Una vez más los ríos La Villa y Estibaná son el centro de un desastre ambiental que ha dejado por más de una semana a miles de personas sin agua potable. Tras la detección de materia fecal, agroquímicos y metales pesados en estos afluentes, el IDAAN suspendió las operaciones de dos plantas potabilizadoras mientras el gobierno reparte agua en botellas y cisternas.
Científicos han alertado por años sobre los efectos devastadores de los excrementos, plaguicidas y basura que terminan en estos ríos. Los residentes curtidos por esta tragedia recurrente, susurran los nombres de empresas y personas que incumplen las normas sanitarias y ambientales. Anhelan que esta vez si se derrumben los obstáculos que impiden solucionar el problema de raíz: la falta de conciencia de una parte de la sociedad, la negligencia de las autoridades y la impunidad.
En una visita reciente, el Ministerio de Ambiente identificó 16 focos de contaminación principalmente en fincas agropecuarias y presentó denuncias ante el Ministerio Público. El ministro Navarro aseguró que “todos los responsables enfrentarán cargos penales ante la justicia, sin importar afiliaciones políticas ni influencias”. Y aquí está el punto medular del asunto: ¿Se castigará finalmente a quienes ponen en riesgo la salud de miles de ciudadanos en Azuero?
La pregunta es pertinente pues el gobierno ha mandado señales contradictorias. En su gira por el área el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó tres fincas de porcicultores. El detalle como lo muestra esta foto de Landa S.A., propiedad de la familia del diputado Ronald De Gracia del partido RM, es que se trató de “visitas guiadas” en las que los anfitriones enseñan solo lo que les conviene. Tratándose de una emergencia sanitaria en la que caben investigaciones por daños ambientales, lo apropiado sería hacer auditorías de gestión como lo ordena la ley. ¿Podemos esperar certeza del castigo con tanta cercanía y cordialidad? Solo el tiempo lo dirá.
En lo que si tiene razón el ministro Boyd Galindo es que la contaminación de los ríos es un asunto de vieja data en el que se conjugan muchos factores. El manejo de los desechos en el vertedero, el uso industrial de las tierras al lado de los ríos, la utilización de agroquímicos que envenenan las aguas subterráneas y la nula fiscalización por parte de las autoridades.
Tras el escándalo por el uso del herbicida atrazina en 2014, estudios científicos indagaron sobre las consecuencias en la salud pública de la contaminación. En el agua de los rios se encontró arsénico, plomo, cromo y cadmio, en niveles que superan lo permitido. Los investigadores mostraron su preocupación por la posible relación entre la toxicidad de las fuentes de agua y la alta incidencia de cáncer en las provincias de Herrera y Los Santos.
Por más de un década el Estado ha fallado en la protección de la salud de miles de ciudadanos. Azuero es un espejo en el que se debe mirar todo Panamá: la paradoja de un país rico en agua, en el que sus habitantes no tienen acceso garantizado al recurso más básico para una vida sana.
Si el gobierno quiere recuperar la confianza ciudadana, el desastre en Azuero es una oportunidad para mostrar que en Panamá las leyes se aplican a todos por igual, sin importar apellidos, cargos, partidos o donaciones de campaña. Las promesas de sanciones administrativas, civiles y penales por la contaminación deben convertirse en una realidad.
No se puede seguir permitiendo que los intereses de algunos desborden el cauce de la salud de todos, con total impunidad. A soluciones temporales, crisis recurrentes.
