La centralización de la administración pública, propio de los regímenes presidencialistas, ha provocado la mayor burocracia de los gobiernos centrales en cuanto a la asignación de fondos a los municipios, que son los que están llamados a atender directamente las necesidades de las comunidades donde actúan. En ese sentido, urge que la administración pública se descentralice, a fin de traspasar poderes que ha retenido el gobierno central, en favor de los municipios, a fin de que el gobierno central se encargue de la política exterior y de atender temas que involucren a todo el país.
La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 233, establece que el Órgano Ejecutivo es el garante de la descentralización de la administración pública, con el fin de promover el cumplimiento de los fines de los municipios, en base a los principios de autonomía, subsidiaridad, equidad, igualdad, sostenibilidad y eficiencia, y considerando la territorialidad, población y sus necesidades básicas.
Pero, en medio de la campaña del gobernante Partido Revolucionario Democrático para celebrar sus elecciones primarias a fin de determinar su oferta electoral, han surgido varios reportajes en el diario La Prensa bajo el titular “descentralización paralela”, donde nos enteramos de ciertos traspasos multimillonarios de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización a municipios y juntas comunales, con el propósito de ser utilizados supuestamente para fines electoreros.
Estas revelaciones son preocupantes, porque los municipios necesitan estos fondos para poder desarrollar sus comunidades, pues los impuestos municipales pueden resultar insuficientes para lograr este propósito. Pero lo más triste de todo esto es que la Contraloría General de la República, que debe ser garante de que estos fondos sean utilizados en debida forma por los municipios, avale con su silencio y su inacción que la Autoridad Nacional de Descentralización sea utilizada como un garrafón electorero del partido de gobierno.
Aunque ya hay una demanda de inconstitucionalidad contra la creación de la Autoridad Nacional de Descentralización y la Contraloría ordenó rendir cuentas, toda la ciudadanía debe ejercer, utilizando todos los recursos legales a su alcance, mayor presión a la Contraloría para que de verdad asuma toda su autoridad como el ente fiscalizador de las finanzas públicas para auditar el manejo de esos fondos y llevar a la justicia a aquellos servidores públicos que los han utilizado para sus fines electoreros, caiga quien caiga.
Espero que, después de las revelaciones hechas por el diario La Prensa nos demos cuenta de que la única forma en que exista una verdadera descentralización es que Panamá se convierta en una república federal. De otra forma, la descentralización será una utopía.
El autor es especialista en mercadeo y comercio internacional
