La administración pública panameña se asoma a una nueva frontera. La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana; es una herramienta concreta que comienza a tocar expedientes, bases de datos, sistemas de compras públicas y mecanismos de fiscalización. Pero, en medio de esta aceleración tecnológica, producto del sistema globalizado en el que vivimos, surge una pregunta esencial:
¿Puede el Estado incorporar sistemas automatizados en la toma de decisiones públicas sin que la autoridad de la ley y la responsabilidad democrática se desvanezcan tras la apariencia técnica de neutralidad?
El punto de partida es innegociable. El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permita. No es una cláusula ornamental; es el dique que contiene la arbitrariedad. A su vez, la Ley 38 de 2000 consagra que toda actuación administrativa debe sujetarse estrictamente a la legalidad. En ese marco, la inteligencia artificial no puede convertirse en una vía paralela de decisión ni en una excusa técnica para desdibujar responsabilidades.
Desde la perspectiva jurídica, el principal riesgo no es la tecnología en sí, sino su utilización sin sustento normativo claro. Si una entidad pública adopta sistemas automatizados para decidir sobre subsidios, contrataciones o sanciones, debe existir una habilitación legal expresa y reglas transparentes sobre su funcionamiento. De lo contrario, el acto administrativo podría nacer viciado. El principio de legalidad exige que la decisión —aunque esté apoyada por un algoritmo— siga siendo jurídicamente imputable a la autoridad competente.
En el plano ético, el desafío es aún más delicado. La IA opera con datos, y los datos reflejan realidades sociales que pueden estar atravesadas por desigualdades. Un sistema entrenado con información sesgada puede reproducir discriminaciones invisibles. La opacidad algorítmica —esa “caja negra” que pocos comprenden— amenaza la transparencia que debe caracterizar a la gestión pública. Si el ciudadano no puede entender por qué se le negó un beneficio o se le impuso una carga, el derecho de defensa se debilita.
La ética pública exige algo simple y profundo: que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana. La IA debe ser herramienta, no sustituto del juicio responsable. Ningún algoritmo puede reemplazar la ponderación jurídica, la interpretación contextual y la sensibilidad social que demanda la función pública. La automatización sin supervisión humana erosiona la rendición de cuentas y diluye la responsabilidad política.
Desde la dimensión técnica, conviene recordar que la inteligencia artificial actual es limitada. No razona como un juez ni delibera como un legislador. Procesa patrones y probabilidades. Puede optimizar trámites, detectar anomalías o acelerar procesos repetitivos, pero no comprende el sentido normativo de la ley. Si se le confía más de lo que puede asumir, el error no será tecnológico, sino institucional.
Políticamente, la cuestión es todavía más profunda. La adopción masiva de IA puede reducir la discrecionalidad individual, pero también trasladar poder hacia quienes diseñan y controlan los sistemas. Surge el riesgo de una administración tecnocrática, donde las decisiones parecen objetivas porque provienen de un algoritmo, aunque sus criterios no hayan sido discutidos democráticamente. El ciudadano podría pasar de ser sujeto de derechos a simple usuario de un sistema automatizado.
Panamá necesita una conversación madura sobre este tránsito. No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de domesticarla jurídicamente. Es imprescindible avanzar hacia una regulación específica que establezca principios de transparencia algorítmica, auditorías independientes, protección de datos y responsabilidad clara en caso de errores. La innovación no puede caminar sin brújula normativa.
La modernización del Estado es necesaria. Un país que aspire a eficiencia, control fiscal robusto y servicios ágiles no puede ignorar la revolución digital. Pero el progreso auténtico no consiste en sustituir la ley por la velocidad, sino en armonizar tecnología y Estado de Derecho. La inteligencia artificial debe convertirse en aliada del principio de legalidad, no en su atajo.
En el fondo, la pregunta no es qué puede hacer la tecnología por la administración, sino qué límites debe imponerle la democracia. Allí se juega el futuro institucional del país. Porque un Estado verdaderamente moderno no es el que decide más rápido, sino el que decide mejor: con ley, con ética y con responsabilidad.
El autor es investigador de la Revista Contacto, auspiciada por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá.
