Becas del Ifarhu: manejo político, secretismo y tráfico de influencias

Becas del Ifarhu: manejo político, secretismo y tráfico de influencias


María Alejandra Panay Marín, hija del secretario general de la Asamblea Nacional (AN) y exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Quibián Panay, es otra de las beneficiadas con “auxilios económicos” otorgados por el Instituto de Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), entidad bajo la dirección de Bernardo Nando Meneses, exsecretario del Frente de la Juventud del PRD.

Que se sepa, hasta ahora Meneses le ha dado dos ayudas a la hija del secretario de la Asamblea que en total suman $81 mil 730. La primera fue de $59 mil 230, que refrendó la Contraloría General de la República en octubre de 2021. La segunda alcanzó los $22 mil 500 y recibió el visto del contralor Gerardo Solís, en febrero de 2022.

De asistente de Meneses a Inglaterra

Según su página de LinkedIn, una red social de recursos humanos cuyos datos son públicos, Panay Marín cursa una maestría en gerencia de proyectos desde enero de 2022 en De Montfort University, en Leicester, Inglaterra.

Antes de marcharse a cursar su maestría, según su propio perfil, Panay Marín laboró en el Ifarhu, específicamente en el despacho de Meneses, que ya entonces era el director. Según el sitio web del Ifarhu, fungía como “asistente ejecutivo del director general”. Estuvo en ese cargo por dos años y medio, desde julio de 2019, cuando el gobierno de Laurentino Cortizo (y por ende el PRD) asumió el poder.

Panay Marín también parece estar activa en la política de su partido, pues en varias de sus publicaciones en redes sociales se le observa al lado de su padre, luciendo gorras y camisas del PRD y acompañándolo en giras políticas. En sus redes, ella se describe como “torrijista”.

Al ser consultado sobre los auxilios económicos que el Ifarhu otorgó a su hija, Panay aseguró a La Prensa lo siguiente: “la gestión y consecución de ese trámite es mérito de ella como joven profesional panameña”.

Este medio también llamó y contactó vía chat a Meneses, pero al cierre de esta edición no había respondido.

La tormenta

El Ifarhu y la gestión de Meneses volvieron al centro del debate debido a la discrecionalidad en la distribución de los “auxilios económicos” y el manejo político y secretismo en el otorgamiento de becas.

El pasado miércoles, el sitio digital Foco Panamá reveló que el Ifarhu otorgó un auxilio económico de $61 mil a Paola Testa Rodríguez, hija de la diputada perredista Zulay Rodríguez. Tanto Meneses como la propia diputada aseguran que el auxilio fue entregado a Testa con base a sus competencias académicas y deportivas, pues aclaran que se trata de fondos para completar el pago de una carrera universitaria que tiene un complemento deportivo en una universidad en Estados Unidos.

Rodríguez incluso publicó varios mensajes en Twitter, en donde intenta justificar el beneficio. Aseguró que su hija es “seleccionada nacional de tenis” y añadió que desde niña ha participado en los torneos de la International Tennis Federation.

“Yo hubiese querido poder cubrir el 100% [del costo de la universidad], pero lamentablemente no se pudo y quedaba un remanente... No puedo darles una cifra exacta, pero estamos hablando de cientos de miles de dólares”, publicó.

“Para que estén claros, ni sumando mi salario neto por 5 años podía haber cubierto la totalidad y ustedes saben que millonaria no soy”, agregó. Rodríguez devenga un salario de $7 mil mensuales en la Asamblea como diputado, sin sumar lo que percibe como presidenta de una comisión permanente de trabajo. Su esposo es Álvaro Testa, un práctico del Canal de Panamá que devenga un salario base de $18 mil 305 al mes (monto que en ocasiones puede ser duplicado, si se suman las horas extra de servicio).

Por su parte, el Ifarhu emitió un comunicado sobre el tema, en el que insta a la ciudadanía a “leer la historia completa” antes de “juzgar y señalar”. En ese documento, Meneses justificó el “auxilio económico” a favor de la hija de la diputada.

Explicó que la solicitud llegó al Ifarhu luego de que Testa Rodríguez se ganara una beca parcial para estudiar en Estados Unidos. Añadió que la misma se revisó y que se le entregó el auxilio “por su rendimiento académico y deportivo”.

En reiteradas ocasiones, Meneses ha asegurado que todas las ayudas del Ifarhu se entregan por concurso y siempre ha negado que su institución entregue becas con criterio político.

Para el 2023, año preelectoral, el Ifarhu contaría con un presupuesto de $420.5 millones. En el 2022, se le asignó un presupuesto de $392.7 millones.

Reclamos de transparencia

En reiteradas ocasiones, Meneses se ha negado a divulgar quiénes son los beneficiarios de las becas y auxilios económicos que entrega el Ifarhu.

Este medio solicitó esa información en base a la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002). Meneses negó la información requerida, razón por la que La Prensa entonces presentó un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia, pero ese órgano rechazó el recurso alegando la ley de protección de datos personales.

El diputado independiente Gabriel Silva también solicitó la lista de los becados. Específicamente, quiso saber quiénes habían recibidos becas por más de $25 mil. Primero, Meneses aseguró que Silva tiene la potestad de ir a la institución y revisar la información. Silva confió en la palabra del director y fue a sus oficinas, pero salió con las manos vacías, pues aseguró que el personal del Ifarhu le presentó un documento que solo contenía una larga lista de nombres, sin número de cédula, monto o centro de estudio al que acude cada becado, entre otros detalles.

Requisitos

Según el reglamento del Ifarhu, en su artículo 69, “los auxilios educativos serán otorgados a funcionarios públicos y docentes universitarios que asistan a programas de educación continua. También podrán acceder a estos auxilios económicos los funcionarios del Ifarhu, los estudiantes panameños que requieran un complemento al financiamiento de sus estudios superiores en universidades del país o extranjeras y los estudiantes de escasos recursos de universidades oficiales”.

La norma destaca que “para la evaluación y el otorgamiento de este beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica o académica”.

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