La participación de un país en PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) no debería depender de una decisión presupuestaria ni del criterio de una gestión. Debería ser una política de Estado, blindada institucionalmente como lo están otras obligaciones con organismos internacionales. Cuando se convierte en una variable discrecional, el costo no lo paga el gobierno que decide retirarse. Lo pagan los estudiantes, los docentes y la ciudadanía que financia el sistema sin poder saber cómo funciona.
PISA se aplica cada tres años. Esa ciclicidad no es arbitraria. Permite construir series históricas comparables. Saltarse un ciclo no equivale a perder una fotografía. Equivale a romper la película. Los datos faltantes crean un vacío analítico que ninguna prueba alternativa puede llenar retroactivamente. Cuando un país regresa después de una ausencia, no retoma la serie: empieza casi de cero. No puede demostrar si mejoró, ni en qué medida, ni gracias a qué políticas. Pierde lo que más necesita: evidencia. Por eso, la participación en PISA no puede seguir siendo una decisión que cada administración toma o deshace a discreción. Debe estar consagrada como compromiso institucional permanente.
El 28 de marzo de 2026, el Ministerio de Educación anunció que Panamá retornará a PISA en 2029. La noticia merece celebrarse. También merece analizarse con objetividad: la bienvenida rectificación llega después de haberse pagado el precio de la ausencia. Panamá no participó en el ciclo 2025, cuyos resultados el mundo comparará en los próximos años. Es una página en blanco. En educación, las páginas en blanco tienen consecuencias que van mucho más allá de un gobierno o de una gestión.
La retirada de 2025 no fue la primera. Panamá tampoco participó en el ciclo de 2012. El argumento central que justificó la decisión más reciente fueron los recursos necesarios versus invertir en las transformaciones curriculares en marcha. Se aseguró, además, que la prueba ERCE (Estudio Regional Comparativo y Evaluativo) de la UNESCO resultaba más adecuada para diagnosticar las fallas del sistema panameño. Ninguna evaluación alternativa puede sustituir lo que PISA ofrece: una mirada externa, estandarizada y comparable con el mundo.
Los países que más han avanzado no son los que obtienen los mejores puntajes. Son los que nunca dejaron de medirse y aprendieron de quienes lo hacían mejor. Polonia partió de resultados magros. En lugar de apartarse del espejo, lo usó. Analizó los sistemas que superaban al suyo; identificó brechas concretas; y diseñó una reforma curricular sostenida que le permitió escalar hasta situarse entre los mejores de Europa. Perú hizo lo mismo: lleva dos décadas de participación ininterrumpida, comparando ciclo a ciclo su evolución. Hoy es reconocida por la OCDE como uno de los pocos países en desarrollo con trayectoria ascendente consistente. Panamá debería seguir ese mismo camino: usar el regreso a PISA no solo para medirse, sino para estudiar sistemáticamente esos casos de éxito, comparar políticas y emular lo que funciona.
Panamá ha participado de manera intermitente desde 2009, saltándose los ciclos de 2012 y 2025. Dos ausencias que no son anécdotas. Son un patrón. Mientras esa participación dependa del presupuesto disponible o de la convicción de un funcionario, el patrón se repetirá. La solución no es solo anunciar el regreso: es garantizar institucionalmente que no haya más salidas.
La decisión de volver es correcta, pero deja traslucir una paradoja. Si se necesita preparar el sistema antes de evaluarlo, la evaluación deja de ser parte del proceso de mejora para convertirse en su escaparate. PISA debería ser el espejo continuo de la reforma, no su ceremonia de graduación.
Regresar en 2029 tiene sentido solo si viene acompañado de un marco institucional que haga irreversible esa decisión. Requiere que los resultados —sean buenos o malos— se publiquen, se analicen y se usen para diseñar políticas. La transparencia en educación no es una opción. Es el derecho fundamental de una ciudadanía que financia el sistema y merece saber cómo funciona.
Los estudiantes panameños no pueden seguir pagando el costo de nuestra intermitencia. Bienvenido el regreso. Ahora hay que blindarlo.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (FUDESPA).
