No es un misterio para muchos panameños que el agua potable es un bien cada vez más escaso, ya sea porque, a pesar de estar conectados al sistema, no les llega, no lo hace con suficiente presión o, simplemente, la red no existe. Ni hablar del drenaje de aguas grises: este problema lo reconoce el IDAAN. Y el drenaje pluvial no es la excepción, como lo admite el MOP.
Este problema no es nada nuevo. Por años hemos visto protestas, primero de comunidades remotas y ahora también de sectores del centro de la ciudad, preocupados por la amenaza latente de nuevos proyectos inmobiliarios de alta densidad.
Tan grande es la crisis, que hoy día hasta los representantes de corregimiento y diputados de la ciudad de Panamá están buscando, ya sea prevenir más proyectos o hacer que sus promotores sean legalmente responsables de garantizar la provisión de agua a sus clientes.
Reconocer un problema tan básico y actuar en consecuencia ha sido un reto, tanto para políticos como para empresarios, quienes han preferido mirar hacia otro lado en nombre de la economía y, sobre todo, de la empleomanía.
Tampoco faltan las acusaciones mutuas para evadir la responsabilidad de actualizar y ampliar la oferta y distribución de agua potable, la red de tratamiento de aguas servidas y la gestión del agua de lluvia.
Para lograr esto último, debemos comenzar por proveer más espacio verde y más tierra libre en las ciudades, que absorban el agua y permitan cosecharla para su aprovechamiento doméstico y urbano, reduciendo así el consumo excesivo de agua potable.
También es fundamental conservar los manglares y respetar y ampliar la servidumbre natural de los ríos y costas urbanas, manteniendo sus sinuosidades para evitar desastres como los sufridos en Juan Díaz y Don Bosco o los derrumbes en Samaria.
Sin embargo, hay un elefante en la habitación que seguimos ignorando y que hace difícil cualquier ejercicio de planificación urbana: asegurar la provisión presente y futura de agua potable, el tratamiento de aguas servidas y la gestión del agua de lluvia mediante el megaproyecto más grande que el mismo tren o el metro de Panamá. Me refiero a la reurbanización de la ciudad de Panamá.
Reurbanizar la ciudad implica un proceso largo y paciente de modernización de la red de agua potable (no solo evitar fugas) y sanitaria, además de la actualización del drenaje pluvial, incluyendo la compra de terrenos para garantizar espacios verdes dentro de la trama urbana y para recuperar las servidumbres fluviales y marítimas.
También implicará adaptar nuestra red vial para priorizar al peatón sobre el automóvil, dando preferencia a las aceras por encima de los estacionamientos y nuevos carriles vehiculares, así como al transporte público y medios alternativos. Estas medidas, junto con la expansión de los espacios verdes, reducirán la sensación térmica y el consumo de energía eléctrica y gasolina, además de mejorar la calidad del aire.
Para materializar esta reurbanización, todos tendremos que hacer sacrificios económicos y materiales; es ineludible. Pero estos esfuerzos buscan un bien mayor: nuestro bienestar y una mejor calidad de vida. Más que un sacrificio, es una inversión que asegurará el crecimiento sostenible de la ciudad. Desde el residente, quien verá valorizada su vivienda, hasta el promotor, que enfrentará menos obstáculos para atraer inversión y desarrollar proyectos sin afectar los derechos de terceros. ¿Y la ciudad? Ganaríamos capitalinos más felices y la posibilidad de atraer nuevas y mejores oportunidades.
Necesitamos una alianza público-privada para acelerar este proceso. Los municipios y el gobierno central están en una posición clave para lograrlo. Solo falta voluntad.
¡Para mañana es tarde!
El autor es subdirector de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá.
