En su reciente viaje a Perú, el presidente José Raúl Mulino fue condecorado –con el Gran Collar de la Orden El Sol de Perú– por la presidenta de ese país, Dina Boluarte. Además, acordaron estrechar lazos de lo más variopintos: deportes, desarrollo industrial, migración, cooperación técnica, turismo, y hasta aviación, informó la Presidencia. “En lo que a Panamá respecta –dijo Mulino–, nos tienen como un país amigo y socio del Perú”.
Menos mal que no decidieron nada sobre libertad de expresión, como veremos después. Boluarte dista mucho de ser dechado de buenos ejemplos. En poco más de dos años, ha acumulado siete investigaciones por presuntos delitos cometidos durante su mandato y, al menos, tres investigaciones más por hechos previos a su ascenso al poder. Esos casos incluyen procesos por la muerte de 49 personas en protestas en su contra en 2022 y principios de 2023 y enriquecimiento ilícito por supuestamente haber recibido joyas y relojes a cambio de aumentar el presupuesto a un gobierno regional.
A un año de las elecciones peruanas, y a solo tres días de que Mulino culminara su visita a Perú, Boluarte sancionó una ley –elaborada y aprobada previamente por el Congreso de ese país– que convirtió a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en arma de censura previa contra organizaciones de la sociedad civil y medios independientes. Esa ley obliga el registro obligatorio de esas organizaciones y medios ante el Gobierno (declarado inconstitucional en 2007), así como a la censura previa (contraria a la Constitución peruana y el ordenamiento internacional).
Si se viola, los infractores recibirían sanciones de hasta $700 mil, incluso los medios que investiguen sin consentimiento expreso del Gobierno. ¿Qué funcionario aprobaría una investigación periodística en su contra o contra el presidente de turno? Y de Boluarte, Mulino recibió honores. ¡Qué necedad! Empiezo a creer que el regalo equino que el presidente se trajo de allá tiene más valor que los honores que recibió si consideramos que de un plumazo Boluarte se convirtió a la tiranía violando una de las más valiosas libertades: la de expresión, un derecho por el que propio Mulino luchó en la Cruzada Civilista. Por principios, ni siquiera debió haber ido a recibir esos “honores” si es que es cierto que valora esa libertad que su anfitriona no ha dudado en pisotear y mangonear.
Lo que ha hecho Boluarte es consumar el sueño de un autócrata: controlar los medios de comunicación, en especial, los independientes. La razón es obvia, y eso siempre ha sido así. Silvio Berlusconi, para poner un ejemplo, fue un poderoso empresario de medios, que abiertamente los utilizó para favorecer la imagen y gestión de sus gobiernos, tal como también lo hizo Ricardo Martinelli que, imitándolo, se hizo de periódicos y medios electrónicos, como si la ley no existiera para él. Y no ha sido el único, incluso ha habido dueños que entregaron sus medios a los gobiernos de turno a cambio de beneficios, como publicidad, principalmente. Pero el monopolio de los medios se rompió. Ahora proliferan los sitios de noticias en línea y los influencers, algunos sin proponérselo. Pero hay muchos otros que le sacan provecho, por acción u omisión. Por ejemplo, durante las protestas contra la minería en 2023, algunos “comunicadores” e influenciadores optaron por la autocensura y el silencio –o sea, omitieron sus opiniones– mientras otros la defendieron actuando a su favor. Algunos convencidos legítimamente de lo que hacían, pero muchos más convencidos con argumentos que pueden ser depositados en un banco. Y tanto vale la acción de defender como la inacción y el silencio.
Eventualmente, nos damos cuenta del patrón de comportamiento de estos personajes y los vamos descartando. Lo mismo le ocurre a un medio formal, cuando es convertido en instrumento de propaganda o herramienta para difamar y descalificar o para la lisonja y el argumento fácil para complacer el poder. Llevar a un medio a tal extremo no es poca cosa: en eso se juega la vida. Y de eso sobran ejemplos, tanto recientes como lejanos.
Esa ley desatará en Perú una encarnizada lucha por la libertad de expresión, un combate entre lo correcto y lo que obliga una ley hecha para legalizar lo ilícito y amoral, hecha a la medida de los insanos apetitos de Boluarte. Se que, contrario a lo que muchas veces ocurre en Panamá, los medios independientes peruanos lucharán contra su tiranía; no se arrodillarán ni por la plata ni por esa ilegítima ley que esconde los intereses puramente personales de los poderes político y económico.
