La verdad es que el colmo del cinismo y la sinvergüenzura en materia de clientelismo y aprovechamiento político de los recursos del Estado lo constituye el reciente hallazgo —y su publicación correspondiente— por parte de la Contraloría General de la República, del escandaloso monto de la planilla de varios diputados del PRD. Entre ellos se destacan Benicio Robinson ($261,225), Jaime Vargas ($164,120), Crispiano Adames ($122,850) y Marcos Enrique Castillero Barahona ($226,282). A manera de ilustración, este último tiene nombradas en la Asamblea a 128 personas, cuyos salarios suman unos $205,507 mensuales, lo que equivale a $2.4 millones anuales.
A raíz de las oportunas investigaciones y auditorías que, con justificada razón, está realizando la Contraloría los días de pago en la Asamblea Nacional, ahora resulta fácil encontrarle explicación a la inusitada presencia —cada quincena— de cientos de personas que no caben en los pasillos del Parlamento, reclamando sus cheques.
Además de ello, ¿qué podemos decir del uso indiscriminado que también se hizo en el gobierno anterior de los fondos de descentralización? Entre otros, figura el exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, según una reciente denuncia presentada. O la insultante aberración de los auxilios económicos del Ifarhu, bajo la administración del señor Bernardo Meneses. Y la fiesta sigue a lo grande, con el espectro de corrupción generalizada extendido en todas las instituciones del país, incluidos los “derechos desproporcionados” concedidos a Panama Ports Company mediante el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, a ciencia y paciencia del excontratista Solís.
No dejemos por fuera la reciente y temeraria iniciativa del presidente Mulino, al pretender “jugarle la pacheca” al fallo de la Corte Suprema, que en 2023 declaró inconstitucional la relación contractual del Estado panameño con Minera Panamá (First Quantum), luego de multitudinarias protestas de casi tres meses, que dejaron cuatro fallecidos (los famosos “cuatro gatos”). Ahora argumenta el señor presidente que no negociaría un “contrato” y que, en su lugar, conformar una “sociedad”, aunque sea con el mismo maleante, cambiaría las cosas.
La realidad se ha convertido en un simulacro bochornoso de aquella moral de la responsabilidad y del deber connatural al político. La total ausencia de justificación del interés público y la flagrante pérdida patrimonial del Estado panameño, por cuenta de estos facinerosos de cuello blanco, en cada uno de estos escándalos de corrupción desenfrenada, está generando una creciente falta de fe y pérdida de confianza del ciudadano común en sus dirigentes políticos. El resultado concomitante es la inevitable pérdida de autoridad y respeto por la clase política.
Una suerte de consenso parece haberse establecido entre los políticos —de viejo y nuevo cuño—, haciendo de la actividad política en nuestras democracias electoreras una mera representación: un espectáculo en el que lo que se dice o se hace carece del respaldo de convicciones. Obedece, más bien, a motivos o designios opuestos a los confesados explícitamente por quienes aspiran a legislar o gobernar… y que, al final, llegan a hacerlo.
Estamos llegando al punto en que los partidos políticos y sus anodinos representantes en la cosa pública, no conformes con ser inútiles, empiezan a tornarse perniciosos. Están convirtiendo a las instituciones del país en patentes o licencias legales para socavar la esperanza de los pueblos, olvidando, de paso, que la paciencia de los pueblos no es infinita.
El autor es escritor y pintor.
