La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, presidida por un diputado que fue vocero del expresidente Ricardo Martinelli, insiste de manera incansable en buscarle una salida jurídica a este funesto personaje, promoviendo reformas al Código Judicial y al Código Procesal Penal para trazar una ruta que permita revisar incluso sentencias en firme, como la suya.
La misión del presidente de esa comisión, así como la de un miembro del partido oficialista Realizando Metas que también la integra, parece ser crear o modificar leyes ajustadas a las necesidades jurídicas de Martinelli, quien huyó a Colombia gracias a un salvoconducto expedido por el presidente de la República. Sus diputados más fieles —y menos presentables— están empeñados, desde que asumieron sus cargos, en abrirle una puerta trasera a los abogados del expresidente.
No es la primera iniciativa en esa dirección. En el pasado intentaron aprobar, sin éxito, una amnistía por supuestos delitos políticos que buscaba beneficiar al exmandatario, condenado por lavado de activos e inhabilitado de por vida para aspirar a la Presidencia. Este nuevo proyecto de ley en manos de la Comisión de Gobierno no debe perderse de vista, o el país podría verse sorprendido por otro episodio de impunidad.
