La búsqueda de la eficacia en la gerencia de programas y proyectos sociales, hoy es impensable si no considera a las personas como el fin y el objetivo de la gerencia social. Se trata de ser efectivos en las políticas e intervenciones porque con ellas se logra mejorar la vida de las personas.
Una buena síntesis de éstos, es la que hace Bernardo Kliksberg, uno de los teóricos más reconocidos en el campo de la gerencia social. El autor propone cuatro resultados del desarrollo que establecen los fines del ejercicio de la gerencia social en América Latina y el Caribe al comienzo del siglo XXI: La reducción de la inequidad, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento del Estado democrático y de una ciudadanía plena, incluyente y responsable.
Estos déficits se resumían en América Latina en los crónicos problemas de pobreza, desigualdad y débil democracia. La gerencia social buscaba mejorar las intervenciones en materia de proyectos y programas sociales, para fortalecer el recorrido de los países por las sendas del desarrollo con inclusión y redistribución social.
En el caso de las políticas públicas, consustancial a su carácter público, es su enfoque como derechos de las personas que forman parte de un conglomerado ciudadano. Las políticas sólo tienen sentido si se plantean en función de las personas, de la humanidad.
Por desarrollo social se entiende el proceso dinámico y multidimensional que conduce al mejoramiento sostenible del bienestar de los individuos, las familias, comunidades y sociedades en un contexto de justicia y equidad. El desarrollo tiene múltiples componentes; algunos de los cuales conllevan requisitos o dinámicas que son conflictivos o contradictorios entre sí.
El gran alcance y la ambigüedad del fenómeno de desarrollo social hacen que dicho fenómeno no constituye en sí mismo un objetivo gerenciable. Es decir, el desarrollo social no podría ser el norte que brinde pautas y objetivos a quienes ejercen la gerencia social.
A raíz de la pandemia del covid-19, asoma una larga etapa de recuperación en la región, al tiempo que permanecerá expuesta y con gran vulnerabilidad a nuevas crisis sanitarias y económicas, así como a los desastres naturales y la crisis climática en conjunto.
Algunos problemas estructurales se han convertido en críticos tras este inesperado huracán sanitario, y la única salida a tales desafíos pasa por una transformación de los sistemas sociales, productivos, fiscales y ambientales de la región.
Una transformación, en definitiva, del modelo de desarrollo que debiera transitar hacia uno firmemente sustentado en sistemas del bienestar integrales con perspectiva de género y sensibilidad ante la diversidad étnica, sexual, identitaria, etaria y geográfica de la región.
El desarrollo de nuevos patrones de producción que aumenten la participación del conocimiento e innovación, que fortalezcan las capacidades tecnológicas nacionales y las energías limpias, al tiempo que se reducen las emisiones de carbono y se protege el medio ambiente y la integridad de los ecosistemas críticos.
Se necesita invertir más en investigación y desarrollo y que avance en materia de desarrollo productivo y exportador, con una diversificación hacia ramas con mayor contenido tecnológico.
Un modelo de desarrollo con una política laboral activa, que promueva empleos de calidad con derechos, y que reconozca la relevancia de la economía del cuidado, buscando mecanismos entre el mercado y el Estado para ampliar la provisión de servicios vinculados y para que las cargas del hogar estén equitativamente distribuidas entre hombres y mujeres.
La gerencia social debe garantizar la creación de valor público, guiada por un conjunto de principios que, a su vez, especifican los fines prioritarios que se buscan: Colocar a las personas en el centro de la agenda pública.
Debemos apostar por un sistema sólido que fortalezca la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en las políticas públicas, centrado en los derechos humanos de las personas.
El autor es educador y estudiante de la Maestría en Gerencia del Bienestar Social
