La octava Comisión Nacional de Reformas Electorales, según informan, dedicó su primera reunión a aprobar nuevos nombres para el título I y el capítulo I del Código Electoral. Esta movida inicial, dice un reportaje periodístico, tiene como propósito fundamental brindar mayor claridad y coherencia al marco legal electoral, y regular mejor la participación política de los ciudadanos.
Supongo que ahora iniciarán la puesta sobre el tapete de las particularidades experimentadas en las elecciones pasadas, ojalá destacando el financiamiento público de las campañas, el fuero electoral, el voto plancha, el residuo electoral, las candidaturas independientes, la participación de la mujer, la confusa interpretación de normas cruciales del Código Electoral e incontables aspectos más que guardan relación con nuestro ideal de convivencia democrática.
Empecemos con la gravedad del subsidio estatal electoral. Este es fuente de compra de votos por candidatos a elección popular: dinero, material de construcción, electrodomésticos, becas estudiantiles y tantas corruptelas más. El trueque de votos por botín o por influencia es algo que tenemos que mirar con lupa. Allí está metido el intercambio de recursos públicos fomentando el patronazgo de ilegalidades y corrupción, impidiendo el desarrollo de la cultura cívica y moral de los electores, desalentando el desarrollo humano y retardando así los cambios sociales. Como sabemos, los líderes de los partidos deciden siempre el formato de repartición de dicho subsidio, proliferando los escándalos de manejo, el tráfico de influencias y el sempiterno predominio de los más poderosos y de los caciques locales.
La Constitución Política de Panamá establece que el Estado podrá contribuir a los gastos de las personas naturales y los partidos políticos que participen en los procesos electorales. Eso significa que tiene la facultad de hacerlo, pero no que es obligatorio. En teoría, el subsidio estatal era para convenciones, elecciones primarias, capacitación de jurados, alquiler de local, útiles de propaganda, equipos de comunicación, transporte y hasta músicos, entre muchas otras cosas. Si bien se presenta como “una obligación legal” con igualdad de oportunidades, representación popular y mecanismos para reducir el riesgo de malos manejos, las experiencias dicen lo contrario.
Sin duda, la CNRE ha sido, desde 1993, un gran laboratorio de la democracia panameña; gracias a su actuar hemos ido estructurando nuestros mecanismos políticos luego de su total inexistencia durante los 21 años de dictadura militar. No obstante, la amplia representación de las fuerzas vivas del país en esa institución no parece haber hecho lo suficiente por la cultura política. Las reglas del juego no bastan para que existan los valores cívicos y morales en el entorno democrático; es preciso grabarlos en las normas que regulan el sistema y en las mentes de los ciudadanos. No lo están, y por eso tenemos partidos políticos decadentes, expresidentes indiciados, acusados y condenados, y decenas de funcionarios (hasta de elección popular) acusados de corrupción, malversación y falta de integridad.
La ciudadanía tiene una pésima imagen de los partidos políticos y de sus dirigentes, con toda razón. Para las últimas tres contiendas presidenciales, las encuestas nos dijeron que la tercera parte del electorado ha estado buscando un candidato independiente. No debiera ser así, pero si los partidos no tienen nada bueno que ofrecer, esa será exactamente la opción de los votantes, ocasionando problemas para mantener un sistema representativo con orientación política estatal.
Tal vez no debemos seguir siendo simplistas al enfocar los problemas. En la base de todo están los objetivos de los partidos políticos y, por supuesto, los “bienes” que persiguen sus líderes. Esto último, por cierto, es lo más identificable de nuestras deficiencias: numerosos enarbolan la codicia con orgullo, llevando su etiqueta al pecho. Que la exhiban es una cosa, pero otra es que nuestras legítimas aspiraciones democráticas sean aplastadas por instituciones hechas a la medida de ellos. Es fundamental empezar por establecer conjuntamente los muchos aspectos del comportamiento de cada partido político existente, para mejorar el entendimiento práctico de los mismos. Si de veras creemos en una sana institucionalidad democrática, debemos llevar a cabo un ejercicio de autoevaluación conjunta que la fortalezca; ello implica identificar áreas críticas y modificar legal y culturalmente los comportamientos que lo requieran.
Es evidente que lo que emane del Código Electoral determinará si nos consolidamos como democracia o consagramos beneficios políticos de individuos que, desde antes de una elección, gozan de fueros y privilegios (que son inconstitucionales). La rendición de cuentas no es solución, principalmente porque nunca ha sido efectiva ni confiable; lo pertinente es diseñar un arquetipo que contemple teorías correctas de representación popular, de instrumentalización del control doctrinal del vehículo electoral y de la determinación de una medición real de la masa ciudadana que debe servir de contrapeso político y social.
Si la CNRE busca consolidar la democracia en Panamá, tiene que centrarse en la institucionalidad y en la formación cívica de los ciudadanos, sin discriminaciones. Con todo lo anotado aquí hasta ahora, sería más lógico concentrar todo el fondo de financiación estatal en un programa permanente de educación cívica, de valores y de sistema democrático, abierto ordenadamente para todos los partidos políticos y para los ciudadanos independientes.
El financiamiento electoral para el quinquenio 2024-2029 asciende a $109 millones; lo que requiere políticamente el país es capacitación y moralización, y no un reparto cuyo coeficiente es, según el boletín 5675-D del Tribunal Electoral, de $15.47 por voto válido llevado a la urna con el subsidio estatal del período anterior. ¿Quiénes se ganaron la lotería?
La existencia del subsidio estatal ha alejado de sus bases a los dirigentes de los partidos políticos, porque todo lo resuelven con dinero, que en este caso es, sin distinción, de todos los ciudadanos. Ningún sistema es ideal o funcional, pero siempre debe ser resultante de las conductas de los partidos y de las experiencias en el campo. Evidentemente, no tiene gracia que el dinero público vaya a apoyar a un colectivo político que tenga mala reputación, atente contra el orden constituido o disguste al contribuyente. Así, y en ausencia de ese subsidio, sería asunto de procurar el respaldo gratuito de los electores, de sus miembros inscritos o del poder personal, “ideológico” o económico al cual quieran someterse.
El autor fue embajador ante las Naciones Unidas.
