Cuando se habla de salud mental, muchas veces se reduce al concepto de “ausencia de enfermedades mentales”, como la depresión o la ansiedad. No obstante, la salud mental constituye una de las esferas más importantes y determinantes del bienestar general de las personas, y está constantemente expuesta a múltiples factores que afectan su capacidad de adaptación cotidiana.
La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. Este concepto es fundamental, ya que describe acciones que dependen del individuo; sin embargo, en muchas ocasiones las condiciones externas impiden su desarrollo, lo que puede desencadenar problemas de salud mental.
En este sentido, es esencial comprender cómo los factores sociales inciden directamente en la salud mental. Uno de los modelos teóricos que explican esta interacción es el propuesto por George L. Engel en 1977, quien planteó una mirada biopsicosocial para entender las condiciones de salud como resultado de la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. A partir de este modelo, diversos estudios han concluido que el bienestar humano depende en gran medida de sus determinantes sociales, profundamente influenciados por los contextos sociopolíticos y las políticas públicas.
Dado que estas políticas moldean las condiciones de vida, su ausencia genera incertidumbre, desigualdad y riesgos para la salud pública. Esto afecta de forma desproporcionada a grupos vulnerables que ya enfrentan exclusión legal, discriminación y estigmatización.
Una de las poblaciones más invisibilizadas en Panamá es la comunidad LGBTIQ+, vulnerable desde múltiples esferas. Por ejemplo, actualmente no existe una legislación explícita que prohíba la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ni se reconocen los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, lo que impide el acceso a derechos que deberían estar garantizados para toda la ciudadanía.
Además, la evidencia señala que las personas sexualmente diversas enfrentan desafíos específicos que afectan su salud mental. La discriminación y el rechazo social son estresores significativos que pueden derivar en síntomas de depresión, ansiedad, consumo de sustancias e ideaciones suicidas. Estos efectos se agravan en ausencia de políticas públicas enfocadas en la protección, la prevención y la inclusión.
Frente a este panorama, urge desarrollar investigación social sobre poblaciones invisibilizadas, con el fin de generar evidencia que respalde la creación de políticas públicas inclusivas y equitativas. También es indispensable dar voz a quienes no acceden a sus derechos fundamentales y cuya integridad se ve amenazada.
Ignorar el papel del Estado en la salud mental no solo deteriora la calidad de vida, sino que también deshumaniza las necesidades de quienes más lo requieren y refuerza estigmas que continúan causando daño a los más vulnerables.
La salud mental no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho garantizado para todos los panameños.
El autor es psicólogo e investigador principal en Fundación Iguales.
