El clamor de “justicia y cárcel para los corruptos”, reiterado una y otra vez por sectores políticos y de la sociedad civil, pasó de ser un sueño inalcanzable para convertirse en realidad.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna fue condenado ayer a cinco años de prisión por las juezas de garantías, las diputadas Katleen Levy García, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez, tras determinar que quedaron acreditados los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos.
Moncada Luna no pudo comprobar cómo adquirió dos apartamentos, uno en el PH Ocean Sky y otro en el PH Santorini, ubicados en Coco del Mar y valorados ambos en $1.7 millón; tras percibir cerca de $500 mil de salario durante los cinco años que detentó el cargo.
A la audiencia, que se prolongó durante casi cinco horas, sí acudió esta vez el exmagistrado, quien fue conducido por agentes de la Policía Nacional desde su residencia, luego de que el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses comprobara que su estado de salud le permitía asistir.
El día anterior, Moncada Luna no acudió a la audiencia, pues su defensa presentó un certificado de incapacidad de una clínica privada, fechado el 3 de marzo, aunque ese día no fue atendido por la firmante de documento, la doctora Paulina Rognoni.
FISCAL SUSTENTA
En la audiencia de ayer, el diputado fiscal, Pedro Miguel González, sustentó el acuerdo pactado el 23 de febrero pasado con el entonces magistrado separado, arreglo según el cual Moncada Luna se declararía culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad, y aceptaría pagar una condena de cinco años de prisión.
También aceptaba el decomiso de los dos apartamentos y como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos.
González argumentó que se probó el delito de enriquecimiento injustificado, ya que la adquisición de los apartamentos que le fueron aprehendidos “rebasaron la capacidad económica de la pareja Moncada Luna Carvajal-Fernández”, en referencia a la esposa del sindicado, María del Pilar Fernández.
El diputado fiscal recordó que, según un informe de la Contraloría General de la República, la suma estimada de enriquecimiento injustificado de la pareja Moncada Luna Carvajal-Fernández asciende a 2 millones 94 mil dólares.
“Los bienes adquiridos y el uso de recursos por parte de la pareja Moncada Luna Carvajal-Fernández superó sus capacidades económicas en ese monto”, indicó. Con respecto al delito de falsedad, el fiscal explicó que en la declaración jurada del 29 de diciembre de 2010, luego que fuera nombrado magistrado de la Corte, Moncada Luna solo declaró un reloj Rolex y un vehículo Toyota 4x4.
“No se incorporaron los pasivos que el magistrado tenía a su ingreso a la Corte. Este contaba con pasivos en entidades financieras, ya sea como persona natural o como accionista que rebasaban los 200 mil dólares”, afirmó.
Al mismo tiempo, González se defendió de las críticas de diversos sectores del país por no incluir en el acuerdo los delitos de blanqueos de capitales y corrupción de servidores públicos.
“Hubo gente mal pensada, que en algún momento concibió que este fiscal llegó a algún entendimiento inspirado en acuerdos bajo la mesa; creo que eso quedó disipado con lo que ha ocurrido en las últimas horas”, expresó.
AVALA ACUERDO
Un Moncada Luna cabizbajo y pensativo escuchaba a lo largo de la jornada los argumentos del fiscal. Solo se dirigió a los presentes cuando la jueza principal Katleen Levy García le preguntó si avalaba el acuerdo firmado con el fiscal. Al ser consultado sobre la firma del pacto, Moncada Luna respondió: “correcto, señora jueza”.
La misma respuesta dio cuando se le preguntó si conocía las consecuencias que implicaba la firma de este acuerdo. Cuando se le preguntó si había sido asesorado para la firma del documento, este respondió: “conversé con mi familia, conversé con mi abogado, conversé con mis amigos más íntimos y es por eso que hemos aceptado el acuerdo”.
El abogado Ramiro Jarvis, defensor de Moncada Luna, también se ratificó en el acuerdo, pidió considerar que su cliente cumpliera la pena en su residencia y no descartó futuras acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia por supuestas violaciones en el proceso.
A lo largo de la audiencia estuvo presente Ana Beatriz Bouche, antigua mano derecha y exasistente de Moncada Luna, quien acudió al recinto con tres escoltas y quien en la investigación confirmó la compra de los apartamentos por parte del exmagistrado.
PIDEN LIBERAR CUENTAS DE ‘PIPO’ VIRZY
Al recinto también acudió el abogado José María Castillo, quien en audiencias previas se había presentado como representante legal de Felipe Alejandro Pipo Virzy, a quien le fueron aprehendidas varias cuentas relacionadas con la investigación.
Castillo pidió a las juezas la desaprehensión de dichas cuentas, pertenecientes a Fundación Ricala S.A., Corporación Luxol, Sarelam Corporation S.A., Mediprex Investment S.A., Summer Venture Inc S.A. y Corporación Cubemu. Mientras, Edwin Guardia, abogado de la sociedad Concepto y Espacios, y Manuel Cedeño, abogado de Omega Engineering S.A y PR Solutions S.A., hicieron la misma petición.
Los tres abogados negaban la vinculación de estas cuentas con Moncada Luna.González indicó que, dentro de la teoría del caso, las cuentas de Corporación Luxol, Saleram Corporation y Corporación Cubemu están vinculadas al patrimonio no justificado del magistrado, mientas que las otras no estaban en ese rango.
Incluso, dijo no oponerse a que fueran desaprehendidas, reconociendo la competencia que tienen otras entidades del Estado para adoptar decisiones judiciales al respecto.
JUEZAS DICTAN SENTENCIA
Luego de un extenso receso para deliberar, que se prolongó por más de una hora y media, las juezas anunciaron la condena: cinco años años. Decidieron no acceder a la petición de la defensa de que el imputado cumpliera la pena impuesta en su residencia, al considerar como graves los delitos aceptados.
Tampoco avalaron la solicitud de las partes intervinientes de liberar las cuentas bancarias y señalaron “que le corresponderá a las autoridades competentes determinar lo anterior en atención a lo sustentado por el fiscal”.
El hombre que llegó a ser presidente de la Corte fue recluido ayer mismo en el centro penitenciario El Renacer y se espera que las juezas de garantías remitan los oficios a las autoridades judiciales para la separación oficial de su cargo.
