Cada gobierno que llega al poder promete lo mismo: modernizar la Ley de Carrera Administrativa. Y, uno tras otro, los intentos se han quedado a medio camino, atrapados entre intereses políticos y resistencias burocráticas. No obstante, el Ejecutivo volvió a sacudir el tablero con la presentación de un nuevo proyecto que busca reformar de raíz el servicio civil.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que reforma la carrera administrativa, subrayando que su objetivo es “fortalecer el servicio civil basado en la transparencia, la eficiencia y el mérito”.
La iniciativa surgió tras una serie de encuentros multisectoriales impulsados por el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, en los que participaron representantes de sindicatos, gremios empresariales, universidades, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
¡Cumplimos! ✅ Ya fue presentado el proyecto de Ley de Carrera Administrativa, un aporte significativo y una transformación real en la administración del recurso humano.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) September 18, 2025
Aquí te contamos cómo fue el proceso de nuestras mesas de trabajo y lo consensuado. pic.twitter.com/7T8QripjcL
Las seis mesas de trabajo convocadas permitieron identificar los principales desafíos de la Ley 9 de 1994 y plantear propuestas de cambio, en línea con lo que establece el artículo 302 de la Constitución. Este artículo define los derechos y deberes de los servidores públicos, así como los principios que deben regir su nombramiento, ascenso, traslado o destitución.
El diagnóstico
Uno de los puntos centrales del diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2023 fue la debilidad institucional del sistema actual. El estudio alertó sobre la excesiva discrecionalidad en los nombramientos, la escasa aplicación del mérito como criterio de ingreso y la falta de concursos públicos efectivos.
Según los datos, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260,000) se encuentra en el estatus de Carrera Administrativa, lo que limita la realización de evaluaciones. Con la nueva reforma que se propone, estos serán incorporados con transparencia para asegurar calidad y resultados al servicio de la ciudadanía.
El diagnóstico también revela que el 87% de los servidores públicos en puestos de carrera no tiene el estatus correspondiente, por lo que se cuenta con el consenso de los grupos de trabajadores organizados para corregir esta situación.
El proyecto de ley, cuenta con el consenso de los grupos de trabajadores organizados, además la iniciativa fortalecerá la Carrera Administrativa al aplicar los principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia, con lo cual contribuye al desarrollo institucional. pic.twitter.com/oYdrNGC3m2
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 17, 2025
La planilla del Estado panameño, integrada por unos 260,000 funcionarios, representa uno de los mayores compromisos fiscales del país. Según cifras oficiales, el gasto mensual en salarios ronda los 430 millones de dólares, lo que equivale a más de 5,000 millones de dólares anuales destinados únicamente al pago de sueldos brutos. Estos montos reflejan la magnitud del aparato público.
Los concursos
Ante esta situación, el proyecto de ley coloca al concurso público como pilar fundamental para el ingreso y la movilidad dentro del servicio civil. La propuesta también incluye mecanismos modernos de evaluación de desempeño y busca garantizar igualdad de oportunidades y transparencia en todos los procesos de personal.
Orillac explicó que la reforma se alinea con el Plan de Gobierno 2024-2029, que prioriza la profesionalización de la función pública y la reducción de la discrecionalidad política en la toma de decisiones. El plan contempla, además, la creación de un Instituto Nacional de Administración Pública, con autonomía y capacidad técnica, que asumiría la rectoría integral del sistema de gestión de recursos humanos del Estado.
En paralelo, se crea el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño (SIRHE), una plataforma tecnológica que centralizará los procesos de personal en el sector público. Desde el reclutamiento hasta las evaluaciones de desempeño, pasando por concursos, expedientes digitales y reportes automatizados, el SIRHE busca garantizar trazabilidad, transparencia y seguridad de la información.
El proyecto también regula el ingreso a la carrera. Los funcionarios deberán someterse a concursos regulares de antecedentes, exámenes de oposición, pruebas psicotécnicas y entrevistas registradas. De esta forma, se busca cerrar los espacios de discrecionalidad y fortalecer el principio de meritocracia en la función pública.
En cuanto a los cargos de libre nombramiento y remoción, se delimita claramente su alcance. Estos puestos —destinados a tareas de asesoría, asistencia o confianza— quedan fuera de la nómina regular y dependerán de la relación de confianza con la autoridad nominadora.
Evaluación de desempeño
Otro eje relevante es la evaluación del desempeño. El nuevo sistema prevé evaluaciones anuales obligatorias y extraordinarias cuando los resultados sean deficientes. Los criterios estarán basados en metas, calidad de los resultados y capacidad de resolución de problemas, lo que busca elevar los estándares de gestión en la administración pública.
El exdirector de la Carrera Administrativa, David Montenegro, advierte que la profesionalización del servicio público en Panamá no se logrará únicamente con concursos de ingreso. Aunque reconoce que la convocatoria abierta y transparente es “vital”, subraya que sectores como salud, educación y seguridad muestran que, pese a los concursos, persisten las quejas ciudadanas por la calidad del servicio.
Para Montenegro, el problema radica en la ausencia de evaluaciones efectivas de desempeño y en la falta de una ley general de sueldos que garantice equidad salarial conforme con la normativa vigente.
Montenegro también cuestiona que apenas el 5% de los funcionarios del Estado pertenezca formalmente a la Carrera Administrativa, lo que refleja un incumplimiento sistemático de la ley. A su juicio, la suspensión reiterada de la norma obedece a la necesidad de los gobiernos de turno de atender “apetitos políticos” a través de nombramientos discrecionales.
