La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés) es la principal y mayor organización antifraude del mundo. Agrupa a especialistas, auditores, contadores y otros profesionales interesados en el tema.
Es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es servir a la comunidad mediante la expansión del conocimiento y la educación continua en temas vinculados a la prevención, detección, investigación y disuasión de fraudes, así como al combate a la corrupción. Desde 1996, la ACFE realiza cada dos años el mayor estudio mundial sobre fraude laboral, denominado Informe a las Naciones.
En la última encuesta, que abarcó ocho regiones geográficas, Asia Meridional presentó el mayor porcentaje de casos de corrupción (74%), mientras que Estados Unidos y Canadá registraron el porcentaje más bajo (35%). Estos hallazgos podrían reflejar factores como las normas culturales sobre la tolerancia a la corrupción, así como la existencia y eficacia de la legislación anticorrupción.
Los encuestados que aportaron información sobre su experiencia profesional indicaron, en su mayoría, que su ocupación principal es la de examinador-investigador de fraude (42%) o auditor interno (23%).
Por lo interesante del tema, comparto algunos datos del decimotercer y más reciente informe, basado en 1,921 casos de fraude ocurridos en 138 países y territorios, que ocasionaron una pérdida total superior a los 3,100 millones de dólares. Las empresas privadas fueron víctimas en el 42% de los casos, con una pérdida mediana de $150,000. Las empresas que cotizan en bolsa (26% de los casos) y los organismos gubernamentales (17%) también sufrieron una pérdida mediana de $150,000. En cambio, las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las ONG, representaron el menor porcentaje de casos (10%) y registraron la pérdida mediana más baja: $76,000. Las industrias más afectadas fueron banca y servicios financieros, gobierno y administración pública, y manufactura.
Estos son apenas algunos ejemplos del caudal de información que ofrece la encuesta de la ACFE, aplicables tanto a la corrupción gubernamental como a la del sector privado. Lo más impactante: las organizaciones pierden aproximadamente un 5% de sus ingresos anuales por fraude.
A pesar del desarrollo de técnicas avanzadas de detección, los soplos continúan siendo, por amplio margen, la forma más común de descubrir fraudes. Así ha ocurrido en cada informe desde 1996. En esta edición, el 43% de los casos se descubrió por denuncias, una cifra tres veces mayor que el siguiente método más frecuente: la auditoría interna. Por ello, para los auditores forenses, la notitia criminis resulta tan valiosa como una pista de auditoría: así como debemos seguir el dinero, también debemos seguir la noticia.
El estudio confirma que el riesgo de fraude también aumenta con el nivel educativo del perpetrador. Más de dos tercios de los estafadores tenían al menos un título universitario. Además, la mediana de las pérdidas aumentó en consonancia con el nivel educativo: los perpetradores con estudios superiores causaron pérdidas casi tres veces mayores que aquellos con menor formación.
Otro dato relevante: las pérdidas tienden a aumentar significativamente cuando más de una persona conspira. La mayoría de los fraudes del estudio (54%) fueron cometidos por dos o más perpetradores actuando en componenda. Además, la mayoría de los implicados tenía entre 31 y 45 años.
La mediana de duración de un fraude fue de 12 meses, lo que significa que, en promedio, pasa un año completo antes de que se detecte. Durante ese tiempo, el perpetrador puede estar mostrando señales de alerta que podrían ayudar a la organización víctima a descubrir el fraude.
Entre las señales de comportamiento más comunes antes de la detección del fraude se identificaron:
Vivir por encima de sus medios
Enfrentar dificultades financieras
Mantener una relación inusualmente estrecha con un proveedor o cliente
La encuesta también incluye alertas relacionadas con recursos humanos. Cada uno de estos factores puede generar estrés financiero o resentimiento hacia el empleador, lo que influye en la decisión de cometer fraude. El 45% de los estafadores exhibieron al menos una señal relacionada con recursos humanos antes o durante el periodo del fraude. Las más comunes fueron:
Malas evaluaciones de desempeño (14%)
Miedo a perder el empleo (12%)
Haber sido rechazado para un aumento o promoción (11%)
Solo el 57% de los casos analizados fueron remitidos a las autoridades para investigación y procesamiento penal. Entre las razones por las que algunas organizaciones no denunciaron los hechos se encuentran: considerar suficiente la sanción interna (49%), temor a la mala publicidad (34%) y acuerdos privados con los responsables (24%). Cualquiera sea el camino —acción legal, sanción interna o acuerdo—, las posibilidades de recuperar los fondos perdidos son limitadas. Desafortunadamente, las organizaciones con frecuencia no logran resarcirse.
Estos datos ofrecen una idea clara de dónde es más probable que ocurran los fraudes dentro de una empresa, cómo identificar señales de comportamiento sospechoso, quiénes suelen estar involucrados, cuál es el costo por organización, y qué papel juegan los controles internos. Todo esto puede servir como alerta ante riesgos que, tal vez, ya le resulten familiares.
El autor es auditor forense y examinador de fraude autorizado.
