Panamá es el quinto país más lluvioso del mundo. Hay más de 500 ríos en 52 cuencas hidrográficas. ¿Cómo explicamos entonces que haya más de 100 mil panameños que por dos semanas no han recibido agua potable en sus grifos?
La emergencia sanitaria y ambiental en Azuero tiene una explicación de fondo: un Estado que por décadas ha fracasado en evitar y castigar la contaminación de los ríos. Y es que durante varios gobiernos las muchas instituciones estatales responsables de proteger las fuentes de agua no han tenido la capacidad o la voluntad para poner la salud de todos por encima de los intereses de algunos.
El presidente José Raúl Mulino dio en el blanco cuando aseguró que “a costa de la salud del pueblo, no se puede seguir produciendo irresponsablemente” , lo que lo llevó a calificar la contaminación de los ríos como un hecho “criminal”.
Estas palabras son una excelente oportunidad para recordar principios básicos de una economía de mercado y un Estado de derecho. Las empresas privadas buscan el lucro, mientras que el Estado debe regular y fiscalizar sus actividades de modo que prevalezca el bien común. Cuando el Estado renuncia a ese rol y se convierte en cómplice de quienes -como en esta ocasión- contaminan los ríos, la sociedad queda expuesta a todo tipo de daños.
Si queremos que esta emergencia no se repita en unos meses (o se replique en otras industrias que requieren de una fiscalización mucho más estricta como la minería a cielo abierto) tenemos que exigir que las instituciones del Estado cumplan con su rol.
En el caso de Azuero ( y de la protección de las fuentes de agua en todo el país) las autoridades deben comenzar por recuperar la confianza ciudadanía haciendo públicas las respuestas a preguntas como estas:
¿Cuánto estamos gastando en botellas de agua y carros cisternas ? ¿Cómo se seleccionó a las empresas que proveen estos servicios? ¿Cuáles son los nombres de las fincas cerradas y de las personas sancionadas por esta contaminación criminal? ¿Qué multas fueron impuestas? ¿Hay sanciones más severas para los reincidentes? ¿Qué medidas correctivas harán estas fincas? ¿Quién supervisará su cumplimiento? ¿El IDAAN dará a conocer los informes de calidad de agua cotidianamente? ¿El Minsa certificará el daño a la salud de los afectados? ¿Cómo se les compensará?
No hay que ser mal pensado para exigir esta información. Basta con estar mediamente informado. Por ejemplo, esta semana el diputado del partido RM Ronald De Gracia, cuya finca ha sido señalada por presunta contaminación de los ríos, utilizó su curul para agradecer públicamente a los ministros de Salud, del MIDA, del Canal, de Vivienda y al director del IDAAN por acompañarlo en una reunión con otros porcinocultores.
Nadie afirma que por cuenta de esa lisonja colectiva, el diputado será exculpado de sus responsabilidades como porcinocultor. No obstante, son este tipo de conflicto de intereses, tan comunes en nuestra fauna política, los que evidencian por qué es tan importante que se le ponga fin a la impunidad.
Y es que el descaro del diputado no es una anécdota más. Es un recordatorio de las lealtades divididas que pueden tener quienes ocupan cargos públicos. ¿Puede el Estado regular efectivamente a las empresas, si los fiscalizadores comparten intereses con los fiscalizados?
En un país con una extendida cultura de opacidad, privilegios y corrupción esa aspiración se torna remota. El agua contaminada de Azuero es un espejo turbio donde se refleja la debilidad institucional del país.
