La tragedia que vive el pueblo palestino por el prolongado conflicto con Israel, agudizado en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, exige una reflexión que no puede depender de solidaridades automáticas ni de cegueras ideológicas. La razón moral debe prevalecer, sin sectarismos ni fanatismos.
Aclaro de entrada que no soy vocero de ninguna causa política, religiosa o nacionalista. Ejercito mi libertad de conciencia como demócrata convencido. Rechazo con firmeza tanto el terrorismo de Hamás como el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Israel, que ha causado miles de muertes de civiles palestinos, incluidos niños, mujeres y ancianos.
En Gaza no presenciamos una guerra convencional entre dos ejércitos, sino una operación militar que ha degenerado en una acción punitiva de castigo colectivo. Según datos de la ONU y organizaciones humanitarias internacionales, más del 70% de las víctimas son civiles. La infraestructura civil ha sido devastada: hospitales, escuelas y centros humanitarios han sido blanco de ataques, mientras el acceso a agua, medicinas y alimentos está gravemente restringido.
Cuando Estados como Francia, Alemania o Estados Unidos han enfrentado actos terroristas, no han respondido con operaciones militares de castigo masivo contra civiles de la misma nacionalidad o religión que los atacantes. Este precedente obliga a examinar críticamente la respuesta israelí en Gaza.
Se suele decir que Israel es la única democracia en Medio Oriente. Sin embargo, una democracia no se mide solo por sus elecciones, sino también por su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional. El derecho a la defensa no puede usarse como escudo para vulnerar los principios fundamentales del derecho humanitario.
Israel tiene derecho a proteger a su población, pero también la obligación de distinguir entre combatientes y civiles. La proporcionalidad es un principio esencial del derecho de guerra, y su incumplimiento convierte la defensa legítima en una agresión injustificable.
En Cisjordania y Jerusalén Este, organizaciones de derechos humanos han documentado que ciudadanos palestinos están sujetos a un sistema jurídico distinto, juzgados por tribunales militares bajo condiciones más severas que las aplicadas a ciudadanos israelíes. Esta dualidad legal contribuye a una percepción creciente de apartheid jurídico.
También preocupa la persistente negativa a reconocer un Estado palestino. El mandato de Naciones Unidas sobre la solución de dos Estados sigue siendo la vía para una paz duradera. La ocupación, la expansión de asentamientos y la imposición de leyes desiguales a palestinos y judíos en territorios ocupados han generado condiciones que muchas organizaciones internacionales describen como un régimen de discriminación institucionalizada.
No podemos ignorar las dimensiones éticas de este conflicto. El sufrimiento de las víctimas inocentes, la muerte de niños por hambre, los desplazamientos forzados y la destrucción sistemática de comunidades no pueden justificarse por ningún relato de autodefensa. La humanidad debe recordar que los fines no pueden justificar medios que niegan la dignidad humana.
La comunidad internacional está llamada a actuar con coherencia moral. No basta con condenar el terrorismo. También es urgente exigir el cese de una ofensiva que amenaza con deslegitimar los valores democráticos que se dice defender. Apoyar sin cuestionamientos una respuesta militar desproporcionada por “razones de Estado” debilita los principios universales que sostienen el derecho internacional y socava la legitimidad moral de quienes dicen defenderlos. La justicia no puede tener doble rasero.
No se trata de ser pro israelí o pro palestino. Se trata de ser pro derechos humanos, pro justicia, pro paz. Es el momento de recuperar la brújula moral, no para juzgar con odio, sino para impedir que el horror se repita y para construir, con valentía y compasión, una salida humana al conflicto.
El autor es abogado.
