El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha puesto la lupa sobre el manejo de $5.3 millones otorgados a organizaciones sindicales, tras detectar presuntas irregularidades en el uso de estos fondos, originalmente destinados a programas de educación y capacitación laboral.
Se trata de una auditoría preliminar sobre el uso de esos recursos en los últimos cinco años, aún en curso, que surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia y fiscalización de los fondos públicos entregados a los gremios. Según fuentes oficiales, el dinero fue distribuido en el marco de programas diseñados para fortalecer la formación sindical; sin embargo, las inconsistencias en los informes de ejecución y la falta de documentación comprobatoria encendieron las alertas.
Las autoridades no descartan que parte del dinero haya sido utilizado para fines distintos a los establecidos, lo que podría derivar en sanciones administrativas y, de comprobarse un uso indebido, incluso en acciones legales.
Los detalles
Cada año, entre $12 y $14 millones provenientes del Seguro Educativo son canalizados a través del Mitradel para financiar programas de educación y capacitación sindical. No obstante, el uso de estos fondos ha encendido las alarmas: primero fue el propio Mitradel quien inició una auditoría, y posteriormente la Contraloría General de la República también anunció una revisión para evaluar su correcta administración.
La auditoría busca determinar si los recursos han sido ejecutados conforme a su propósito original o si se han desviado hacia actividades no justificadas, lo que podría derivar en hallazgos de irregularidades administrativas o financieras.
El pasado 15 de enero, el Ministerio de Trabajo advirtió que la entrega de los fondos destinados a la capacitación sindical estará sujeta a condiciones más estrictas, exigiendo a los sindicatos la presentación oportuna y adecuada de los informes correspondientes.
La auditoría
Posteriormente, la Contraloría anunció la realización de una auditoría para evaluar la correcta administración de los fondos del Seguro Educativo, específicamente aquellos destinados a la “capacitación sindical”, en el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024.
Si se toma en cuenta que, en ese período de 12 años, se han entregado entre $12 y $14 millones anuales para capacitación sindical, la Contraloría deberá auditar el uso de entre $144 millones y $168 millones.
“Como ente fiscalizador, la Contraloría llevará a cabo las diligencias necesarias para recopilar los elementos de juicio que permitan esclarecer los hechos. Para ello, los auditores realizarán entrevistas, designarán peritos y efectuarán las inspecciones que sean necesarias, aplicando las normas, pruebas técnicas y procedimientos de auditoría instituidos por la ley”, señaló la institución en un comunicado.
Los fondos de capacitación son gestionados por el Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). Posteriormente, estos recursos son entregados a los sindicatos para la capacitación de los trabajadores.
Esta no es la primera vez que se anuncia una auditoría sobre el uso de estos fondos. En 2009, cuando la ministra era Alma Cortés, también se llevó a cabo una revisión.
Además, la decisión de auditar los fondos destinados a los sindicatos surge luego de las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien anunció una revisión exhaustiva de los recursos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) recibe de diversas entidades gubernamentales.
Mulino advirtió que la Contraloría no autorizará ningún desembolso a esta ni a ninguna otra organización sindical hasta que concluyan las auditorías. El mandatario fue enfático al rechazar el uso de fondos públicos para lo que calificó como “subvención de la anarquía”, señalando que estos recursos provienen del bolsillo de los panameños y deben ser manejados con transparencia y responsabilidad.
Actualmente, en el Mitradel hay más de 400 organizaciones sindicales registradas. Algunas de las organizaciones que reciben estos fondos son la Central General de Trabajadores de Panamá, la cual forma parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), donde convergen seis centrales sindicales y tres federaciones.
Por otro lado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) es parte de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), lo que implica que los fondos destinados a su capacitación y funcionamiento deben ser gestionados a través de esta última organización.
