Este artículo es continuación del artículo de opinión publicado el 10 de marzo de 2025 en La Prensa: “EUA evalúa subir retenciones a extranjeros: ¿Fin de los beneficios fiscales?” de mi autoría.
En el ámbito de la economía global, la diplomacia suele avanzar con lentitud. Los acuerdos toman años y los cambios a las reglas tributarias internacionales se negocian interminablemente. Pero en Washington, una nueva propuesta legislativa ha dado un giro radical. Se trata de la Sección 899, y si se convierte en ley, no solo modificará los impuestos: cambiará la manera en que Estados Unidos de América (EUA) responde a los países que gravan a sus empresas de forma considerada “injusta”.
En esencia, la Sección 899 es un régimen fiscal de represalia incluido en un proyecto de ley más amplio conocido como “The One Big Beautiful Bill”. Aunque suena a lema publicitario, su contenido es mucho más combativo. Esta disposición permitiría a EUA aplicar sanciones fiscales a cualquier país que imponga impuestos considerados injustos, discriminatorios o extraterritoriales sobre empresas estadounidenses.
Imaginemos esto: si un gobierno extranjero introduce un impuesto digital que afecta principalmente a gigantes tecnológicos estadounidenses, la Sección 899 permite al Tesoro de EUA aumentar los impuestos a cualquier persona o entidad de ese país que reciba ingresos de fuente estadounidense: desde gobiernos y empresas hasta entidades con propósitos caritativos o simples inversionistas.
Ahora bien, ¿qué impuestos extranjeros activan la Sección 899?
La propuesta identifica tres tipos de impuestos considerados “injustos”:
Impuestos sobre Servicios Digitales (DST): Gravámenes aplicados a plataformas en línea, redes sociales y motores de búsqueda que generan ingresos de usuarios locales.
Impuestos sobre Ganancias Desviadas (DPT): Dirigidos a esquemas de evasión fiscal utilizados por multinacionales.
Normas sobre Ganancias Subtributadas (UTPR): Parte de la reforma global de la OCDE (Pilar Dos), permite a un país cobrar impuestos adicionales si una empresa paga menos del 15 % en otro país.
Estas medidas son vistas por EUA como discriminatorias, ya que apuntan mayoritariamente a empresas como Amazon, Apple, Google y Meta.
¿Quiénes se verían afectados?
La lista de “personas aplicables” es amplia:
Gobiernos extranjeros y fondos soberanos
Individuos y empresas extranjeras de países discriminatorios
Entidades con fines caritativos, educativos, etc.; fideicomisos, sociedades e incluso filiales estadounidenses de grupos extranjeros.
En resumen, cualquier persona con conexión a un país sancionado podría ver incrementada su carga tributaria en EUA.
¿Qué tipo de impuestos aumentarán?
Los incrementos serían sustanciales:
Las tasas de retención sobre dividendos, intereses, regalías y rentas podrían aumentar hasta en 20 puntos porcentuales adicionales a los 30% de la ley actual.
El impuesto BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax) se aplicaría a más empresas y de forma más severa, incluso a subsidiarias extranjeras pequeñas.
Pagos capitalizados a partes relacionadas extranjeras se tratarían como deducciones para BEAT.
Se eliminarían exenciones como la prevista en la Sección 892, que protege a gobiernos extranjeros de impuestos sobre ingresos de inversión.
¿Adiós a los tratados fiscales?
Quizás el aspecto más preocupante es que la Sección 899 permitiría ignorar los beneficios de tratados fiscales. Generalmente, los tratados bilaterales reducen o eliminan retenciones para evitar la doble tributación. Esta nueva disposición ignora esas protecciones.
Por ejemplo, una tasa de retención reducida del 15% podría subir a 50% si el país figura en la lista negra, anulando cualquier ventaja tratada.
Supongamos que Francia mantiene su impuesto digital. Bajo la Sección 899, los fondos de pensiones franceses podrían ver su retención subir de 15% a 50% en pocos años. Además, una filial francesa en EUA podría quedar sujeta al BEAT, aunque sea pequeña o no cotice en bolsa.
Incluso el gobierno francés perdería su exención actual bajo la Sección 892 y sería gravado como cualquier otro inversionista.
¿Quién decide qué países son “discriminatorios”?
El Departamento del Tesoro publicará y actualizará trimestralmente una lista oficial. Pero algunas disposiciones se activan automáticamente: si un país aplica un DST, eso por sí solo podría bastar para activar la Sección 899.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara por un estrecho margen. Ahora pasa al Senado, donde enfrentará presiones políticas y lobby de gobiernos extranjeros y corporaciones multinacionales.
Muchos lo ven como una señal de que EUA está dispuesto a defender unilateralmente su base fiscal, incluso a costa de relaciones diplomáticas. Algunos lo llaman “impuesto de venganza” o “nacionalismo fiscal”.
¿Y qué dicen los expertos?
Las opiniones varían. Algunos mantienen un tono técnico, centrado en la implementación. Otros advierten que puede violar tratados y sentar un precedente riesgoso. Otros lo llaman directamente “una guerra fiscal contra los aliados”, y otros advierten que podría disuadir inversiones extranjeras en EUA.
¿Qué deben hacer las empresas?
Si tienes alguna conexión con países que imponen DST, DPT o UTPR, ahora es el momento de evaluar tu exposición. Mapear estructuras de propiedad. Revisar planes tributarios basados en tratados. Calcular el impacto de mayores tasas de retención.
Para instituciones financieras, el desafío será mayor: tendrán que adaptar sistemas, seguir la lista del Tesoro y aplicar correctamente las nuevas tasas. Aquí los intermediarios calificados podrían tener ventajas operativas sustanciales sobre los intermediarios no calificados.
La Sección 899 no es simplemente una nueva regla fiscal. Es una nueva postura de política exterior. Para algunos, es una defensa justificada de los intereses estadounidenses. Para otros, una bomba fiscal que afectará la inversión global.
Lo cierto es que, de aprobarse, convertirá al código fiscal estadounidense en un campo de batalla.
El autor es socio de Giintax
