En un país que asiste, desconcertado, al cierre total en Bocas del Toro, a protestas en Darién, a una prolongada huelga docente y a la presión sindical por la derogación de la Ley 462, distintas voces advierten que la crisis no admite soluciones simplistas ni salidas unilaterales.
¿Cuál es la puerta de salida a esta crisis? Algunos, como el sociólogo Danilo Toro, afirman que Panamá atraviesa un “impasse”, un callejón sin salida que amenaza con agravarse si los actores políticos no toman conciencia de su propia responsabilidad en el deterioro social.
“Yo parto de un principio sagrado para mí: yo no doy soluciones, yo no dicto qué debe hacer alguien”, subraya Toro. Desde su perspectiva académica y su experiencia como analista, prefiere describir el cuadro actual y advertir sobre los riesgos que se ciernen sobre el país.
En su diagnóstico, Toro es categórico: “Hoy día estamos, a mi criterio, en lo que yo catalogo de impasse. Es un impasse, es un callejón sin salida. Es una situación de la que uno no ve salida alguna, al menos que sea por el mismo lugar por el que se entró al callejón”. Esa vía de entrada, en su análisis, ha sido la renuncia de los actores políticos (gobierno, asamblea y partidos) a sentarse a negociar con seriedad.
“No se va a salir”, sostiene Toro, “porque el problema es que nadie quiere devolverse”. En otras palabras, la solución pasa por retroceder al punto de origen y abrir un espacio real de negociación política: “Todos los casos de crisis que he revisado terminaron saliendo por la vía del acuerdo”, enfatiza.
Para Toro, el principal obstáculo es la fragmentación política: “El Ejecutivo no tiene partido”, explica. “El gran problema es que hay un fraccionamiento enorme”. Eso, en su opinión, impide construir legitimidad y gobernabilidad: “Ganaste con un porcentaje que te da el triunfo legal, pero no la legitimidad política. Un tercio de los votos no te da estabilidad gubernamental”, recuerda.
El presidente José Raúl Mulino, al igual que otros que le han antecedido, enfrenta, según Toro, condiciones políticas nuevas que no había previsto. “Mulino apostó a tener un gobierno a su imagen y semejanza y no le está funcionando”, señala. “Esto le está ocurriendo al principio de su mandato, lo que obliga a enfrentar nuevas condiciones nunca pensadas por él”, añadió.
Aunque rehúye dictar recetas, Toro sí advierte de los riesgos si el Ejecutivo y otros actores no reconocen la gravedad de la situación. “El primer riesgo es que la gente no va a tener la tolerancia de esperar a las próximas elecciones”, alerta. La paciencia social está, según él, al límite. A ello se suman otros peligros: el estancamiento económico y el desajuste político que podría arrastrar al país a una inestabilidad prolongada.
Mandar vs gobernar
Mientras tanto, la politóloga Sabrina Bacal apuesta por una solución política dentro del marco de la democracia. En su espacio editorial Sabrina Sin Censura, que se publica en La Prensa, advirtió que la crisis no pasa por una respuesta gubernamental defensiva “llena de imposiciones”.
Afirma que la responsabilidad de buscar salida a esta crisis recae en la máxima autoridad del país: el presidente Mulino. “El problema es que el mandatario sigue empeñado en demostrar quién manda, y no ha comprendido que el pueblo lo escogió para gobernar”, aseguró.
Enseguida habló de las diferencias entre mandar y gobernar. Mandar: ordenar al súbdito o imponer un criterio, “significados más cercanos a un régimen autoritario”. Gobernar: dirigir un país o guiar, “lo que en democracia implica el respeto al estado de derecho y al disenso”.
Productores claman por una solución
Mientras la crisis recrudece, productores y pequeños empresarios de la provincia claman por una solución. Visitaron la Presidencia de la República el pasado martes para exponer el crítico escenario que viven por estos días.
Le pidieron a Francisco Smith, dirigente del Sindicato de Trabajadores Bananeros (Sitraibana), y al sindicato en general, que atiendan las negociaciones que les ponga el Gobierno sobre la mesa, porque solo existe una vía de acceso en la provincia.
“Le solicitamos al sindicato que considere la situación humanitaria y el impacto que tiene el cierre prolongado de las vías”, dijo Adonay Quesada, de la Cooperativa de Productores de Plátano del Cordón Fronterizo, quien informó que su cooperativa ha perdido hasta 3 millones de dólares.
Su colega José González fue otro de los que advirtió sobre la pérdida de cosechas y pidió la intervención del Gobierno, “con respeto a la Constitución”, para lograr la reapertura de las carreteras.
En tanto, José Antonio De la Lastra, de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Atlántico (Cobana R.L.), narró que solicitaron al presidente Mulino una “fórmula que permita que todo se restablezca” mediante el diálogo, evitando cualquier uso de la fuerza en el sector.
Una economía golpeada
La crisis en Bocas del Toro impacta a toda la estructura económica provincial, cuyo pilar histórico ha sido la industria bananera. Chiquita Panamá opera unas 5,000 hectáreas de cultivo en Changuinola, lo que genera alrededor de 6,000 empleos directos. Sin embargo, la huelga indefinida y el cierre de carreteras han paralizado las operaciones lo que ha provocado pérdidas que superan los 75 millones de dólares, además del despido de más de 5,000 trabajadores.
Otros sectores productivos también están en jaque. La cooperativa Cooproboc R.L., dedicada al cultivo de plátano, reporta pérdidas semanales de 50,000 dólares y dificultades para cumplir con pedidos nacionales, según datos de la Presidencia. A esto se suma el golpe al turismo en el archipiélago, que ha visto cancelaciones masivas y afectaciones a pequeños hoteles, restaurantes y operadores turísticos.
En una provincia donde el 44.1% de la población enfrenta pobreza multidimensional, y corregimientos como Changuinola y Bajo Cedro superan el 90% de pobreza, la situación se torna insostenible. La crisis amenaza con convertirse en una bomba de tiempo social y económica, mientras se espera que se liberen las carreteras y se recupere la actividad productiva.
