Cambiemos de actitud y de rumbo. Hoy, los ciudadanos parecemos simples “materias primas” en un sistema que no garantiza paz, bienestar ni dignidad.
La crisis no es solo responsabilidad del presidente José Raúl Mulino. Somos nosotros, los residentes del país, quienes componemos esa materia prima. Apenas un 0.8% de la población —una clase política con genes de saqueo— decide qué se hace. A eso se suma un 10.2% de empresarios que rotan con afinidad al gobierno de turno, aprovechando la globalización para obtener contratos y negociados con jugosas recompensas que deberían destinarse a obras de interés social. Luego está el 49%: una masa laboral estatal, con un 10% de desempleo formal y cerca de 48% de ocupación informal, marcada por escasa cultura cívica, educación débil, ausencia de meritocracia y falta de ética.
Esta burocracia es incapaz de cumplir sus tareas con efectividad y eficiencia. Sus superiores solo piensan en lo propio. No hay docencia, ni supervisión, ni mantenimiento institucional. El “juega vivo” es norma dentro de una desgobernanza estructural, donde el mensaje tácito es claro: no esperes nada; aprovéchate del sistema. Hoy, casi todo servicio público tiene un precio, y se exige incluso cuando es una obligación funcional.
Vivimos una compraventa subliminal en los altos despachos del Estado. Las compras públicas y grandes obras están contaminadas por corrupción: adendas que incrementan los costos hasta en 30%. Genéticamente, el mayor objetivo de quienes aspiran a la Presidencia no es servir, sino acceder al botín. Ignoran que la política, como bien dijo Pepe Mujica, debería ser pasión por ayudar al pueblo.
Panamá podría ser el país ideal para vivir, si logramos sacar del poder a los saqueadores que lo han gobernado por décadas.
Somos una democracia de bajísima intensidad, marcada por desigualdad extrema, pobreza maquillada, educación deficiente, salud ineficaz y una seguridad inflada y discrecional. En un país verdaderamente democrático:
Las elecciones son libres y justas. Aquí, no: están manipuladas por el clientelismo, la compra de votos y el abuso del residuo, sobre todo en el interior del país.
La separación de poderes es simulada. Existen pactos de silencio e intercambio de favores. El poder está dividido, pero sin un verdadero sistema de control.
El Estado de derecho es selectivo. La ley no aplica igual: hay impunidad para quienes tienen poder o dinero, y cárcel para los demás.
La libertad de expresión y de prensa está condicionada por contratos publicitarios. El Estado tiene la última palabra.
La transparencia y la rendición de cuentas no existen: se simulan informes, se inventan justificaciones y se premia la opacidad.
La educación estatal está abandonada: se priorizan las compras de equipos antes que adecuar las escuelas.
La atención en salud es deficiente, a pesar de que representa el 30% del presupuesto de 31 mil millones de dólares para 2025. Existen más de 45 mil funcionarios sin jerarquía ni liderazgo. Los despachos superiores ignoran el diagnóstico real de las 800 instalaciones del Minsa y las 100 de la CSS. La gestión es ineficaz, maquillada y sin base en un conocimiento claro de la historia ni del sentido de la seguridad social.
El bienestar general y la paz social básica no existen. Las estadísticas internacionales nos ubican como un país rico con una distribución de la riqueza deplorable. Hay más de 50 políticos millonarios cuyas fortunas nadie puede justificar con transparencia.
Nuestra doctrina nacional parece guiada por la corrupción, la impunidad y el “juega vivo”. Este sistema funciona bien en el caldo de cultivo de una democracia débil y una cultura cívica erosionada. Según la escuela de Noam Chomsky, se nos manipula: creemos que la gran corrupción es la de los titulares, pero también lo es el acomodo en las sombras, el silencio cómplice y la aceptación de pequeños privilegios.
Lo que vivimos va más allá de la negligencia: hay una fusión entre crimen organizado y corrupción institucional.
Necesitamos cambiar de actitud. Exijamos justicia transparente. Los partidos políticos carecen de ética y de un rumbo coherente para garantizar el bienestar común.
¿Por qué Panamá no es una democracia coherente y ética en la práctica?
Por un fracaso político estructural.
Por la mala distribución de los recursos.
Por desaprovechar una posición geográfica privilegiada.
Porque la democracia existe más en el papel que en la realidad.
Síntomas de esta crisis:
A. Corrupción estructural: clientelismo, nepotismo, impunidad y opacidad institucional.
B. Instituciones cooptadas, sin meritocracia ni capacidad técnica.
C. Desigualdad económica que excluye, especialmente a jóvenes y mujeres.
D. Falta de credibilidad en los procesos electorales y en la clase política.
E. Mal uso de recursos nacionales como el Canal de Panamá.
La vida es un camino, no un destino. Caminemos con respeto, hermandad, solidaridad y amor.
El autor es médico jubilado.El autor es médico jubilado.