Los chinos nos calificaron de estar en un “servilismo sin agallas”, reprimenda esta que tenemos bien merecida, pues es el reflejo fiel de las actuaciones de nuestros mandatarios que, si midiéramos sus decisiones en el termómetro de un “arrastrómetro”, el mismo explotaría. Por otro lado, nos tienden la mano al salir a defendernos, afirmando que “Panamá no es el patio trasero de ninguna gran potencia”, lo que internacionalmente indica el respaldo que Panamá tiene por parte de la República Popular de China. Adicionalmente, expresan: “Sembrar discordia en las relaciones China-Panamá no tiene ni tendrá apoyo alguno y está condenado al fracaso”.
Ese refrán “Cada país tiene el gobernante que se merece” me rehúso a creer que sea aplicable a Panamá, y no nos merecemos la gobernabilidad tenebrosa que tenemos, cuyo modus operandi se basa en el oscurantismo y el servilismo en todos sus niveles. Bunau-Varilla se ha quedado chico con los imitadores criollos que tenemos. Es difícil saber si el Mero Mutis todavía tiene un cogobernante que lo ayuda a “regentar”, pero lo que cada vez es más beligerante es la intromisión en la soberanía de nuestro país del gobierno foráneo de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo?
Debemos empezar a pensar fuera de la caja cuadrada y buscar alternativas que nos sitúen y mantengan positivamente en los umbrales internacionales, y no como lo que está pasando ahora, que estamos en una guerra geopolítica como espectadores. El Canal, por su posición geográfica, ha sido, es y será motivo de controversia por su titularidad, a pesar de que exista un Tratado de Neutralidad, al cual no se ha podido adscribir China y que tiene cláusulas nefastas que posibilitan al desquiciado intervenir para su defensa, cuando el mayor generador de peligro es el propio que quiere defendernos.
Me he caracterizado por promover ideas extremas, como fue la de cambiar el año fiscal de la República al 30 de septiembre de cada año, en lugar del calendario que actualmente se encuentra vigente. Pensé, y todavía pienso, que tendría grandes bondades, pues en lo que sería el nuevo primer semestre (octubre a marzo), el Estado recibiría la mayor parte de los ingresos tributarios, incluyendo los aportes de la ACP, y sabría a ciencia cierta el monto de sus recaudaciones, y así gestionaría responsablemente la administración de recursos. La elaboración del presupuesto de la Nación y las instituciones se simplificaría, ya que pudieran tener una mejor visión del primer semestre que, como incluye el verano, todo lo relacionado con obras e infraestructura podría ser planificado tres meses antes de que llegue el mismo. Se terminaría la excusa de la falta de reparación de las escuelas, ya que se contarían con las licitaciones y estudios tres meses antes de que empiecen las vacaciones escolares. Solo como indicativo: la ACP tiene un año fiscal que termina el 30 de septiembre de cada año.
En fin, esa idea dio vueltas, y aunque tuvo muy buena acogida, no prosperó por la intromisión de un contralor de la época que se opuso al calificarla como: “El hecho de que me cambien la fecha de pago no me resuelve nada”.
Nuevamente lanzo al aire una propuesta, en una etapa muy incipiente, que pudiera contribuir a solucionar muchas de las aristas que existen en esta guerra geopolítica de nuestro Canal, y que a la vez pudiera servir de un influjo de fondos para nuestra economía. Pensemos en “corporizar” la Autoridad del Canal de Panamá y convertirla en una sociedad anónima que llamemos Canal Pro Mundi Beneficio, como el lema de nuestro escudo nacional, que emita acciones o participaciones para ser vendidas por el Estado, con ciertas restricciones en la tenencia, como que solamente podrían ser adquiridas por gobiernos, fondos soberanos o empresas en el ámbito naviero, y con una participación máxima entre el 2% o 3%, para que sea una entidad sin nacionalidad predominante. Se estructuraría una junta directiva internacional de libre elección entre los accionistas, sin referencia alguna a los nombrados a dedo que actualmente existen y no aportan nada. Estas participaciones o acciones podrían denominarse en alguna moneda fuerte que no tenga fluctuaciones en el mercado mundial y listarse en una bolsa que no tenga intervenciones estatales.
Habría que determinar el valor financiero de los activos tangibles e intangibles, incluyendo revalorizaciones de activos, que —haciendo un estimado sacado del sombrero— pudiera ser de unos quinientos mil millones de dólares (500 billones según nomenclatura estadounidense), que sería el capital aportado por el Estado a la empresa Canal Pro Mundi Beneficio. Si se le asigna un valor de mil millones de dólares (1 billón) a cada acción, la empresa pudiera tener, en teoría, un máximo de 500 accionistas, salvo la cantidad que Panamá opte por conservar. Inclusive, las mismas pudieran ser pagadas con intercambio de deuda externa que tiene Panamá, que actualmente rondaría 11% de la emisión total de las acciones.
Esta idea es como la punta del iceberg, y solamente una base para desarrollarse, si es que pudiera tener acogida y no me catalogan como “otro desquiciado” como el del norte. Claro que existirían retos y cambios significativos en todas las instancias, pero ¿existirá la voluntad de explorarlo?
El visitante indeseable parece no entender que el mayor peligro para la seguridad del Canal son ellos mismos, los gringos, que no tienen verdaderos aliados, sino enemigos en todo el mundo. Esa patraña de que, en sociedad y con Panamá a la cabeza, van a recuperar el Canal de manos de los chinos es absurda. Tampoco entienden que el Canal siempre ha sido de Panamá y que nunca ha existido influencia china en su operación. Todo esto huele más bien a la instalación de “lugares de larga estancia” para su gran y todopoderoso ejército en nuestro suelo.
¿No les parece que, si esto fuera un acuerdo liderado por Panamá, quien debería haber dado la noticia sería el mismísimo Mero Mutis?
¡Convirtamos a Panamá en un verdadero país Pro Mundi Beneficio, pero sin gringos de por medio!
El autor es ciudadano.
