El reciente escándalo sobre la contaminación del río La Villa —esta vez por microorganismos provenientes de las heces de la cría indiscriminada de ganado porcino— ha generado desabastecimiento de agua para consumo humano y posibles consecuencias en la salud de los habitantes de Azuero. Sin embargo, no se trata de un problema nuevo. Recordemos que, hacia 2002, ya se había denunciado el vertido en ese mismo cuerpo de agua de atrazina, un producto agrícola que había sido discontinuado en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud.
Es curioso —y gravísimo— que no se haya investigado a fondo por qué en las provincias que conforman la región de Azuero, abastecidas históricamente por este río, existe una alta incidencia de cáncer.
Lo anterior revela cómo los intereses de unos pocos productores, que no siguen las correspondientes medidas sanitarias, se han impuesto sobre el bienestar de cientos de miles de habitantes de la región. Tampoco se ha analizado con profundidad el impacto sobre la vida acuática del río, su contaminación y el posterior consumo humano de esa agua, lo cual podría desencadenar, de forma indirecta, efectos graves para la salud o, en el peor de los casos, provocar muertes.
Lo más lamentable es que autoridades de diversas instituciones —MiAmbiente, Minsa, IDAAN— no hayan establecido los controles ni la vigilancia correspondientes. Y no me refiero solo a la actual administración, ya que este problema viene arrastrándose desde hace más de 20 años. Pareciera que, en todo este tiempo, su presencia en la región de Azuero ha sido nula. No quiero pensar que los permisos otorgados en estas últimas décadas obedezcan a intereses políticos o al clásico “¿qué hay pa’ mí?” de funcionarios corruptos.
Contrasta esta desidia con el ejemplo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ha mantenido una estricta vigilancia, control y patrullaje para proteger la cuenca del río Chagres. En cambio, los gobiernos locales y el central han mostrado una preocupante omisión respecto al tema vital del agua potable, indispensable para el sostenimiento de la vida humana. Y digámoslo claramente: los estadounidenses entrenaron a toda una generación de trabajadores panameños para reemplazar a su fuerza laboral antes de la entrada en vigencia de los tratados canaleros, enseñándoles cómo conservar el recurso que iban a heredar, especialmente mediante educación y la adopción de valores éticos.
Debe entenderse que el desarrollo de ninguna actividad comercial puede estar por encima de las políticas públicas de salud. Según los primeros estudios técnicos, habrá que esperar al menos dos meses para que el agua del río La Villa vuelva a ser apta para el consumo humano, una vez haya sido tratada con filtros y procesos de cloración, y, por supuesto, saneados sus afluentes y eliminados los focos de contaminación. También es indispensable sancionar a los responsables de esta emergencia sanitaria que ha puesto en riesgo a toda la región de Azuero.
El autor es diputado del circuito 13-1.
