Nos hemos desayunado con que tenemos un contralor cuyo apodo podría ser “el busca votos”, ya que la independencia requerida para el desarrollo de ese puesto quedó comprometida, así como la supuesta separación de poderes. Es completamente incomprensible e inaceptable para el ciudadano honesto descubrir cómo un supuesto paladín sucumbió ante las fuerzas del mal. No hay tal cosa como “un poquito embarrado”; ha quedado salpicado con ese “olor a caca” que ha sido parte de las malas prácticas del pasado.
Tiene el tupé de amenazar, al manifestar: “Yo tengo un montón de dossiers y de currículums que me entregaron estos diputados que hoy hablan mal de mí, pidiéndome nombramientos…”. ¿Qué otros expedientes tendrán guardados para manipular su gestión en este mar de incertidumbre, imitando al convicto asilado o rememorando los tiempos del norieguismo?
Es muy difícil entender cómo las acciones contradictorias que defiende podrían considerarse “buenas prácticas”: como auditar las supuestas “botellas” en la Asamblea y luego acudir a los legisladores para influir en que voten por la candidata oficialista, cuyas actuaciones estaban ligadas al prófugo convicto, a políticos de las fuerzas del mal y a una serie de hechos enteramente cuestionables. No tenemos idea de las recompensas ofrecidas para tratar de alcanzar ese objetivo fallido, pero está el dicho: “un billetito de $100 le cae bien a cualquiera”.
Está la interrogante: ¿cuáles serían las posibles fuentes o chorros de dinero que permitirían al establishment acumular considerables sumas para financiar estos actos oscuros, así como los enriquecimientos familiares? Una respuesta obvia podrían ser los mega cashback generados por los nombramientos de cónsules y notarios bajo las malas prácticas del pasado, cuyas designaciones usualmente van ligadas a una “contribución” según los recaudos que genera cada puesto. Estos nombramientos, por lo general, conllevan la responsabilidad de “entregar” sumas de dinero al estamento gubernamental que los haya designado. Dicho de otra forma: fueron nombrados para actuar como “vacas lecheras”.
Es difícil entender cómo esta práctica de antaño permanece intocable y sigue siendo lesiva para los intereses del Estado, ya que ingresos que le corresponderían son desviados a otras fuentes mediante subterfugios que lo permiten. Es un torrente constante de dinero que podría ingresar al erario si estos funcionarios fueran nombrados a sueldo, como ocurre con el resto de los servidores públicos.
Imagino que en la Presidencia, la Contraloría General o en alguna otra entidad deben existir estadísticas sobre la producción real de cada consulado y notaría. Sería la forma más sencilla de negociar las asignaciones a los “bendecidos” y, a la vez, determinar la cuantía del cashback que deben remitir. ¿A quién le corresponde ponerle el cascabel al gato? ¿Será al personaje busca votos? Debemos suponer que alguien está controlando este torrente de efectivo para asegurarse de que los flujos se destinen según las instrucciones del grupo en el poder.
Lo que Panamá le está enseñando al mundo, al continuar con estas malas prácticas, es que contradice lo que pregona internacionalmente y lo que hace domésticamente. Hay ejemplos palpables de “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, donde prevalece la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas. Seguro hay una “rendición de cuentas” interna, solo para asegurarse de que “ladrón no le robe a ladrón”.
También están los casos de “enriquecimiento injustificado”, muy populares entre funcionarios nombrados y electos, cuyas transacciones bancarias pasan desapercibidas, por razones que la banca sabrá. Es increíble cómo las personas expuestas políticamente (PEP) son acogidas olímpicamente por el sistema bancario, sin ser detectadas por los controles internos o por la Unidad de Análisis Financiero. Algo está fuera de rumbo y pasa inadvertido.
Un rumor fuerte circula: autoridades estadounidenses estarían investigando a un empresario y personaje político panameño por delitos relacionados con blanqueo de capitales. Este personaje, al parecer, ha llegado a un “acuerdo” con dichas autoridades y está delatando a múltiples cómplices o beneficiarios de su red de “lavandería”. Esperamos que pronto salgan a relucir los nombres de los involucrados. La pregunta sin respuesta lógica es: ¿cuáles serían las entidades bancarias que tienen como clientes a estos individuos?
Ahora que Panamá ha dejado de ser considerado un país de alto riesgo en materia de blanqueo por la Unión Europea, ¿podremos demostrarlo con acciones contundentes? ¿Por cuánto tiempo nos mantendremos fuera de estas listas? ¿Será que las fuerzas del bien lograrán mantener esa alianza pegada con moco para enderezar el rumbo del país?
Amén. Que así sea.
El autor es ciudadano.
