La Contraloría General de la República anunció que refrendará las compras destinadas al funcionamiento de las cafeterías y la adquisición de papel para diplomas en la Universidad de Panamá (UP), ante el reinicio de las clases presenciales.
El contralor general, Anel Flores, señaló que esta decisión responde al compromiso de asegurar el uso oportuno, eficiente y transparente de los recursos públicos, especialmente en sectores clave como la educación superior.
“La válvula de refrendo se abre en la medida en que se cumpla con lo que establece la ley. La Universidad de Panamá debe ser un ejemplo nacional de integridad, prestigio y responsabilidad institucional”, afirmó.
Recientemente, una resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá.
Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos de hasta 50 mil dólares. Esto implica que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría.
Los estudiantes
Además, Flores instó a las autoridades universitarias a rendir cuentas sobre diversos temas que generan preocupación en la ciudadanía. Entre ellos mencionó el deterioro de la infraestructura, el presunto uso indebido de bienes estatales para fines ajenos a la educación y la existencia de estructuras clientelares que influyen en la administración del presupuesto universitario.
La Contraloría también reveló que está a la espera de una lista oficial de estudiantes con más de una década de estar inscritos sin haber obtenido un título. Según la entidad, algunos de ellos continúan matriculando materias únicamente para permanecer dentro del sistema y aprovechar recursos que deberían destinarse a quienes aspiran a graduarse y contribuir profesionalmente al país.
Recientemente, el contralor reveló a La Prensa que han detectado datos preocupantes. “Hay 96,000 estudiantes y hemos constatado que hay más de 20,000 que tienen más de 15 años de ser estudiantes. Gente de 50 y 60 años de edad que jamás se ha graduado de nada”, señaló. A su juicio, esas personas no califican como estudiantes reales: “Esos no son estudiantes, esos son facinerosos”.
Además, Flores se ha referido a los “clanes familiares” dentro de la universidad. “La universidad se ha convertido en una finca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, sentenció.
También mencionó que están en curso auditorías que podrían develar irregularidades en el uso de fondos públicos.
“Creo que las cosas más interesantes van a salir del Centro Regional de San Miguelito”, advirtió. Según dijo, ese proyecto pasó de costar unos $50 millones a más de $90 millones, sin justificación clara.
La Contraloría mantiene auditorías y revisiones en distintas entidades del Estado, incluida la Universidad de Panamá, como parte de su función de fiscalización.
Por su parte, el rector de la Universidad de Panamá ha manifestado que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría.
