Panamá es con frecuencia citado como uno de los países con mayor desigualdad en América Latina y, en algunas clasificaciones, incluso a nivel mundial. Según el coeficiente de Gini, herramienta comúnmente utilizada para medir la desigualdad de ingresos, Panamá figura entre los seis países más desiguales del planeta. Sin embargo, esta cifra puede resultar engañosa si se analiza sin considerar el contexto real de la economía panameña.
A simple vista, la desigualdad se refleja en la concentración de riqueza en sectores urbanos, mientras persiste la pobreza extrema en zonas rurales e indígenas. No obstante, sería un error ignorar el crecimiento sostenido de la clase media, especialmente visible en la ciudad de Panamá y sus suburbios. Esta clase media en expansión representa una mejora significativa en el nivel socioeconómico general del país y constituye un indicio claro de progreso.
Panamá también registra el ingreso per cápita más alto de América Central y el salario mínimo más elevado de la región, factores que no deben pasar desapercibidos al evaluar el bienestar económico de su población.
El coeficiente de Gini, aunque ampliamente utilizado, tiene limitaciones importantes para evaluar con precisión la realidad panameña. No toma en cuenta los ingresos del sector informal, que representan un alto porcentaje del empleo en países en desarrollo, ni formas de riqueza no monetarias, como la posesión de tierras, el acceso a recursos naturales o la vivienda propia con hipotecas subsidiadas.
Asimismo, este índice no refleja los efectos positivos de políticas públicas y programas sociales. Subsidios estatales, becas y el acceso gratuito a servicios de salud o educación contribuyen a reducir las brechas sociales, pero no se contabilizan en la fórmula. Además, como medida relativa, puede arrojar señales contradictorias: aumentar aunque todos los sectores mejoren sus ingresos, o disminuir aunque los más pobres se empobrezcan, siempre que la brecha relativa entre grupos se reduzca.
Si bien la Ciudad de Panamá y su entorno muestran signos evidentes de prosperidad, las comarcas indígenas y algunas zonas rurales siguen atrapadas en círculos de pobreza. Parte del problema radica en que estas comunidades no han podido aprovechar el potencial económico de sus territorios. Muchas de estas regiones están asentadas sobre tierras ricas en minerales, con oportunidades agroindustriales o ecoturísticas que podrían transformar sus economías locales. Sin embargo, la falta de integración a los mercados, de acceso a capital, infraestructura y educación limita su progreso.
Esta es una disyuntiva que merece un análisis profundo. Es preferible —aunque suene paradójico— un país con alta desigualdad y altos ingresos promedio que uno con baja desigualdad y bajos ingresos para todos. La desigualdad no es sinónimo de pobreza. En Panamá, muchas personas viven hoy mejor que hace veinte años, aunque la brecha entre quienes más y menos tienen pueda parecer amplia.
La clave está en impulsar un crecimiento inclusivo. Si la clase media continúa fortaleciéndose y se logra integrar a las regiones marginadas al circuito económico nacional, la desigualdad podrá reducirse de forma más efectiva que con simples transferencias o aspiraciones igualitaristas mal enfocadas.
Panamá enfrenta retos en la distribución de la riqueza, pero también cuenta con avances y fortalezas estructurales. Juzgar su situación únicamente con el índice de Gini es injusto y reduccionista. El verdadero desafío consiste en aprovechar el crecimiento económico para ampliar la clase media, integrar a las comunidades excluidas y fomentar el uso responsable y productivo de los recursos naturales. La desigualdad no debe medirse solo por lo que separa a unos de otros, sino también por las oportunidades reales de progreso que el país puede ofrecer a todos sus ciudadanos.
El autor es promotor de proyectos.
