La seguridad hídrica y la brecha de acceso al agua a la población son dos caras de la misma moneda, y se han convertido en un problema crítico y complejo por sus múltiples aristas, las cuales tienen impacto directo en la población, el negocio del Canal, y por ende en la economía nacional. En momentos en que el país se aboca a la discusión de otros temas relevantes, es importante iniciar algunas acciones claves con paso firme en la solución del tema hídrico en el 2do trimestre de 2025, como indicó el presidente José Raúl Mulino.
Es claro que el Canal de Panamá es parte crucial de la solución, ya que, al resolver el tema de agua para la población, se resuelve en gran medida la necesidad de agua para el tránsito de 36 buques diarios por el Canal, recurso vital para la supervivencia de la vía interoceánica. Recordemos además que la población consume el equivalente a 8 tránsitos (TEq) diarios, y muy pronto subirá a 11 TEq, con la entrada en servicio de las plantas potabilizadoras en construcción.
Por su parte, el 45% del agua que el IDAAN potabiliza la clasifica como “agua no contabilizada” (ANC), y equivale a casi 4 tránsitos diarios en pérdidas físicas en las líneas de conducción o pérdidas comerciales por subfacturación.
Con solo reducir esta ANC en 50%, se podría contar con 110 millones de galones diarios adicionales, o el Canal de Panamá hubiese podido pasar 2 TEq (~$1M) por día más durante la pasada estación seca, cuando se vio obligado a restringir 33% de los tránsitos. Además, aumentando al 100% la micromedición de los usuarios, se promueve un uso racional del agua y se podría ahorrar 1 TEq diario adicional (~$0.5M), tan necesario para abastecer miles de hogares sin servicio 24/7.
La causa raíz del problema radica en que la gestión estatal del recurso hídrico es ineficaz por la debilidad y fragmentación de las instituciones responsables, el trabajo en silos, procesos burocráticos no planificados, con altos costos de transacción, malas prácticas de gobierno corporativo, intervención política y agendas clientelistas. Todo esto hace imposible que la oferta del servicio pueda alcanzar algún día la creciente demanda; y ni hablar de estar preparados ante los efectos de fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes. Por ello, todo plan que pretenda utilizar el actual modelo institucional, de seguro producirá resultados insuficientes y decepcionantes, otra vez. Lo cierto es que no existe plata en el mundo que logre resolver los graves problemas acumulados utilizando el actual esquema de gestión del agua. De hecho, el reciente plan maestro del Idaan estima inversiones y mejoras necesarias por casi $2,800 millones en los próximos 10 años, sólo para el área Metro, Este y Oeste de la ciudad capital.
La solución propuesta
La solución propuesta por la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua y la Comisión Intergremial del Agua, tiene como propósito resolver el problema de forma permanente y sostenible, a través de un marco regulatorio y modelo de negocio que establezca un nuevo operador estatal con institucionalidad, autonomía administrativa, buenas prácticas de gobierno corporativo, y libre de intromisión política, tal como hizo Israel; ese país “decidió mantener la política y a los políticos fuera de la toma de decisiones respecto del agua”.
Con esto en mente, la propuesta busca la reestructuración del subsector de agua potable y alcantarillado sanitario, a través de las siguientes acciones concretas:
• Elevar los recursos hídricos como un tema de Estado y de seguridad nacional, creando el Consejo Nacional de Seguridad Hídrica (CNSH), para establecer la política pública y reforzar la ejecución oportuna de inversiones del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050.
• Crear un operador estatal con rango constitucional (Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos – ANRHI), que provea el servicio completo del ciclo del agua, con buenas prácticas de gobierno corporativo, institucionalidad y modelo de negocio verticalmente integrado, eficiente y sostenible, adoptando y adaptando aquellas normas administrativas y operativas aplicables de la ACP para el:
• Manejo de las cuencas hidrográficas, acuíferos y el agua cruda (en cantidad y calidad)
• Servicio confiable de agua potable (rural y urbano), y
• Alcantarillado sanitario, aguas residuales y saneamiento.
• Habilitar a la ANRHI con recursos para que ejecute proyectos de nuevas fuentes de agua y reservorios multipropósitos para la población en las cuencas de los ríos La Villa, Santa María, Parita y la subcuenca del río Perales, y la potabilizadora de Bayano.
• Dar continuidad a proyectos e iniciativas relacionadas con Agua y Saneamiento identificadas o en ejecución, incluyendo: reparación de fugas, macro/micro medición, concluir las potabilizadoras, nueva red de acueductos, etc.
• Honrar y ejecutar los 10 Acuerdos de Agua pactados en el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas.
• Crear en la ASEP la Dirección de Agua y Saneamiento, con un director exclusivo para este sector, como ente regulador y fiscalizador de los servicios arriba indicados.
• Lograr el mapeo e inventario de fuentes subterráneas para el abastecimiento complementario de agua potable.
• Apoyar el Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PAGIRH 2022-2026) de MiAmbiente.
• Reforzar la elaboración e implementación de planes de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano.
En lo que no contradiga la Constitución, la ANRHI integrará la estructura operativa de las entidades del subsector de agua potable y alcantarillado sanitario, y aquellas que realizan el manejo en campo de las cuencas hidrográficas.
En Panamá existe un fuerte sentimiento social de irritación por el actual servicio de agua y saneamiento, y de lucha frontal contra su privatización. Tratar de modificar la ley de APP para incorporar proyectos de agua sería abrir innecesariamente un frente de batalla que retrasaría aún más las medidas de solución largamente esperadas.
El más mínimo indicio de dar en concesión a la empresa privada la producción de este vital líquido generaría un estallido social peor que las protestas de noviembre de 2023. La mala experiencia con el servicio de electricidad y telefonía en manos privadas; la indefensión de los usuarios frente a sus reclamos de facturación y daños a electrodomésticos; los términos comerciales desfavorables de la concesión de la potabilizadora de Laguna Alta; son factores que avivan el rechazo a un modelo privado.
Un servicio tan vital e imprescindible para la vida y la seguridad hídrica de un país, que se presta bajo un régimen de monopolio físico, refuerza la necesidad de mantenerlo como parte de la administración pública y bajo el control del Estado. En estos casos, las virtudes de la empresa privada desaparecen; por el contrario, se promueven algunos vicios como mercado cautivo, monopolio, falta de equilibrio contractual, altos márgenes de ganancia frente a los riesgos asumidos, falta de transparencia, complacencia del regulador y hasta corrupción de servidores públicos.
Por ello, toda solución viable necesariamente pasa por un nuevo modelo de gobernanza e institucionalidad del sector, con una empresa estatal autónoma, con las ventajas y blindaje que otorga un título constitucional, necesario para poder cumplir con los cuatro requisitos básicos de un buen servicio público en manos del Estado:
• Una cobertura máxima,
• Con la calidad exigida por las normas,
• Una operación al mínimo costo, y
• A tarifas que permitan la autosuficiencia financiera.
Ninguno de estos requisitos puede ser alcanzado sin la concurrencia de los otros tres.
Pensamientos finales
Panamá cuenta con una cantidad abundante de agua dulce; el problema radica en la gobernanza y la pobre gestión integrada de los recursos hídricos del país. De ahí que la seguridad hídrica no es poseer abundancia del recurso, sino que depende de la adecuada gestión del ciclo del agua, con buenas prácticas de gobierno corporativo y planificación urbana coordinada y participativa.
Aprendiendo de la experiencia de Uruguay a finales de 2023, más allá de un anormal y prolongado periodo de escasez de lluvia, para la población fue más que evidente la irresponsabilidad de los gobiernos de turno por no tomar decisiones oportunas para salvaguardar la seguridad hídrica de ese país. Es muy posible que otro fenómeno de El Niño nos impacte antes del 2030, y la ciudadanía y los clientes del Canal de Panamá esperan de sus gobernantes la voluntad de realizar la transformación integral de la gobernanza del agua, o será más de lo mismo.
El derecho humano al agua se centra en la prevalencia de una gestión pública participativa, transparente, eficiente, con fuerte responsabilidad social y ambiental. La brecha de acceso al agua es la forma más evidente de desigualdad social y discriminación. El gobierno debe enfocarse en dotar a toda la población de servicio de agua potable y alcantarillado como un precursor de la distribución igualitaria de la riqueza. El acceso al agua es un derecho humano imprescindible para el disfrute de otros derechos humanos (salud, educación, trabajo), la calidad de vida, la bioseguridad y la seguridad alimentaria.
En conclusión, la seguridad hídrica depende de:
• Buena gobernanza y gestión integrada
• Planificación coordinada y participativa del ciclo del agua
• Adecuada gestión de riesgos y fenómenos climáticos
• Asignación de recursos suficientes y ejecución oportuna de infraestructura, y
• Protección de los cuerpos y fuentes de agua.
El autor es ingeniero electromecánico y miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua.
