En América Latina, dos casos recientes reflejan una inflexión importante en el paradigma de impunidad histórica que ha protegido a figuras de la élite política en el continente: el expresidente panameño Ricardo Martinelli y el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez. Aunque ambos provienen de sectores de la ultraderecha y han sido íconos del poder autoritario en sus respectivos países, sus trayectorias ideológicas y métodos de control político difieren sustancialmente. Lo que los une hoy es el cerco judicial que los confronta con el peso de la ley, sentando precedentes para una justicia más firme en la región.
El “Chen Chen” y la manipulación de la conciencia pública
Desde una lógica de consumo y a la luz de la psicología social, la estrategia de Martinelli con su lema “Chen Chen” fue una operación simbólica que asociaba su figura con bienestar económico inmediato. El mensaje apelaba a los impulsos básicos del consumidor, reduciendo la política a una transacción mercantil. Se trató de una estrategia eficaz de seducción colectiva, donde el ciudadano era interpelado no como sujeto de derechos, sino como cliente del poder, reforzando así una cultura política basada en la inmediatez, el individualismo y el consumo.
La estrategia de Álvaro Uribe Vélez en Colombia
Uribe erigió una arquitectura de poder basada en tres pilares: el control del aparato judicial, el dominio de la fuerza pública y el respaldo de redes paramilitares. Durante su gobierno, se promovió una visión binaria del país: amigos de Uribe eran patriotas; opositores, enemigos del Estado. Esta narrativa justificó la criminalización de líderes sociales, la militarización de la sociedad y los crímenes conocidos como “falsos positivos”: ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros abatidos, con incentivos económicos y ascensos para los militares involucrados.
Captura institucional y descomposición del Estado de derecho
Tanto Martinelli como Uribe implementaron estrategias de captura institucional. En Panamá, Martinelli logró el control del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y manipuló procesos judiciales para perseguir a opositores, como fue el caso del juicio amañado contra la procuradora general Ana Matilde Gómez Ruiloba. Asimismo, compró diputados y consolidó una red de lealtades territoriales basada en el clientelismo.
En Colombia, Uribe intervino la Corte Suprema de Justicia mediante presiones políticas y sobornos, desmanteló organismos de control, persiguió a jueces y defensores de derechos humanos, e instauró un régimen de miedo y vigilancia. Su sostenimiento en el poder descansó, además, en alianzas con estructuras paramilitares que actuaron como brazo armado del Estado.
Hacia una justicia sin privilegios
Las recientes condenas o juicios en curso contra Martinelli y Uribe trazan un camino esperanzador para América Latina: uno en el que el poder no pueda esconderse detrás de su investidura, donde los crímenes de Estado no queden impunes y donde los ciudadanos recuperen la confianza en la justicia como pilar fundamental de la democracia.
El asilo político de Ricardo Martinelli en Colombia
La situación de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá condenado por corrupción, ha adquirido una dimensión geopolítica inquietante. Primero, su refugio en la Embajada de Nicaragua en Panamá, alegando persecución política. Pero más sorprendente aún ha sido su recibimiento en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro, líder de un gobierno que se autodefine como progresista y garantista de los derechos humanos, permitió su entrada y permanencia en calidad de asilado.
Este hecho plantea interrogantes de orden político, ético y jurídico. La figura del asilo está concebida para proteger a perseguidos políticos, no a criminales condenados en procesos judiciales con debido proceso y garantías. Martinelli ha sido hallado culpable de corrupción agravada en el caso New Business, que involucra lavado de dinero para la compra del principal grupo mediático panameño EPASA. La aceptación de su asilo en Colombia proyecta una imagen contradictoria para un gobierno como el de Petro, que en su discurso se presenta como abanderado de la lucha contra la impunidad.
Desde una perspectiva de justicia regional, este gesto podría interpretarse como una grieta en la consolidación de un sistema latinoamericano basado en la cooperación judicial y la rendición de cuentas. En vez de fortalecer un frente común contra la corrupción —tal como lo ha exigido la ciudadanía latinoamericana—, el caso de Martinelli pone de manifiesto cómo las decisiones políticas pueden instrumentalizarse para proteger a figuras del poder, incluso desde gobiernos que han prometido lo contrario.
De paso, proyecta un preocupante doble estándar: mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta procesos judiciales por manipulación de testigos y otras denuncias graves, un condenado por corrupción como Martinelli es recibido en suelo colombiano sin mayor escándalo institucional.
El autor es especialista en ciencias sociales.
