En la madrugada, la Calle G del barrio El Cangrejo suele estar en silencio, con escaso tránsito y apenas alguna luz proveniente de faroles y ventanas residenciales. Es en ese entorno tranquilo donde Saúl Méndez, amparado por la oscuridad y el sigilo de la noche, saltó la cerca de la embajada de Bolivia para solicitar refugio político.
Méndez, de 55 años y secretario general del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) desde el 2010, tocó la puerta de la sede diplomática a las 2:30 a.m. y entregó una nota en la que solicitó asilo político.
Así lo comunicó Carlos Javier Suárez Cornejo, encargado de Negocios de la embajada, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Por ahora, el Estado boliviano, que tiene como presidente a Luis Arce Catacora, le dio protección temporal. Será el Consejo Nacional de Refugiados de ese país el que evalúe y decida sobre la solicitud.
Arce es miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), una organización política de orientación socialista, indígena y de izquierda, ideológicamente cercana a Méndez.
Los golpes
La noticia se conoció la mañana del miércoles 21 de mayo y supuso un nuevo golpe en medio de la presión que enfrenta el sindicato en estos tiempos. Un día antes, se reportó el allanamiento de las oficinas del Suntracs en la provincia de Chiriquí. Por la tarde, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) el cierre de la cooperativa del sindicato, alegando posibles delitos financieros como blanqueo de capitales y malversación de fondos.
El viernes pasado, Jaime Caballero, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, fue detenido provisionalmente mientras se le investiga por presunto lavado de dinero. Según la fiscalía, habría recibido, transferido y utilizado fondos de origen ilícito, facilitados mediante cheques y transferencias autorizadas por otros directivos del sindicato, quienes habrían usado sus cargos para beneficiarse económicamente.
Ya en la tarde del miércoles, cerca de las 3:45 p.m., fuerzas de seguridad como la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial allanaron la sede principal del Suntracs en Calle T, Nuevo Veranillo, San Miguelito, considerado el cuartel del sindicato.
Testigos observaron que, minutos antes de la llegada de los agentes, un grupo de personas cargaba cajas rotuladas como “Archivos” en una camioneta Toyota Hilux. Simultáneamente, también se ejecutaba un operativo similar en la sede del sindicato ubicada en Avenida Perú.
Las diligencias judiciales ocurrieron poco después de que se confirmara una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada contra Méndez y Genaro López, exsecretario general del Suntracs, por el delito de estafa agravada. También busca a Erasmo Cerrud, secretario de defensa de la agrupación.
El paradero de López es incierto: algunas versiones lo ubican en Chiriquí, otras en Panamá Este.
‘Persecución política’
Para los dirigentes del sindicato, lo que está ocurriendo “es una clara persecución política”. En conferencia de prensa, varios voceros advirtieron que la vida de Méndez “corría peligro” y por eso se refugió en la embajada de Bolivia.
Yamir Córdoba, secretario de Organización del Suntracs, acusó al gobierno de José Raúl Mulino de llevar a cabo una ofensiva contra el sindicato con el objetivo de desarticularlo.
El Suntracs mantiene desde el pasado 28 de abril una huelga indefinida en el sector construcción. Alineado con gremios docentes y otras organizaciones, exige la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones; rechaza un acuerdo de seguridad con Estados Unidos argumentado que lesiona la soberanía, y se opone tanto a la minería como a la construcción de un embalse en Río Indio, destinado a abastecer de agua al Canal de Panamá.
Desde China, el economista Richard Morales, quien compartió militancia con varios dirigentes del Suntracs en el Frente Amplio por la Democracia (FAD), expresó su respaldo al sindicato ante los recientes acontecimientos. “Toda mi solidaridad con el SUNTRACS. El gobierno podrá inventar acusaciones contra el sindicato, arrestar a sus dirigentes, reprimirlos, y seguirán protestando, como también seguirá protestando todo Panamá. Si creen que esto acaba, se engañan. Apenas comienza”, publicó en su cuenta de X.
Morales fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Maribel Gordón, quien aspiró sin éxito a la Presidencia de la República en mayo de 2024 por libre postulación, impulsada por sectores de la izquierda panameña.
Desde el Ejecutivo
El presidente Mulino ha calificado al sindicato como una “mafia” y, en su conferencia de prensa del pasado jueves, advirtió que su administración ejercerá el poder “para llevarlos a su mínima expresión”. Ese mismo día acusó tanto al Suntracs como a figuras políticas, como el diputado perredista Crispiano Adames, de buscar desestabilizar al país.
Mulino también se refirió a la situación en Bocas del Toro, provincia que permanece aislada tras más de 20 días de bloqueos en sus principales vías. En esos cierres participan el sindicato bananero, docentes y miembros del Suntracs, quienes exigen la derogación de la Ley 462 y mejoras laborales en el marco de la Ley 45.
El canciller Javier Martínez Acha, por su parte, negó que exista una persecución contra el Suntracs. Sobre la orden de aprehensión contra Méndez y López, aseguró no contar con información detallada. “Sé que hay investigaciones por actividades ilícitas relacionadas con protestas que violaron la Constitución y el derecho a la libre circulación, pero no tengo conocimiento de nombres propios”, puntualizó.
La historia
El sindicato nació en 1972 durante la dictadura militar y operó clandestinamente en sus inicios. Bajo el régimen autoritario de los 70–80, sus miembros sufrieron represión directa. En 1986 el obrero Sixto “Yito” Barrantes, miembro del Suntracs, fue asesinado por fuerzas paramilitares del régimen.
A pesar de estos riesgos extremos, no hay registro de que los fundadores o dirigentes de entonces pidieran asilo político; la respuesta fue organizarse en la clandestinidad y seguir luchando internamente.
No obstante, el presidente Mulino y otros actores de la sociedad los señalan de violentos.
Por ahora, mientras avanzan las investigaciones y los procesos legales, la decisión sobre la solicitud de Méndez está en manos de las instancias diplomáticas. El conflicto sigue sin una resolución clara. ¿Terminarán las protestas?
