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Eliminación del Ministerio de la Mujer: pasa a ser una secretaría bajo el Mides

El gobierno anunció la eliminación del Ministerio de la Mujer, una medida que ha generado amplio debate en los ámbitos político, social y de derechos humanos. Según el comunicado oficial, las funciones de este organismo pasarán a desempeñarse dentro de una nueva Secretaría de Equidad de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El Ministerio de la Mujer fue creado con el objetivo de promover políticas públicas para la equidad de género, prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso igualitario a derechos. Su transformación en una secretaría bajo el Mides responde, según el Ejecutivo, a un proceso de “racionalización del gasto público” y “reorganización institucional para mayor eficiencia”.

La decisión forma parte de un paquete de reformas estatales que incluye la fusión y supresión de diversos organismos. Desde el gobierno aseguran que no se trata de un debilitamiento del enfoque de género, sino de una integración de políticas transversales en un ministerio con mayor alcance social.

Reacciones encontradas

Diversos sectores de la sociedad civil, colectivos feministas y referentes académicos han criticado la medida, señalando que representa un retroceso en materia de derechos de las mujeres y de la diversidad. Argumentan que la jerarquía ministerial ofrecía un marco de autonomía política, presupuesto propio y visibilidad institucional que ahora se verán limitados.

“Convertir el ministerio en una secretaría es simbólicamente degradar la agenda de género”, expresó una representante de la Red Nacional de Mujeres. También han surgido inquietudes sobre la continuidad de programas específicos en áreas rurales, violencia de género y empoderamiento económico.

Por otro lado, voceros del gobierno sostienen que los programas no serán eliminados, sino reestructurados. “La protección de los derechos de las mujeres continúa siendo una prioridad. Esta reubicación nos permitirá articular mejor con otros programas sociales”, declaró la ministra del Mides.

¿Qué cambia?

La Secretaría de Equidad de Género, que funcionará dentro del Mides, tendrá como tarea principal la coordinación de políticas de igualdad, asesorar en la perspectiva de género a otras reparticiones del Estado y dar continuidad a los planes vigentes. Sin embargo, su rango institucional será menor al de un ministerio, lo que implica dependencia administrativa, menor peso político en el gabinete y posibles recortes presupuestarios.

Expertos en políticas públicas advierten que, aunque las funciones puedan mantenerse formalmente, la capacidad de influencia y articulación interinstitucional podría verse afectada. También se subraya la necesidad de garantizar que el nuevo diseño preserve los espacios de participación ciudadana y los mecanismos de monitoreo.

Conclusión: ¿un paso hacia la verdadera igualdad?

A pesar de las críticas, respaldamos la eliminación del Ministerio de la Mujer como un paso necesario hacia una estructura institucional más coherente con los principios de igualdad real. La existencia de un ministerio exclusivo para la mujer, si bien nació como una respuesta afirmativa a una deuda histórica, terminó siendo una forma institucionalizada de discriminación positiva que, a largo plazo, refuerza la idea de que las mujeres requieren un tratamiento aparte dentro del aparato estatal.

La verdadera equidad se logra cuando las políticas públicas se diseñan para todos los ciudadanos sin necesidad de segmentarlos por género, reconociendo sus derechos desde una perspectiva humana integral. Integrar la política de género dentro del Mides, un ministerio con amplio alcance social, permitirá abordar las desigualdades desde una visión más transversal, sin perpetuar etiquetas que separan en lugar de unir.

No se trata de ignorar las brechas, sino de superarlas con instituciones que promuevan la igualdad sin necesidad de estructuras diferenciadas. La equidad de género no debe depender del rango ministerial, sino de la voluntad política, la calidad técnica y la integración de enfoques en todas las políticas públicas.

La autora es abogada.


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