“Para 2021, de los 36 países que conforman la región de América Latina y el Caribe, solo 12 habían estado trabajando en estrategias de transformación digital e inteligencia artificial” (Inteligencia Artificial en Latinoamérica, Windfried Weck).
La primera propuesta presentada en la Asamblea Nacional para regular, hasta cierto punto, la Inteligencia Artificial (IA) fue el Anteproyecto 014 de 2023, impulsado por participación ciudadana. En su primera presentación, el proyecto no avanzó al primer debate, pero posteriormente fue presentado nuevamente.
Por parte de los diputados, el Anteproyecto 149 de 2023 fue el primero en ser propuesto. Para entonces, las herramientas de OpenAI nos maravillaban y asustaban por igual. Este proyecto tenía un enfoque orientado a fomentar la inversión en IA antes que a regular su uso. Para este último aspecto, contemplaba la creación de una comisión especializada encargada de dictar y actualizar las regulaciones correspondientes. En ese momento, no existía una legislación clara sobre la materia ni un conocimiento profundo sobre los efectos de la regulación en el desarrollo de la IA. No obstante, este servidor, al redactar dicho proyecto, priorizó la atracción de inversión por encima de los aspectos técnicos. A nuestro parecer, la IA evoluciona a un ritmo tan acelerado que podría dejar obsoletas las regulaciones rápidamente. Sin embargo, como el tiempo ha demostrado en múltiples ocasiones, las empresas que entrenan IA sin regulación suelen valerse de toda clase de violaciones a la propiedad y a la identidad para mejorar sus modelos. Este proyecto quedó sin efecto con el cierre de la última legislatura.
Evolución de las propuestas
Tras las elecciones, el Anteproyecto 014 de 2023 fue presentado nuevamente, ahora como Anteproyecto 162 de 2024, esta vez por intermedio de un diputado. En su nueva versión, incorporó un conjunto más amplio de regulaciones técnicas y éticas, convirtiéndose en un proyecto mucho más completo y profundo que la propuesta original. Su discusión ha avanzado en los foros parlamentarios hasta alcanzar el primer debate.
El más reciente en ser propuesto ha sido el Anteproyecto 339 de 2025, que, aunque comparte ciertas similitudes con el anterior en términos de técnica legislativa, introduce nuevas disposiciones. Entre ellas, destaca la restricción del uso de IA a menores de 18 años, una medida que podría resultar excesivamente restrictiva e incluso contraproducente, considerando la importancia de integrar estas herramientas en el sistema educativo. En lugar de prohibiciones, lo ideal sería familiarizar a los jóvenes con estas tecnologías y concienciarlos sobre su uso responsable.
Otro punto relevante de este anteproyecto es la obligación de reubicar a los empleados reemplazados por IA durante un período de seis meses antes de proceder con cualquier decisión en materia laboral, lo que, en la práctica, equivale a un fuero de estabilidad temporal.
Además de estos proyectos, la IA ha sido mencionada en diversas ocasiones en otros proyectos de ley sobre distintos temas, desde medicina hasta delitos informáticos, lo que refuerza aún más la necesidad de desarrollar una legislación integral que aborde esta tecnología de manera estructurada.
Hacia una regulación estratégica
La legislación panameña sobre inteligencia artificial debe considerar tres factores clave:
Los acuerdos internacionales en la materia.
Las leyes pioneras de otros países occidentales.
Una agenda clara del Órgano Ejecutivo respecto a su regulación y promoción.
La discusión legislativa debe aspirar a seguir el ejemplo de los países que lideran los principales índices de desarrollo en IA, comprendiendo el papel de Panamá dentro de esta industria y evitando regulaciones excesivas que obstaculicen su aplicación y crecimiento. Solo así podremos integrar a Panamá en el grupo de países latinoamericanos preparados para la próxima gran revolución tecnológica.
El autor es consultor en temas legales, parlamentarios y políticos.
