Este domingo 22 de junio, el distrito de Changuinola amaneció bajo la tensión acumulada en los últimos días, marcada por saqueos, vandalismo y enfrentamientos.
Uno de los incidentes más notorios ocurrió la noche del sábado 21 de junio en el edificio del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que fue saqueado por un grupo de jóvenes que, según testigos, se movilizaban en una montacargas propiedad del propio instituto. Desde allí, cargaron sacos de arroz y otros productos.
Algo similar sucedió con la sede del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en Changuinola, cuyas oficinas fueron vandalizadas.
Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, indicó que la zona próxima a Plaza Changuinola, cerca del aeropuerto, fue la primera en ser atacada, aunque la Policía logró controlar el acceso hasta ese punto. Sin embargo, detalló que hay lugares como Finca 6 y Finca 11 donde las autoridades aún no pueden ingresar.
Según Pimentel, las fuerzas del orden apenas logran abrir las vías, pero una vez se retiran, los manifestantes regresan, bloquean el paso y atacan propiedades públicas y privadas.
También, a una cuadra del cuartel principal de la Policía, comerciantes retuvieron a dos personas sospechosas de participar en los actos vandálicos. “Si eso pasa al lado del cuartel, imagínate en las periferias”, comentó con frustración. Las áreas más alejadas, donde no hay presencia policial, se han convertido en terreno fértil para saqueos y enfrentamientos.
Comerciantes piden armarse
Ante la falta de protección, algunos comerciantes han optado por defenderse por sus propios medios. Aunque no todos están armados, muchos ya contaban con armas de fuego por razones de seguridad.
En el centro de la ciudad, se distribuyeron machetes entre el personal para proteger los negocios. “Me pidieron que gestionara permisos ante las autoridades para portar armas. Hasta ahora, no hay respuesta”, afirmó el dirigente gremial.
Igualmente, la población formal —aquella que no participa en disturbios— ha tenido que auxiliar a los agentes con botellas de agua y alimentos. “No todos los ciudadanos están en esto de los disturbios”, aclaró Pimentel.
“El problema viene de años de abandono. Los políticos permitieron que las tierras se invadieran. Las periferias son ahora zonas rojas, tomadas por maleantes que operan con total impunidad”, apuntó.
A esto hay que agregar que las redes de comunicación están caídas, los teléfonos no funcionan y la información circula a cuentagotas. “La gente está triste, desesperada”, concluye Aris Pimentel. “No es solo la mercancía o los daños materiales. Es la sensación de abandono total, de que nadie puede garantizarte que mañana tu negocio estará en pie o que tu familia estará a salvo. Y eso, para una comunidad como la nuestra, es devastador”, apuntó.
Analizan medidas
Mientras tanto, líderes políticos como la diputada Janine Prado, presidenta de la bancada del Movimiento Vamos, marcaron distancia entre los actos de vandalismo y las protestas pacíficas registradas en la provincia.
“Una cosa es el vandalismo que estamos viendo —protagonizado por miembros de pandillas, según el propio ministro de Seguridad— y otra muy distinta son los manifestantes que incluso han protegido instalaciones como las de la empresa Chiquita”, señaló Prado.
Una cosa es el vandalismo que estamos viendo en Bocas del Toro —protagonizado por miembros de pandillas, según el propio Ministro de Seguridad y otra muy distinta son los manifestantes que incluso han protegido instalaciones como las de la empresa Chiquita.
— janine (@janineprado06) June 22, 2025
Contra los vándalos… https://t.co/xcLlOymo5H
La diputada afirmó que contra los responsables de los saqueos debe aplicarse todo el peso de la ley, incluyendo a políticos, expolíticos o cualquier persona que esté financiando o promoviendo los disturbios. También advirtió sobre los riesgos de una aplicación selectiva de la justicia y cuestionó la suspensión de las comunicaciones en Changuinola. “La legalidad debe ser respetada por todos, ciudadanos y autoridades por igual”, subrayó.
Criticó al Ejecutivo por actuar con arbitrariedad y recordó que quienes rechazaban el Estado de Urgencia en 1988 hoy lo promueven desde el poder.
Como antecedente, mencionó que una medida similar ocurrió bajo la administración de Ricardo Martinelli, en 2012, cuando la entonces directora de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, ordenó el corte de comunicaciones en Veraguas sin que se hubiese declarado un estado de urgencia. Prado expresó su solidaridad con los bocatoreños que, dijo, sobreviven entre el abandono, el miedo y la incertidumbre.
