En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad —o seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (STIC)— se ha convertido en un factor crítico para proteger los activos estratégicos de los países: desde las infraestructuras críticas hasta los datos ciudadanos, pasando por los sistemas sanitarios, industriales y financieros, entre otros. Esto es especialmente relevante en un momento como el actual, en el que se observa, desde hace varios años, un importante incremento de las amenazas en el ciberespacio.
Estas amenazas reflejan una tendencia creciente en la frecuencia y complejidad de los ciberataques a nivel mundial, lo que subraya la necesidad de contar con estrategias de ciberseguridad más robustas y adaptativas.
En 2024, el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia de España, gestionó más de 177 mil incidentes de seguridad, un incremento del 64% respecto al año anterior. De esos incidentes, más de 350 fueron catalogados como críticos por su impacto y alcance. Ese mismo año, cada tres días se registró un ciberataque considerado muy grave. Desde 2015, los ciberataques han aumentado un 300%.
Sin duda, el panorama de amenazas es cada vez más complejo y disruptivo. Las tácticas, técnicas y procedimientos empleados por los actores maliciosos son cada vez más sofisticados para comprometer la seguridad e integridad de sistemas y dispositivos. Los objetivos varían según el atacante y la víctima, pero entre las motivaciones más comunes figuran el espionaje, el robo de información, el beneficio económico mediante secuestro de datos, la desestabilización democrática, la polarización social o la simple paralización de servicios esenciales.
Ante este escenario, todos los Estados deben entender la ciberseguridad como un pilar fundamental de la confianza ciudadana y de la estabilidad institucional, sobre todo en esta época de transformación, en la que organizaciones e instituciones están digitalizando sus servicios y activos. La expansión de las infraestructuras digitales, la evolución del contexto geopolítico y los desafíos que presentan tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la computación cuántica exigen una mayor protección de la información y de los servicios, especialmente los considerados críticos.
Por este motivo, el Gobierno de España ha aprobado un refuerzo de las capacidades nacionales en ciberseguridad y ciberdefensa mediante una inversión de 1.157 millones de euros. Este conjunto de actuaciones permitirá mejorar capacidades en todo el espectro: desde la prevención, detección y protección, hasta la respuesta y recuperación ante incidentes.
La conectividad digital representa una ventana de oportunidades para todos los países, pero también los expone a riesgos que deben ser gestionados de forma estratégica y colaborativa. La construcción de un ecosistema nacional de ciberseguridad sólido, robusto y resiliente es indispensable para proteger la soberanía digital y garantizar el desarrollo económico y social en la era digital.
Panamá también es consciente de estos desafíos y está ejecutando diversas iniciativas de capacitación y refuerzo de sus sistemas, como el desarrollo de centros de operaciones de ciberseguridad liderado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Asimismo, participa activamente en actividades de colaboración internacional.
Precisamente, Panamá será anfitrión de la quinta edición de las Jornadas STIC & Congreso RootedCON, capítulo Panamá, del 21 al 23 de mayo. Este evento, considerado el más importante de ciberseguridad en Iberoamérica, tendrá por segundo año consecutivo como sede la capital panameña. La inscripción es gratuita y abierta a todo público (https://jornadas.ccn-cert.cni.es/es/vjornada-panama-inscripcion). Esta convocatoria representa una oportunidad para reforzar la cooperación regional frente a amenazas comunes que no reconocen fronteras.
El autor es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional de España.
