La reciente anulación judicial de la concesión a Panama Ports Company marca un punto de inflexión en la política portuaria del país. Mientras la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se prepara para reordenar el modelo de Balboa y Cristóbal, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza en una licitación independiente para nuevas terminales en Corozal y Telfers, acompañadas de un corredor energético.
Ambos procesos —legítimos y técnicamente viables— ponen sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿tiene sentido que Panamá gestione puertos recuperados por un lado y planifique nuevos por otro, sin una estrategia logística nacional articulada?
La coexistencia de visiones no es un problema en sí misma. El verdadero riesgo es que estas respondan a lógicas institucionales y comerciales distintas, enviando señales contradictorias a los inversionistas y a los actores globales que observan nuestro hub con atención milimétrica.
Fragmentación institucional: ruido en lugar de confianza
Toda inversión portuaria depende de dos factores: rentabilidad esperada y estabilidad jurídica. El reciente fallo judicial, por más justificado que sea, reaviva las dudas sobre el marco legal panameño. Si a esto se suman dos procesos de licitación sin una narrativa común, el resultado es un ecosistema con doble arquitectura regulatoria, distintos marcos contractuales y estrategias sin sincronía. Esa falta de armonía puede socavar valor en lugar de crearlo.
Posible competencia interna: cuando el rival está en casa
Las terminales proyectadas por la ACP buscan capturar carga de transbordo que hoy cruza el Canal sin tocar puerto panameño. Pero las terminales ya existentes en Balboa y Cristóbal también apuntan a ese mismo mercado. Si no se definen roles, territorios, reglas de competencia y mecanismos de gobernanza, el país podría caer en una guerra de tarifas entre operadores nacionales, debilitando todo el ecosistema logístico.
Geopolítica sin blindaje
La arquitectura logística panameña ya no se analiza solo con criterios técnicos. Hoy se interpreta en clave geopolítica, bajo el prisma de la competencia entre potencias como Estados Unidos y China. Frente a ese tablero, una narrativa fragmentada no solo genera ineficiencia, sino también ambigüedad estratégica. Lo que Panamá necesita es una política logística con una sola voz: coherente, técnica y soberana.
Hacia una Autoridad de Logística de Panamá
La solución no pasa por centralizar todo en una sola entidad. Pero sí urge construir un ente rector nacional, con visión de largo plazo, que armonice modelos contractuales, políticas de competencia y una narrativa internacional coherente. Es momento de crear una Autoridad de Logística de Panamá (ALP), con junta directiva propia y carácter independiente, que integre puertos, corredores intermodales y plataformas logísticas bajo una misma visión de país.
Este paso requiere un consenso nacional real, con la participación de la ACP, la AMP, el Ministerio de Economía y Finanzas, las autoridades de competencia y el sector privado. Se trata de trascender agendas institucionales para construir una verdadera política de Estado.
De modelo institucional a modelo país
La ACP ha sido, sin duda, un ejemplo de institucionalidad exitosa. Pero ese modelo ya no debe verse como una excepción blindada: debe inspirar la arquitectura de toda la logística nacional. El país no necesita dos estrategias; necesita una sola que coordine, integre y defina rumbo.
Panamá no enfrenta un problema de puertos, sino de alineación estratégica. Y el momento de corregirlo no es mañana: es ahora. Ya no basta con tener instituciones fuertes; es hora de tener visión de país y ponerse los pantalones largos.
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
