El pasado viernes 23 de mayo del presente año, la expresidenta Mireya Moscoso dio declaraciones a RPC Radio, en las que expresó que, en una reunión, algunos diputados hablaron de un plan para “tumbar” mediante golpe de Estado al actual presidente de la República, José Raúl Mulino, desatando las alarmas por presuntamente incitar al rompimiento forzoso del mandato constitucional otorgado por el pueblo en las elecciones del 5 de mayo del año pasado. Hablar de golpe de Estado a estas alturas es preocupante y no debe tomarse a la ligera.
No es la primera vez que Panamá se enfrentaría a un golpe de Estado. En los años 30 del siglo pasado, el movimiento Acción Comunal, liderado por Harmodio y Arnulfo Arias Madrid, depuso al entonces presidente Florencio Harmodio Arosemena. Posteriormente, el propio Arnulfo Arias Madrid sufriría tres golpes de Estado, siendo el último en 1968, el cual dio inicio a 21 años de dictadura militar que culminaron con la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Ni hablar del libre nombramiento y destitución de presidentes que ejercía la cúpula del régimen militar, que gobernó mediante fraudes y presiones a la Asamblea Nacional.
Sin duda, los golpes de Estado siempre generan inestabilidad política y económica, pues su consecuencia directa es someter a los países a regímenes autocráticos que violan los derechos humanos de la población, sobre todo de sus opositores, a quienes encarcelan, exilian o incluso hacen desaparecer, como ocurrió en Panamá antes y durante la dictadura militar.
Sin embargo, no se puede obviar que actualmente han comenzado una serie de protestas contra el gobierno, producto de medidas consideradas impopulares por amplios sectores de la ciudadanía. Entre ellas se cuentan la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la Secretaría de Defensa de Estados Unidos —considerada por algunos como violatoria del Tratado de Neutralidad del Canal— y la posible reapertura de la mina operada por Minera Panamá, cuyo accionista principal es la empresa canadiense First Quantum. Estas medidas han generado preocupación por presuntamente atentar contra la soberanía nacional y la institucionalidad del país.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido la represión enérgica de las protestas, acompañada de su negativa a dialogar con los sectores involucrados para encontrar una salida viable a esta crisis política.
Aunque el artículo 191 de la Constitución prevé el juicio político como la única vía para destituir al presidente de la República, este procedimiento solo puede aplicarse por alguna de las tres causales allí establecidas. Corresponderá a la Asamblea Nacional, en ejercicio de su facultad judicial prevista en el artículo 160 de la Constitución, determinar si existen méritos suficientes para iniciar dicho proceso.
Ante este escenario, debemos preguntarnos: ¿realmente hay un plan en marcha para ejecutar un golpe de Estado contra el actual gobierno, o se trata de una desesperada maniobra de distracción para desviar la atención de las críticas que generan sus políticas? Solo el tiempo lo dirá. En todo caso, esta crisis política debería ser una oportunidad para, previa alfabetización constitucional, abocarnos a un proceso constituyente originario que le permita al pueblo dotarse de una nueva Constitución que represente auténticamente la idiosincrasia panameña.
¡Dios bendiga a la patria!
El autor es licenciado en Mercadeo y Comercio Internacional.
