Las normas de convivencia pública dependen de nuestro comportamiento respecto de ellas. En consecuencia, condicionar nuestra conducta en cualquier sentido depende de que tanto gobernantes como gobernados entendamos lo valioso que poseemos y lo pernicioso que se está incubando aquí, día tras día.
Sobre esto, hace poco comentaba con un destacado dirigente civilista lo fútil que resulta expresar opiniones, observaciones y críticas objetivas sobre temas nacionales. Existe el riesgo de que ni las lean ni las escuchen los destinatarios que detentan poder, porque se consideran sobradamente ilustrados y no las requieren, o recelan del comentarista y lo ven como enemigo. Grave error: las ideas, juicios o conceptos —sean institucionales o individuales— deben considerarse aliados de todo gobierno u organización en la búsqueda de objetivos públicos o gremiales beneficiosos. Es sabido que, fuera de ambientes artificiales, se perciben cosas que no se destacan a simple vista.
A pesar del riesgo que implica singularizar materias, sugeriría que resulta tan dañino disimular, aminorar o camuflar la trascendencia de los asuntos de Estado recientemente disputados, como lo es utilizar la mentira y la violencia callejera para generar miedo con fines políticos. Lo ocurrido en las calles —grave perturbación del orden público, daños a la propiedad ajena, ruina de los productores nacionales y riesgo para vidas humanas— es un motín social planificado que atenta contra la Constitución y la economía social. Se trata de acciones ilegales, ajenas al marco del Código de Trabajo, de los estatutos sindicales y de las asociaciones laborales. En verdad, lo que presenciamos es una estrategia cínica y voraz, dirigida a crear un caos institucional en el país. Evidentemente, no están argumentando, ni defendiendo, ni mejorando normas laborales o condiciones de trabajo, y mucho menos promoviendo la justicia social.
En Panamá no existe una diferenciación social estructural, y hay mecanismos de defensa jurídica para presentar quejas y alegatos sobre barreras, prejuicios o discriminación personal. Lo que se observa, entonces, es un intento por conservar privilegios, lograr poder político y mantener la marginación de sectores importantes de la sociedad. Es su manera de profundizar desigualdades que les sirvan de bandera. Cierto es que los problemas sociales de nuestra nación son conocidos y siguen siendo preocupantes, pero la censurable permisividad con la corrupción y con los malos gobiernos no ha impedido que amplios sectores sociales se hayan esforzado en fomentar el bienestar general. Mas, para los amotinados, nada sirve mejor que mantener abiertas las heridas existentes y producir nuevas; si no las hay, ellos pierden su razón de ser. Sus enemigos son los que curan las heridas.
Esta nueva hostilidad no es para nada ingeniosa; deliberadamente entremezcla varios temas para afectar simultáneamente todo el tejido social y ver cuál de ellos prende mejor. En consecuencia, genera estragos por donde pasa y, al final, produce la decadencia de la sociedad en su conjunto.
Estamos aventurándonos entre la tolerancia de la ilegalidad y el abandono de los procesos institucionales: autoridades oficiales demasiado prudentes en el resguardo del orden de convivencia, y ciudadanos comunes claudicando ante la negación de la verdad y la aceptación de sesgos que lesionan nuestra dignidad nacional. Todo lo que hoy reina en el ambiente se inclina hacia objetivos destructivos.
Termino con una plegaria: quisiera ver a nuestra nación digna y respetada, con plena armonía entre sus componentes, con equilibrio real en sus instituciones, sin contradicciones sociales ni jurídicas, sin privilegios, y con cada cual cumpliendo sus responsabilidades cívicas. Anhelo, también, que la disensión educada y respetuosa sea un motor de cambio, y no hostilidad entre unos y otros. Repito: disentir pública y democráticamente, con fundamento, jamás será fuente de inestabilidad; es, en verdad, la alternativa al desgarro del entorno social.
El autor fue embajador ante las Naciones Unidas.
