“Este señor que se presentaba como perseguido político, se le cayó toda la careta. Se fugó del país de asilo y ahora se convierte en un vulgar prófugo internacional”. Así describió la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, al dirigente sindical Saúl Méndez, tras su salida voluntaria de Bolivia con presunto rumbo a Venezuela.
Pero nadie se fuga de un país de asilo. La gente se fuga de la cárcel. La condición de perseguido político la estableció Bolivia, no Panamá. Y en cuanto a “prófugo”, la RAE lo define como quien huye de la justicia. Esa clasificación de “internacional” es un disparate. Méndez no ha sido condenado en ninguna instancia. Tiene una orden de aprehensión de la fiscalía, lo cual puede o no encajar en esa definición. Donde no hay duda es con Ricardo Martinelli: condenado, asilado, y evadiendo la cárcel. Prófugo, sin adornos.
El mensaje de Muñoz fue seguido por otros funcionarios, incluido el canciller Javier Martínez-Acha, quien no dudó en repetir la etiqueta de “prófugo internacional”. Cerró el coro el propio presidente Mulino, en tono de macho alfa: “Si había alguna duda de que yo hago lo que digo que voy a hacer, pregúntenle al que anda huyendo. Que era muy machito al frente, pero míralo por dónde anda”.
Además de dinamitar la poca apariencia de separación de poderes que nos quedaba, el presidente dejó en evidencia la doble vara del gobierno frente a Méndez y Martinelli. Tan notorio fue el contraste que Hilde lo inmortalizó en una caricatura: un panameño confundido se pregunta si el que “era tan machito y anda huyendo” es Ricardo o Saúl. Buena pregunta.
A diferencia de Méndez, Martinelli sí tiene una condena en firme. Se asiló en la embajada de Nicaragua desde febrero de 2024 para evadir la justicia. Ningún funcionario lo llamó “vulgar prófugo”. Ni siquiera “prófugo fino”, tras haber sido recibido por el embajador panameño en Bogotá. Parece que el diccionario del gobierno tiene excepciones... distinguidas.
Rubén Blades criticó que a Méndez se le haya emitido una alerta roja y a Martinelli no. Le faltó mencionar un detalle clave: cuando el expresidente se preparaba para su supuesto viaje a Nicaragua, el director de la Policía sospechosamente anunció que existía una alerta roja y luego reculó. Esa declaración inicial le dio a Martinelli la excusa perfecta para alegar un plan para matarlo y conseguir un mejor país de huida. La amenaza fantasma de la alerta terminó ayudándolo.
La aplicación o no de una alerta roja depende de cada país y cada caso. En Colombia, el estatus de asilado protege a Martinelli. En el caso de Méndez, aunque la alerta está activa, el propio procurador ha admitido que Venezuela rara vez extradita, menos aún a sus aliados ideológicos.
Pero aquí la verdadera alerta es otra: un gobierno que trata con varas distintas casos que tienen algunas similitudes. La agresividad contra Méndez contrasta con la ambigüedad y hasta el silencio cómplice hacia Martinelli.
Esa doble moral no proyecta fortaleza, sino debilidad. Porque el poder no se ejerce para ver quién es el más macho y menos cuando la competencia de bravucones ocurre a costa del Estado de derecho.
