El Gobierno enfrentó con valor el mayor problema económico y social del país: el problema de las pensiones en la Caja de Seguro Social (CSS). Se trata de un sistema insostenible por el cambio demográfico, la informalidad y los altos subsidios a las pensiones.
Si bien se avanzó con la reforma de 2005, el sistema actual es inequitativo, insostenible y nada solidario. Además, la CSS, que lo administra, tiene serios problemas de gobernanza, administrativos, tecnológicos y financieros.
El Gobierno conformó una mesa para escuchar las propuestas de diversos sectores. Recordemos que ya en 2021 estos mismos sectores fueron convocados a un diálogo amplio y prolongado. La Conusi (incluye al Suntracs) se rehusó a participar y el Conato se retiró porque no se acataron sus exigencias. Amenazaron, como siempre, con el típico cierre de calles, lo que solo genera desgaste e incomodidad a los propios ciudadanos.
En la mesa, representantes de los sindicatos propusieron eliminar el subsistema mixto, fusionar los fondos y retroceder al antiguo sistema de reparto sin cambios paramétricos y sin presentar ninguna sustentación técnica. Su argumento es que el déficit de las pensiones debe ser cubierto por el Estado (el Estado somos todos) y con recursos de los empleadores.
Los empresarios, que representan además a sus cientos de miles de trabajadores, presentaron una propuesta basada en una verdadera solidaridad y el ahorro individual, a través de la integración y mejoramiento de tres pilares existentes.
El Gobierno presentó a la Asamblea una reforma al sistema de pensiones basada en estas propuestas y los análisis técnicos actuariales necesarios para sustentarla.
Para prevenir la pobreza en la vejez, creó una pensión básica universal a los 65 años por $144, aumentada anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), integrada al sistema de pensiones para asegurar su financiación y transparencia. Para mejorar las pensiones actuales y futuras, propuso un incremento anual igual al IPC, para que no pierdan su poder adquisitivo.
Para los afiliados actuales, propuso un modelo único de cuentas nocionales, que es un sistema de reparto (propuesto por los sindicatos) en el cual la pensión se calcula con la fórmula de un sistema de ahorro individual (propuesto por los empresarios).
Para financiar el déficit, el Gobierno incluyó las propuestas de los sindicalistas, tales como fusionar los fondos, aumentar los aportes del Estado, aumentar la cuota de los empleadores y mantener un sistema de reparto nocional.
Después de cientos de simulaciones en los modelos matemáticos actuariales, el Gobierno aumentó en tres años la edad de pensión, manteniendo la edad actual hasta 2032 y permitiendo pensionarse anticipadamente a cualquier edad en el nuevo modelo.
Todo iba bien hasta que el proyecto llegó a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Esta fue abrumada por algunas quejas de ciudadanos que, en su mayoría, desconocían el problema y, sin ningún tipo de sustentación técnica, se dedicaron a atacar la reforma presentada por el Gobierno.
Durante el debate, los diputados de la comisión fueron asediados por dirigentes sindicales que se autoproclaman representantes del pueblo y de los trabajadores, exigiéndoles que no aumenten la edad de jubilación e imponiéndoles la forma en que deben administrarse los fondos. De no ser aprobadas sus exigencias, amenazaron con salir a las calles.
Finalmente, la comisión cedió a las presiones, modificó radicalmente la propuesta del Gobierno y afectó a los más pobres y necesitados de la siguiente manera:
Eliminó del proyecto de ley la Pensión Básica Universal de $144 que incluía ajustes anuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Eliminó el incremento a las pensiones con el IPC, afectando a más de 320,000 pensionados actuales y a los futuros, quienes perderán su poder adquisitivo.
Mantuvo el quebrado, insostenible y nada solidario Sistema de Beneficio Definido, que otorga mayores subsidios a personas con pensiones más altas, a costa de los recursos del Estado, requeridos para atender necesidades de los más pobres.
Fomentó la inequidad al mantener tres modelos diferentes en lugar de uno solo.
Decidió aumentar el aporte del Estado a $1,457 millones con incrementos de hasta un 4% anual, despojando a los más necesitados de recursos necesarios para su educación, salud, acueductos, carreteras y proyectos de inversión social que tanto se requieren.
Para la administración de las inversiones, dejó al Banco Nacional de Panamá y a la Caja de Ahorros, limitando la posibilidad de mejorar los rendimientos para aumentar las pensiones a más de un millón de personas del nuevo sistema.
Por último, la comisión eliminó la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, desconociendo que cada vez vivimos más tiempo y tenemos menos hijos, razón por la cual la mayoría de los países aumentaron esta edad. Tampoco tuvieron en cuenta que más de 60,000 pensionados de la CSS aún trabajan y tienen una edad promedio de 63 años (mujeres) y 65 años (hombres). Esta decisión afectaría completamente el modelo de financiación presentado por el Gobierno.
Una gran decepción nos dejan las decisiones tomadas por los diputados de esta comisión. Esperemos que el pleno de la renovada Asamblea rectifique lo actuado frente al pueblo que los eligió y enfrente este reto con el mismo valor que el Gobierno ha afrontado este reto y así garantice la sostenibilidad del sistema incluyendo mejores pensiones para las actuales y futuras generaciones.
El autor es ingeniero-administrador y vicepresidente de Negocios de ProFuturo
