Durante la transmisión en vivo del pasado jueves, cuando le preguntaron en su rueda de prensa al presidente José Raúl Mulino por el salvoconducto para Ricardo Martinelli, no tuvo el valor de hacer él mismo el anuncio que haría horas después el canciller, Javier Martínez Acha, como si la decisión de concederlo fuera del ministro y no del presidente. Y eso fue infantil, pues sabemos que el salvoconducto lo concede el presidente, quien, además, había prometido ayudar a su “amigo”. Pues ya puede anunciar que una de sus más costosas promesas electorales ha sido cumplida. ¡Bravo!
Mulino, que en el pasado tanto se quejó de la justicia, es el que pondrá en libertad a una persona condenada por robarnos millones de dólares. La ironía es que sea él quien propicie esta burla, ya que se autoproclama como un hombre de leyes, pero, al mismo tiempo, impedirá que el delincuente, además de cumplir su condena, devuelva lo robado.
Eso, señor presidente, es mofarse de la justicia. La próxima vez que quiera quejarse de ésta, recuerde que usted, por propia voluntad, se convirtió en la sartén que ya no puede criticar a la paila. Se convertirá en cómplice de los repugnantes atracos de los que fuimos víctimas cuando ponga a ese delincuente en un avión para que siga gozando del dinero que nos despojó y burlándose de la justicia. Ahora sé, con la absoluta certeza de sus acciones, cuánto valen sus palabras al autodefinirse como hombre de Ley. De hecho, creo que usted se sobrevalora, porque ni es lo que dice ser ni hace lo que debe hacer.
Y esa hipocresía suya ya es referencial. Días atrás fue a Chiriquí a inaugurar un multimillonario y lujoso proyecto de residencias en David. En un largo discurso, Mulino comentó que al llegar a la Presidencia se encontró que la deuda de Panamá era de $53 mil millones, “duplicada en el último quinquenio, y no hay una obra a la vista. Se la fumigaron en política, en planillas y en botellas… no hay una obra”.
Lo que sí estaba a plena vista del presidente en ese acto eran los sonrientes padres del exvicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, seguramente invitados por sus consuegros, que son, a su vez, los felices promotores del proyecto. Entre risas y abrazos, y en presencia de miembros del gobierno, incluido el contralor, Anel Bolo Flores, los nuevos empresarios inmobiliarios reconocieron públicamente que llevaban años acariciando la idea de concretar su proyecto. Y es ahora –justo ahora, y no antes– cuando logran estar listos para empezar, con una inversión inicial de $200 millones.
Ignoro si el presidente sabía de la presencia de esos personajes o de los estrechos lazos que unen las familias de los nuevos empresarios inmobiliarios con los Carrizo, cuyo miembro más notorio –el exvicepresidente– prudentemente brilló por su ausencia en ese acto. Yo asumo que sí sabía, dada la larga amistad que él reconoció tener con los promotores. Pero al inaugurar esta obra, se expuso a suspicacias y, además, justificadas, porque, así como él no ve obras del pasado gobierno –porque se “fumigaron” la plata– nosotros, víctimas de la voraz codicia del gobierno de Gaby Carrizo, tampoco vemos que su Administración haya movido un dedo para llevar ante la justicia a los fracasados y forrados peces gordos de este pillaje sin parangón.
Deduzco que no lo hacen por economía procesal, porque si van a terminar como Martinelli –libre y con licencia para robar– entonces para qué invertir dinero, esfuerzos y neuronas en investigarlos si terminarán con la “bendita” e infame impunidad, ya sea por la compraventa de sentencias o por salvoconductos para un dorado exilio o para que las justicia no los alcance.
Por eso me atrevo a sugerirle –ya que quiere reducir el Estado y valora inaugurar costosas obras inmobiliarias– eliminar todas las fiscalías anticorrupción y crimen organizado, así como los tribunales de primera y segunda instancia. Bastará dejar un par de títeres en la Corte Suprema para que usted o siguientes presidentes no se manchen las manos ni comprometan su imagen con promesas o acuerdos de impunidad, públicos o de recámara. Así no experimentarán el trago amargo de pagar un alto costo político, como sí lo sufrirá –más temprano que tarde– el señor Mulino.
