contratación excepcional se convierte en regla y la licitación pública —que debería ser la regla— se degrada a excepción. Y, para cerrar el cuadro, ya hasta he visto que, por mero capricho de un funcionario, se intenta disolver un contrato que existe por virtud de un acuerdo de Estado, como si los compromisos públicos pudieran diluirse con la misma facilidad que el papel en el agua.
Por eso, más que cuestionar la firmeza de la madera, conviene revisar los planos, porque sin esto hasta la madera más sólida en la estructura terminará rompiéndose eventualmente. Y en la gestión pública, como en la ingeniería, la fortaleza no depende solo de la rigidez del material, sino del diseño completo de la estructura, el seguimiento y el control de calidad.
Por eso conviene recordar que el mejor material estructural, si no está bien integrado en el sistema, acabará fallando.
El autor es empresario.
