Quien lea los diarios nacionales con alguna constancia o frecuencia siempre podrá encontrar en ellos escritos referentes a la educación nacional, con señalamientos, en términos generales, sobre la percepción social manifiesta tanto de los bajos niveles de la calidad del servicio como del producto final (egresados); a lo cual agregaría la baja y casi desaparecida cultura de la lectura y el marcado gusto del discente por el aprendizaje y práctica de lo banal y deformante.
Pareciera quedar la triste y lamentable impresión de que el gasto social en educación se diluye a través de miles de intersticios que terminan en la formación de recurso humano lleno de valores invertidos y controvertidos, en detrimento del querer saber y de valores positivos. Aquello es un comportamiento que permea, se instila y ya casi impera en la sociedad panameña desde los años 80 (la década perdida en economía y gobierno) hasta llegar a los niveles intolerables que se sienten y se viven hoy día, a un cuarto de siglo XXI; paradójicamente, con todo un cúmulo de recursos posibles, de toda naturaleza ad hoc al proceso de aprendizaje con que se cuenta en este periodo social.
La educación nacional, como política de Estado, lo es en casi todas las naciones del mundo. En Panamá está manifiesta o concebida en el capítulo 5º constitucional, pero carece de una ley general de educación que la desarrolle de manera coherente, moderna y actualizada. En su defecto, existe un sinnúmero de leyes orgánicas endebles, poco realistas y caducas, todas ellas, que pudieron servir o responder a la necesidad de entonces o en su momento de creación, como lo es la ley n.º 47 de 1946, orgánica de educación, que data de tiempos inmemoriales, al igual que las de las universidades estatales que ya cumplieron sus más caros propósitos.
En escrito anterior me referí a la necesidad de toda sociedad de cambiar, de actualizarse y de ajustar los derroteros hacia futuros prometedores a través de procesos de desarrollo; de lo contrario, más temprano que tarde, se sucumbe. Ya otros lo han dicho y sociedades enteras lo han vivido desde la antigüedad. A modo de ejemplo, pregunto: ¿qué tanto carácter o naturaleza actualizada y vigente pueda tener algo que inició en 1946, a mitad del siglo pasado, es decir, hace casi 80 años? Es bueno recordar aquí que todo tiene, per se, un límite máximo y un tiempo de caducidad. En conclusión, hace falta una ley general de educación y del sistema educativo panameño que sea moderna, actualizada, proactiva y cónsona con un mundo cambiante, que responda a los lineamientos constitucionales y a los más exigentes requerimientos del desarrollo nacional.
Por su parte, la normativa que rige el tercer nivel de educación, o sea, la educación superior, está concebida en el artículo 103 constitucional, de donde surgen normativas específicas que, aunque reformadas algunas, solo lo han sido en la forma, es decir, de manera cosmética, pero en el fondo continúan siendo lo que son y siempre han sido desde su inicio. Y es que estas leyes orgánicas, todas, parecieran responder a una especie de juego de política partidista y al querer o a los intereses de algunos cuantos, y no a los más caros propósitos del servicio, su calidad, el tiempo de formación y la cantidad de egresados acordes con las necesidades de la sociedad nacional, su economía y desarrollo.
Repito y abundo: el mundo ha cambiado y cambia a velocidades vertiginosas; pronto China viajará a 1,000 km/h, la educación y el conocimiento cambian a igual o tal vez a mayor velocidad en cualquier parte del orbe. Entonces, ¿cómo querer mantener en la educación nacional vigente algo intemporal, que no responde y no producirá los resultados que la sociedad de hoy, en 2025, demanda?
Terminaré este primer aparte dejando sobre el escritorio cinco (5) interrogantes básicas:
¿Acaso se continuará formando recurso humano en carreras inventadas que parecieran responder a requerimientos internos de las universidades o a caprichos de administradores de turno; llenas de planes y contenidos extemporáneos, caducos y surrealistas, y otros ya superados en el mundo presente?
¿Acaso se mantendrá sumergido al recurso humano en formación (discente) en la falsa creencia de formación acelerada de licenciaturas de 3.5 y 4 años, en detrimento de conocimientos y calidad; a sabiendas de que el mercado nacional es pequeño y lento en su crecimiento?
¿Acaso, y a modo de ejemplo, un médico, un ingeniero, un arquitecto o un abogado, con los requerimientos y exigencias de formación de calidad y adecuados niveles de conocimiento, podrá formarse, afrontar y responder a un examen profesional final con una licenciatura de cuatro (4) años de duración?
¿Acaso el comportamiento poblacional, el mercado y la economía nacional tienen tal velocidad de cambio y la capacidad de absorción de todos los profesionales que gradúan cada cuatro (4) años las universidades estatales y privadas?
¿Acaso hay claridad y coherencia nacional entre la cantidad y calidad de la oferta académica y formación profesional frente a la demanda del mercado?
La perseverancia es herramienta clave para el éxito...
El autor es abogado y urbanista.
