Recientemente vi que a una autoridad electa le regalaron una gallina. Parecería una tontería o un gesto de buena fe de algún ciudadano. La servidora pública recibió el obsequio. Pero esto supone un problema ético en la función pública. El problema no es únicamente la microcorrupción que se da en nuestras instituciones y que hemos normalizado, como el nepotismo, etc. El problema es la corrupción en general, que le cuesta al Estado miles de millones de dólares. Tampoco se trata de ser santos en espera de un milagro, como diría Chuchú Martínez. El objetivo es volver a la ética pública en dos sentidos: primero, para tener una formación ciudadana; y, segundo, para cumplir con nuestra normativa en función de atenuar la corrupción en general.
Pero volvamos al tema de recibir algún tipo de regalo. En el artículo 35 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, dentro del capítulo de los beneficios prohibidos, está bien claro que: “El servidor público no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas en las siguientes situaciones:”, en particular: “Cuando resultare que no se habrían ofrecido o dado si el destinatario no desempeñara ese cargo o función”.
Otro de nuestros grandes problemas es el abuso de autoridad, que se manifiesta cuando quienes detentan poder público lo ejercen para fines personales, discriminatorios o fuera del marco legal, máxime en un país presidencialista, donde vemos cómo se van imponiendo decisiones personalistas que socavan la confianza ciudadana.
Insistimos en que volver a la ética pública exige dos acciones complementarias: invertir en formación ciudadana y en educación ética de servidores y ciudadanos, para que comprendan por qué estos límites son esenciales y actúen con responsabilidad y espíritu cívico; y, además, fortalecer la enseñanza de la ética en el sistema educativo. Segundo, garantizar el estricto cumplimiento de las normas mediante procedimientos claros, controles efectivos y sanciones proporcionales, de modo que la ley no sea letra muerta, sino un instrumento real para atenuar la corrupción y proteger el interés público.
El autor es docente de la Universidad de Panamá e investigador del SNI-SENACyT.
