William Beveridge, economista y reformista británico, identificó cinco grandes males que debían ser erradicados para construir una sociedad más justa y próspera: la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y el desempleo. Su propuesta, plasmada en el célebre Informe Beveridge de 1942, planteaba que el Estado debía asumir el liderazgo en la seguridad social, liberando a los ciudadanos y a las empresas de esa carga para aumentar la productividad. Eso sí, advertía que debía ir acompañada de una administración pública eficiente.
Este pensamiento no es socialista, ya que se enfoca en sostener la productividad de un país mediante la eliminación de las preocupaciones y desafíos que afectan a los individuos. La idea es sencilla: con una red de seguridad sólida, las personas estarán más motivadas a trabajar y mejor preparadas para afrontar los imprevistos. Una vez que esa red se ve afectada, limitada o eliminada, los cinco grandes males que Beveridge describía resurgirán, y la productividad comenzará a caer, hasta desembocar en sociedades menos saludables, menos educadas, menos trabajadoras y más desmotivadas.
En este contexto, Panamá enfrenta el desafío de encontrar una vía propia. Inspirarse en el modelo de la “tercera vía” británica —impulsado por Tony Blair— podría ser una alternativa, no necesariamente por sus políticas específicas, sino por su estructura: una búsqueda de consensos y principios compartidos para tomar decisiones políticas y económicas más sensatas. La realidad es que Panamá no está preparada para debates ideológicos extremos. La República se encuentra en un estado de desfallecimiento público y social que nos impide sacar provecho a las discusiones entre izquierda y derecha. La única opción es resolver los desequilibrios y deficiencias de nuestra democracia.
Revivir el espíritu reformista de la tercera vía puede ayudarnos a reconciliar una sociedad dividida. Pero esto no se logrará con más mesas tripartitas vacías, sino con conversaciones profundas sobre la estructura social y la reeducación cultural de los ciudadanos, para que participen en la transformación que el país necesita con urgencia. Aunque algunas críticas califican a la tercera vía como ambigua, lo cierto es que cualquiera de los dos extremos socioeconómicos sería perjudicial para Panamá.
Antes de enfocarnos en disputas ideológicas, debemos sentar las bases para que el país se convierta en uno con más oportunidades y menos corrupción. Ni comunismo ni capitalismo salvaje. Las libertades individuales no deben ser comprometidas ni por el Estado ni por el sector privado. Sin embargo, hoy Panamá se encuentra sumido en un discurso que, más que proponer soluciones, busca atacar y luego imponer “ocurrencias” disfrazadas de ideas. Tristemente, tenemos un puñado de políticos ineptos que sienten el derecho de gobernar tan solo porque así se lo han hecho creer unos cuantos.
Allí se refleja la falta de unidad en nuestra sociedad: una parte importante de la población cree cualquier información que recibe y defiende hasta a los corruptos más peligrosos para la democracia, la justicia y el orden institucional.
Una nueva vía, aunque parezca inalcanzable, debe enfocarse en estimular el pensamiento crítico de las masas, para que puedan pensar por sí mismas. Eso debe lograrse mediante una reforma educativa profunda, no solo en la educación básica, sino también en la superior. Corrientes ideológicas como el marxismo podrían argumentar que no hay alternativa para mejorar la sociedad más allá de la suya; sin embargo, esa es precisamente la narrativa que debemos combatir. Ni el capitalismo salvaje ni el marxismo-leninismo han logrado erradicar la desigualdad económica ni superar la limitación cognitiva que mantiene a muchos países en el subdesarrollo. Los panameños necesitamos cuestionar, entender y decidir por nosotros mismos.
Más recursos no salvan a un país sin liderazgo
Una vez se corrijan las riendas del pensamiento y el sentido crítico de la sociedad, tendremos la capacidad, como nación, de enfocarnos en sanar estructuralmente los pilares político-económicos de la República. Nuestro sistema electoral se verá impactado positivamente por una sociedad informada, menos manipulable y menos polarizada.
La reevaluación de lo que estamos haciendo —para corregir lo que está mal y perfeccionar lo que va bien— nos hará ver la viabilidad económica de una nueva forma de hacer política: la libertad ciudadana.
Tanto un sistema de bienestar social como el bienestar laboral son indispensables para la salud del mercado y de la economía. Sin caer en un excesivo intervencionismo, es posible garantizar los derechos necesarios de los trabajadores mediante el fortalecimiento del sistema de justicia, haciendo que todos seamos iguales ante la ley, sin privilegios para quienes tienen poder económico o político.
No obstante, cualquier reforma debe considerar la productividad nacional, para garantizar una responsabilidad mutua entre trabajadores y empleadores. Panamá ha sido gobernada por administraciones improvisadas, con planes partidistas que expiran en el último año de gestión. Además, la falta de una teoría económica que respalde nuestras acciones e inacciones contribuye a esta improvisación.
La cohesión social —junto con el acceso equitativo a oportunidades— es un pilar de la tercera vía. Para lograrla, debemos reducir la corrupción en nuestra sociedad, hasta mitigar su impacto en nuestra forma de pensar. La corrupción no es exclusiva de la clase política; se extiende a gran parte de la élite empresarial, que ha contaminado la administración pública.
Las alianzas público-privadas, el conservadurismo fiscal y la integración de responsabilidades individuales e igualdad de oportunidades formaron parte del legado de Tony Blair. No obstante, el debate sobre estas políticas puede volverse conflictivo cuando se abordan temas de inclusión económica. No hay mejor forma de inclusión que brindar herramientas a los ciudadanos para que puedan aspirar a la vida que desean, no a través de subsidios sin objetivos claros.
Las políticas que mejoran la economía y la calidad de vida no deben lealtad a ninguna teoría política. Para devolverle la confianza ciudadana al Estado, debemos repensar cómo funciona la justicia en Panamá.
La inversión extranjera es imprescindible para el desarrollo continuo del país. Por ende, se requieren políticas regenerativas que devuelvan el sentido común a los debates públicos y a la acción gubernamental.
Panamá necesita, gradualmente, reformas que permitan la creación de una Corte Constitucional, rompiendo así con la estructura triangular actual, donde los tres órganos del Estado evitan juzgarse entre sí, perpetuando la impunidad y el blindaje político.
Hoy, con la posible explotación de hidrocarburos en el Caribe panameño, la pregunta es inevitable: ¿podemos confiar en esta clase política para administrar esos recursos? La historia reciente sugiere que no. Ni los ingresos del Canal ni el auge del sector servicios han reducido la desigualdad, mejorado la educación o sacado al país del subdesarrollo.
No importa si explotamos veinte yacimientos más de cobre, construimos nuevos canales o descubrimos reservas de gas o petróleo. Si seguimos con el mismo pensamiento conformista y con la misma clase política, estaremos condenados a más corrupción, más ineficiencia y más despilfarro.
Panamá no necesita más recursos: necesita un cambio de conciencia, liderazgo íntegro y ciudadanía crítica.
El autor es internacionalista.
