La comisión del Gobierno y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana) alcanzaron un acuerdo parcial sobre la reforma a la Ley 45, que regula el régimen de pensiones y jubilaciones del sector bananero.
Sin embargo, la huelga indefinida, que incluye cierres de vías en distintos puntos de Bocas del Toro, continúa activa mientras el gremio exige garantías concretas. El acta firmada establece los términos consensuados entre las partes, pero aún requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.
Francisco Smith, secretario general de Sitraibana, explicó que, aunque firmaron el documento presentado por el Ejecutivo, los trabajadores mantendrán la medida de fuerza hasta que el acuerdo se convierta en ley.

Por parte del Gobierno participan los ministros de Comercio, Julio Moltó y la de Trabajo, Jackeline Muñoz.
Esto se da luego que el presidente José Raúl Mulino lanzara este jueves un ultimátum en medio de las negociaciones. Según Mulino, la negativa del sindicato a firmar un acuerdo con la empresa bananera podría desencadenar despidos masivos en los próximos días.
“He instruido a la ministra [Jackeline Muñoz] para que logre un convenio antes de la 1:30 p.m., y si el señor Smith no firma, no habrá ley, y la compañía tendrá que actuar como corresponda”, advirtió el presidente, dejando entrever la posibilidad de una ruptura definitiva en el proceso de diálogo.
El conflicto, que se arrastra desde hace semanas, amenaza con desestabilizar aún más la economía bocatoreña, donde cientos de familias dependen directamente del trabajo en las plantaciones de banano. “Esa intransigencia no es buena”, remató Mulino, apuntando la responsabilidad directamente al liderazgo sindical.
A pesar de haber firmado un acta de reunión, los dirigentes aseguran que no hay motivos para levantar las medidas de presión. “La acción de huelga se mantiene firmemente en las calles”, reiteró el vocero sindical, quien recalcó que, aunque el nuevo proyecto legislativo resulta más favorable que el anterior, no puede haber confianza hasta que la norma esté debidamente aprobada.
Los trabajadores también exigen respeto por parte del presidente de la República, a quien acusan de expresarse de forma ofensiva hacia el movimiento. “Nunca le he faltado el respeto al presidente”, dijo el dirigente, lamentando las declaraciones oficiales recientes.