El río San Pablo es el más caudaloso del distrito de Soná en Veraguas y su importancia es vital, ya que abastece de agua potable a toda la población.
Este gran recurso fluvial se ha visto amenazado por la concepción de grandes latifundistas que usan herbicidas tóxicos para fumigar sus hectáreas de arroz y otros productos, sin importarles que dichos químicos vayan a parar rápidamente al San Pablo, especialmente durante la época de lluvias.
El río San Pablo recibe diversos afluentes, entre los cuales se encuentra el río Tribique, cuyas aguas ya presentan altos niveles de contaminación por la cantidad de casas y barriadas que se han construido en sus orillas. Incluso, aguas servidas han ido a parar a su cauce, sin que ninguna autoridad parezca preocuparse.
Algunos grupos ambientalistas ya denunciaron en el pasado la grave contaminación del Tribique, al punto de que en épocas de verano parece una verdadera cloaca.
El problema es que, durante períodos de marea alta y lluvias torrenciales, las aguas del Tribique terminan descargando su contaminación en el río San Pablo, justo donde se encuentra la toma de agua que abastece a la población de Sona.
Todo indica que este proceso lleva años ocurriendo, al igual que las denuncias que se han hecho en múltiples medios de comunicación.
El camino de la contaminación del río San Pablo parece repetir la historia del río La Villa, en la región de Azuero.
Un día cualquiera podríamos amanecer con la noticia de que sus aguas están contaminadas y no pueden beberse, razón por la cual se recomendará el consumo de agua embotellada, lo que entraría en un círculo macabro de enriquecimiento para las empresas que venden estas aguas supuestamente “puras”.
El Ministerio de Ambiente no ha emitido una postura contundente al respecto, pese a la gran cantidad de denuncias, como si esperara que la situación estalle en una crisis similar a la de Azuero.
El Ministerio de Ambiente, al igual que muchas otras entidades, debe dejar el discurso político a un lado y enfrentar el problema con responsabilidad, como la sociedad lo exige y como debe ser en toda gestión que proclame un mínimo de seriedad, ya que la salud y la vida de miles de panameños están en juego.
El autor es sociólogo.
