El anuncio de que el Parlamento Europeo excluyó a Panamá de la lista de países no cooperantes en la prevención del blanqueo de capitales ha sido celebrado por el Gobierno y aplaudido por el sector privado y, en general, por la sociedad. Panamá estuvo en esa lista desde mayo de 2020, y después de años de gestiones del gobierno de Cortizo y de esta Administración, Panamá sale, aunque las dudas asomaron con preocupación evidente –y justificada– en un pronunciamiento que emitió la Presidencia un día antes de que Panamá estuviera fuera de esa lista.
“El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el vicecanciller, Carlos Hoyos –decía la Presidencia el 9 de julio pasado– coinciden en que Panamá depende de una posición de carácter político en el Parlamento Europeo…”. Es decir, aunque Panamá “cumple con los criterios y controles técnicos para ser excluida de la lista… La decisión de actualizar esta lista será tomada desde posiciones políticas en el Parlamento Europeo y bajo el concepto de una bolsa de 17 países, lo que podría poner a Panamá en desventaja”.
Creo que el criterio para excluir a Panamá fue político, efectivamente. Que Panamá cumpla con las exigencias del Parlamento Europeo para prevenir el lavado de activos es una cosa; otra distinta es que esas regulaciones se cumplan con el mismo rigor cuando los actores son políticos locales. No es mi opinión, son hechos. Y es una ironía que dos gobiernos, entre los que figuran los mayores escándalos de corrupción, sean los que hayan logrado tal hazaña. Vamos a los hechos.
Empiezo por Martinelli. Desde él para abajo, incluidos dos de sus hijos, han sido condenados y/o enfrentan juicios por lavado de activos. En España se investiga el pago de coimas por unos $180 millones de FCC a funcionarios locales; decenas de millones más repartidos por Odebrecht; millones en Blue Apple e innumerables escándalos que involucran cientos de millones más saqueados a través de partidas circuitales, juntas comunales, contratos y compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), botellas y un largo etcétera que incluye el supuesto pago ilegal de comisiones de Finmeccanica. Muchos de esos millones fueron lavados aquí y fuera del país.
Pero el principal protagonista de este desmadre está libre, gracias a que su nuevo gobierno –el que preside José Raúl Mulino– le extendió semanas atrás un salvoconducto para gozar de los millones robados, gracias a la más desvergonzada impunidad que avaló el propio presidente, y a quien solo le faltó agradecerle a Martinelli por sus “desinteresados” servicios a la Nación.
Martinelli habría sido el equivalente a lo que el presidente dijo sobre los docentes despedidos por el Meduca: “Solo con un precedente duro se van a entender las cosas”. Con Martinelli, la justicia estableció ese precedente, pero Mulino –que dice ser respetuoso de la ley– lo pisoteó. Palo y plomo para aquellos, perdón y placer para el amigo.
El otro gran involucrado en sacar a Panamá de la lista fue el gobierno de Cortizo, emergido de las cenizas para convertirse en la peor de todas las pesadillas gubernamentales. De hecho, fue su partido el que bloqueó la creación de la ley de extinción de dominio, que incluía confiscar activos del lavado de activos del narcotráfico y corrupción. Además, dinero de las drogas y sus operadores se han colado en distintos gobiernos, con el beneplácito de altos funcionarios o de políticos.
Y aunque Panamá cumpla las regulaciones para prevenir el lavado de activos, desde las entrañas y cabeza del Gobierno también se incentiva el delito al impedir que la justicia alcance a sus encumbrados actores. Y esto, admitámoslo de una buena vez, desestabiliza la paz social y nuestra precaria democracia.
Lo que hizo Panamá fue decirle a Europa que existe el marco legal para prevenir el lavado. Lo que no dice es que eso no es para todos, que hay intocables. Pero hay que admitir que su gente fuma bajo del agua, pues logró lo que evidentemente veían dudoso. Y, dado que los hechos son indiscutibles, hay que ¿felicitar? a los funcionarios que lograron –a punta de lobby– que los europeos miraran, no la galopante y escandalosa corrupción local y su consecuente lavado de activos, sino que se concentraran en la letra muerta de códigos y leyes que nadie respeta. Por eso pienso que la decisión del Parlamento Europeo fue estrictamente política, sin considerar la justicia selectiva que se practica en este país.
