El lunes pasado acudimos a la reunión convocada por la Dirección de Planificación Urbana (DPU), luego de protestar por no haber sido informados oportunamente sobre una consulta pública de un tema que afecta directamente a nuestras comunidades. Una vez más, se nos quiso imponer una decisión tomada a espaldas de los ciudadanos, en nombre de un supuesto progreso que solo beneficia a unos pocos inversionistas, mientras el resto de la ciudad paga las consecuencias.
La DPU pretende aprobar una medida que permitiría cambiar el uso de suelo, incrementar densidades y alturas de construcción a cambio de pagos económicos. Lo presentan como un beneficio para el área, pero es una ficción. ¿Dónde están los planes reales para ampliar calles, crear parques, mejorar los servicios básicos o aliviar el tráfico? ¿Cómo puede hablarse de bienestar cuando la infraestructura actual ya no da abasto, cuando las calles colapsan cada día, los ruidos nos asfixian y el agua o la recolección de basura fallan a diario?
Este tipo de propuestas no buscan el bien común. Son maniobras disfrazadas de desarrollo que abren la puerta al desorden urbano, destruyen el carácter de los barrios y agravan los problemas de movilidad, contaminación y convivencia. La ciudad no aguanta más improvisaciones ni proyectos hechos a la medida del interés privado.
Además, el Plan Local vigente tiene validez hasta 2031, y la Ley 6 de 2006 es clara: los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) solo pueden modificarse mediante otro plan, una vez cumplido su período de vigencia. Lo que la DPU intenta aprobar constituye una violación de la ley, y las autoridades que deberían proteger el orden urbano son precisamente quienes lo están vulnerando. No hay justificación técnica ni legal para alterar las reglas vigentes.
Las llamadas compensaciones urbanas que promueve la DPU también son ilegales, porque ningún acuerdo municipal puede estar por encima de la ley. El artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 36 de 1998 establece que la zonificación debe aplicarse bajo los mismos principios y buscando el equilibrio de densidades en beneficio de las familias. Autorizar zonificaciones por lotes o fincas individuales rompe ese equilibrio, destruye la homogeneidad de los barrios y crea privilegios inaceptables.
La DPU intenta vendernos la idea de que, con el dinero de estas compensaciones, se harán mejoras para todos. Pero seamos realistas: ¿van a ensanchar calles, construir parques, instalar nuevas redes de agua y alcantarillado en los barrios afectados? No. Eso no está en sus planes. El resultado será el mismo de siempre: más edificios, más carros, más ruido, más caos y una infraestructura cada vez más colapsada.
Nuestra lucha no es contra la inversión ni el crecimiento, sino por el respeto a la ley, el orden urbano y el derecho a vivir en comunidades planificadas y sostenibles. Si las autoridades realmente quisieran mejorar la ciudad, deberían concentrarse en recuperar barrios degradados como La Exposición, Calidonia o El Marañón, donde sí se necesita intervención pública. En cambio, prefieren alterar barrios consolidados, diseñados con una planificación que contempló su infraestructura y su equilibrio. ¿Es que no aprenden del desastre que han ocasionado?
El Plan Metropolitano Pacífico-Atlántico (2013, revisado en 2017), con horizonte hasta 2035, propone precisamente lo contrario de lo que ahora se intenta imponer: un desarrollo policéntrico que distribuya las actividades y reduzca la congestión. Ese es el modelo que debemos seguir si realmente se quiere una ciudad habitable.
Hoy levantamos la voz porque no se puede permitir que se manipulen las leyes ni se venda el futuro urbano de la ciudad. Las autoridades deben recordar que su deber es servir al interés público, no a los intereses económicos de unos pocos.
No queremos una ciudad de torres sin alma, de calles intransitables y barrios ahogados. Queremos una ciudad ordenada, verde, con equilibrio y calidad de vida. El desarrollo real se construye con planificación, no con cheques.
La autora es arquitecta.
