La descentralización del Estado implica transferir poder y recursos a los gobiernos locales para que sean estos quienes tomen decisiones clave y atiendan las necesidades prioritarias de sus comunidades. Su efectividad depende de una correcta implementación. La ausencia de supervisión y la gestión poco clara pueden, en lugar de reducir desigualdades, agravar la situación si no se administran adecuadamente. Cuando la descentralización se aplica correctamente, mejora la gobernanza local y aumenta la eficiencia institucional.
La transferencia de competencias a los gobiernos locales favorece una mayor autonomía, permitiendo que las decisiones se ajusten a las particularidades de cada región. Esto se traduce en una gestión más eficaz de servicios públicos como la educación, la salud y la seguridad, dado que las autoridades locales conocen de cerca las prioridades y urgencias de la población. Además, la adaptación de políticas a condiciones específicas reduce la burocracia y agiliza la respuesta institucional, especialmente en zonas alejadas o históricamente poco atendidas por el gobierno central. Al involucrar a los gobiernos locales en la toma de decisiones, se fomenta la participación ciudadana, fortaleciendo la democracia y promoviendo el compromiso social con las políticas públicas. Esta participación debe ser auténtica y efectiva; en ocasiones se simulan reuniones o no se contabilizan debidamente los votos de la comunidad, con el fin de aprobar o rechazar proyectos de manera meramente formal.
La descentralización también contribuye a minimizar la concentración del poder y a disminuir los riesgos de corrupción. No obstante, el caso panameño demuestra que la corrupción puede representar un desafío relevante si no se establecen controles claros y sanciones contundentes para el mal manejo de recursos. Este desafío subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión.
En Panamá persisten desafíos específicos: corrupción, deficiencias en la rendición de cuentas, limitaciones en la capacidad administrativa y carencias en habilidades de gestión local. Estas carencias no eximen al rol de la administración central, ya que, en muchos casos, los recursos transferidos resultan insuficientes para cubrir las necesidades locales. Por ello, resulta fundamental fortalecer la Autoridad Nacional de Descentralización, no solo para agilizar procesos, sino también para garantizar una supervisión efectiva que incluya sanciones en caso de mal manejo de recursos. Asimismo, las juntas comunales y los municipios deben contar con sitios web actualizados u otras herramientas digitales donde se publiquen de manera accesible y ágil los contratos, pagos, licitaciones, concursos públicos y demás información relevante para la comunidad. Esta información debe estar disponible al público, pues no se pueden seguir otorgando recursos si los municipios y juntas comunales no la hacen pública.
Es relevante considerar que la función de la Contraloría debe abarcar tanto la evaluación del manejo financiero como el cumplimiento de indicadores sociales y de infraestructura, siguiendo ejemplos como el modelo colombiano del “Sistema General de Participaciones”. Dicho modelo contempla sanciones administrativas y, en situaciones graves, la intervención directa de la Contraloría en la gestión local. Su propósito es recopilar evidencia sobre las desigualdades territoriales existentes y destacar la importancia de fortalecer capacidades locales antes de otorgar nuevas competencias. De este modo, se busca ejercer un control oportuno y efectivo de los fondos transferidos, evitando depender únicamente de auditorías realizadas por gobiernos recién electos para verificar la adecuada gestión de los recursos.
De manera análoga, el caso argentino ejemplifica un modelo en el cual la administración central no solo asume la responsabilidad de verificar la legalidad de las cuentas municipales, sino que además exige a nivel local la existencia de oficinas de control interno en los municipios y la publicación obligatoria de informes de gestión en portales de acceso abierto, facilitando así la supervisión ciudadana. En Chile, al igual que en Panamá, la fiscalización está descentralizada mediante la Contraloría General de la República, entidad que supervisa tanto al gobierno central como a las municipalidades y servicios regionales. Pero cuentan con contralorías regionales que emiten reportes periódicos de auditoría sobre proyectos y tienen la facultad de solicitar correcciones o imponer sanciones administrativas ante la detección de irregularidades; a diferencia de Panamá, estas oficinas locales tienen una mayor responsabilidad. Por su parte, Perú y Ecuador han fortalecido sus contralorías nacionales implementando modelos de “control concurrente”, donde la Contraloría General revisa en tiempo real la ejecución de obras y servicios, habilitando mecanismos de participación ciudadana, tales como plataformas de datos abiertos para fomentar el escrutinio público de la inversión estatal.
Para hacer la descentralización más efectiva, es imprescindible que las autoridades electas y los funcionarios locales participen en programas de capacitación obligatoria que mejoren sus habilidades en administración, planificación, gestión financiera y estrategia. Al mismo tiempo, se deben implementar auditorías regulares y publicar informes financieros en plataformas abiertas, lo cual contribuirá a combatir el clientelismo político y a asegurar que los fondos públicos beneficien efectivamente a la ciudadanía. Panamá debe fortalecer los controles y capacidades locales, mejorar la transparencia y la supervisión ciudadana, así como impulsar la fiscalización en tiempo real y la transparencia digital, aprendiendo de otros modelos para optimizar la supervisión.
De esta forma, la supervisión se configura como un sistema integral compuesto por organismos fiscalizadores, marcos legislativos de responsabilidad fiscal y herramientas digitales de transparencia, orientado a salvaguardar la descentralización y fortalecer la gobernanza local.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
