El pasado 2 de enero, el presidente de la República, en su mensaje a la nación, abordó varios temas. Al referirse a la “abultada planilla estatal”, mencionó que las instituciones públicas tienen, y cito: “una tanda de vagos sin oficio que cobran un sueldo”, afirmando que estos “vagos” no se pueden despedir porque, resulta que son cojos, tuertos, mudos o sufren de presión alta.
Estas declaraciones causaron preocupación más que tristeza, al observar cómo el primer funcionario del Estado se expresó de manera despectiva y denigrante sobre aquellos funcionarios que han servido al país con eficiencia y eficacia durante años. Al hacerlo, generalizó y estigmatizó a estas personas como “botellas” debido a alguna condición de salud (discapacidad y/o enfermedad crónica).
Es bien conocido que, tras las elecciones presidenciales, las autoridades entrantes a menudo sienten un compromiso político con quienes las apoyaron en la campaña, lo que las lleva a nombrar en instituciones del Estado a personas que, en muchos casos, carecen de las competencias, habilidades o méritos necesarios para ocupar cargos públicos. Este dilema político ha originado, quinquenio tras quinquenio, los constantes episodios de destituciones masivas y otras acciones similares, que buscan crear un entorno cómodo para los presidentes electos a fin de saldar deudas con sus seguidores.
Así es como se abulta la planilla estatal, sin olvidar una dura realidad: los mal llamados jubilados. Existe una distorsión en este concepto, ya que deberían ser considerados pensionados por vejez, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Esta categoría de servidores públicos, que asciende aproximadamente a 75,000, no se retira del sistema laboral debido a sus paupérrimas pensiones (equivalente al 60% del mejor salario devengado), lo cual no les permite tener un retiro digno. Además, enfrentan el alto costo de la canasta básica, la inflación, la escasez de medicamentos y un deficiente servicio de salud pública.
Este problema es propiciado, tanto por acción como por omisión, gobierno tras gobierno, ya que ninguno enfrenta la necesidad de establecer una Ley General de Sueldo ni de activar la Carrera Administrativa. En este sentido, quiero dirigir un mensaje al señor presidente y a sus asesores: la ley de carrera administrativa es efectiva, práctica y útil, pero ha sido manipulada para satisfacer intereses políticos. Esta misma ley que usted se propone modificar, señor Mulino, debe ser llevada a la ejecución. Para ello, es fundamental nombrar a los representantes de los órganos superiores y desvincular la política de esta entidad, garantizando así su autonomía en administración, finanzas y ejecución. Si se hace esto, se podrán observar resultados positivos.
Es cierto que existen algunos cientos de casos de “juega vivos” que, como rémora de la administración pública, han quedado rezagados durante los cambios de gobierno. Estos individuos han utilizado la protección que les otorgan los derechos de los servidores públicos, aprovechándose de la situación al momento en que, durante su trayectoria como empleados, desarrollaron alguna discapacidad o enfermedad crónica. El presidente, en su discurso ante la nación, se refirió a estos casos de manera irónica y burlesca, sin considerar que Panamá es signatario de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada mediante la Ley No. 25 del 10 de julio de 2007. Esta Convención rechaza cualquier forma de discriminación y estigmatización en contra de estas personas.
El autor es analista de seguridad.
